La empresa de oro Epcoro va rumbo al cierre y la metalúrgica de Karachipampa entrará en reestructuración

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz avanza en el cierre y evaluación de las empresas públicas que registran pérdidas sistemáticas y representan una carga financiera para el Estado.

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La Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) será liquidada, mientras que la Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK) ingresará a un proceso de reestructuración, confirmó el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.

«Vamos al récord Guinness: Bolivia es el único país que ha quebrado una empresa de intermediación de oro. Los anteriores administradores entendieron mal la fórmula, pues compraron caro y vendieron barato; en todo caso, representa un daño económico enorme», aseveró en referencia a la firma estatal.

La empresa fue creada en marzo de 2024, durante la gestión del expresidente Luis Arce, con un capital inicial superior a los Bs 102 millones. Su giro principal abarcaba la producción y comercialización del metal precioso en toda la cadena minera con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales.

La semana pasada, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, anunció el cierre definitivo de Epcoro tras detectarse pérdidas económicas que superan los Bs 400 millones.

«Esa institución tiene que ser cerrada, pero debemos hacerlo de manera ordenada, sin actuar precipitadamente. Se requiere una auditoría —que está prácticamente en su fase final— cuya recomendación determine precisamente el cierre y la liquidación de la entidad», sostuvo el titular de la cartera ministerial.

Asimismo, Camacho adelantó que la Empresa Metalúrgica Karachipampa, situada en el departamento de Potosí y dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), será sometida a un plan integral de reestructuración, aunque no ofreció mayores detalles sobre el alcance específico de esta medida.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz avanza en el cierre y evaluación de las empresas públicas que registran pérdidas sistemáticas y representan una carga financiera para el Estado.

Alcaldías exigen sumarse al debate del «50-50», liberación del pago de un bono y decreto para concluir obras

Los alcaldes se reunieron en la ciudad de La Paz y lograron unificar sus posiciones y demandas al gobierno sobre la propuesta 50-50

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Los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto se sumaron al debate sobre la distribución «50-50» y exigieron al Gobierno central ser incorporados en las negociaciones con las gobernaciones, quedar exentos del pago del bono a la discapacidad y de la financiación de la seguridad ciudadana, además de solicitar la aprobación de un decreto que garantice la conclusión de las obras municipales.

Las autoridades ediles se reunieron en la ciudad de La Paz y, al término del encuentro, acordaron actuar en bloque e integrar a los municipios intermedios y rurales, al considerar que todas las regiones comparten las mismas dificultades económicas y requieren soluciones estructurales mediante una nueva distribución de los recursos de coparticipación.

Los alcaldes de La Paz, César Dockweiler; de Santa Cruz, Manuel Saavedra, y de Sucre, Fátima Tardio, detallaron los pilares del acuerdo. Una de las prioridades de los gobiernos municipales es ser incluidos en la redacción de la Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales que debaten el Ejecutivo nacional y los gobiernos departamentales.

La administración del presidente Rodrigo Paz y los gobernadores avanzan en una propuesta normativa que, hasta el momento, contempla la asignación del 1% de los recursos nacionales —equivalente a más de Bs 500 millones— en favor de las gobernaciones. Las munícipes rechazaron quedar al margen de estos acuerdos y plantearon incrementar su propia cuota de participación tributaria.

Entre las demandas del sector edil figura la liberación del pago del bono para personas con discapacidad y de los aportes destinados al equipamiento de la seguridad ciudadana. Asimismo, solicitaron la promulgación de una norma ejecutiva que destrabe la finalización de proyectos de infraestructura en desarrollo.

«Este 13 de noviembre estaremos a la espera de la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de las obras civiles y la prestación de servicios. Es una medida urgente y vital que garantizará los proyectos en ejecución, su conclusión y dará las salvedades necesarias para el funcionamiento de todos los municipios del país», afirmó Tardio.

Los alcaldes pactaron volver a reunirse la próxima semana para evaluar la respuesta del Gobierno central y los avances logrados tras las deliberaciones de este lunes.

Dockweiler expuso en el encuentro la propuesta de La Paz para un tratamiento equilibrado del 50-50.

“Nuestra propuesta sugiere que lleguemos al año 2030 en cuatro etapas a que los gobiernos municipales reciban de ese 50%, 36%, que los gobiernos departamentales tengan el 6.7% y que las universidades lleguen a alcanzar un 7.3%, lo cual sería una distribución del 50% que da el otro 50% en manos del gobierno nacional o gobierno central”, sostuvo en conferencia de prensa el alcalde de La Paz.