Estados Unidos publicó este jueves una nueva lista de 15 actuales y exautoridades relacionadas con el narcotráfico y la corrupción
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Sobre la lista de personas vetadas por Estados Unidos debido a presuntas vinculaciones con el narcotráfico y la corrupción, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz reveló que varias de las actuales y exautoridades señaladas por Washington ya son investigadas en Bolivia, y reivindicó la soberanía en la aplicación de la justicia nacional en estos casos.
«Si bien hay esas coincidencias, es en nuestro país donde se decide soberanamente sobre esas investigaciones y la aplicación de las normas de nuestra justicia. No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia, pero celebramos coincidir en varios casos en las decisiones tomadas por el Gobierno americano», afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
No dio detalles sobre las “coincidencias” en los nombres entre la lista estadounidense y los que son actualmente investigados. La posición la expresó horas después de que Estados Unidos publicara la segunda lista de 15 actuales y exautoridades a quienes se les retiró la visa o se los declaró no admisibles por vinculaciones contra el narcotráfico y corrupción.
Entre los señalados por Washington figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general Juan Lanchipa; el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza Zeballos, y la exdirectora de Migración Katherine Calderón Valle.
La nómina incluye además a Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; a Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental en Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); y a Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija, entre otros.
Según el Departamento de Estado norteamericano, estas «acciones dan continuidad a los compromisos que los socios asumieron en la Cumbre de Doral en marzo y en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre».
Al respecto, Gálvez aseguró que el Ejecutivo no brindará protección ni blindaje a nadie, e insistió en que la administración pública y el sistema judicial no pueden ser refugio del narcotráfico, la corrupción ni el crimen organizado.
«Bolivia va a seguir trabajando con sus aliados contra el crimen organizado, pero dentro de nuestra frontera la responsabilidad es nuestra y la asumimos. Estamos investigando, vamos a sancionar siguiendo los procedimientos y manteniendo la correcta aplicación del Estado de derecho; además, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que redes criminales vuelvan a sentirse protegidas por el poder», insistió la autoridad.
