Continúan prófugos los coroneles Óscar Fernando Moreno Moreno y Erick Salvador Correa Gonzáles

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El capitán Guillermo Ruiz fue trasladado la tarde de este jueves al penal de Qalahuma, en el municipio de Viacha, donde cumplirá detención preventiva durante seis meses tras ser imputado por la sustracción de maletas con al menos cuatro millones de dólares de la vivienda del narcotraficante Sebastián Marset, tras su aprehensión.

El oficial ejercía como ayudante de órdenes del coronel Óscar Fernando Moreno Moreno, quien, junto con el coronel Erick Salvador Correa Gonzáles —ambos actualmente prófugos—, estuvo al mando del operativo de captura de Marset la madrugada del 13 de marzo pasado.

Registros en video del operativo muestran que de la residencia del capo uruguayo se extrajeron maletas y otros objetos de valor. Fue el Ministerio de Gobierno el que formalizó la denuncia contra los tres uniformados y contra el coronel Juan Marcelo Ferrufino, quien ya cumple prisión preventiva en el penal de Patacamaya.

Los cuatro oficiales son investigados por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.

Moreno y Correa permanecen en calidad de prófugos, aunque este último se contactó con medios de comunicación para declararse en la clandestinidad y negar su participación en el retiro de las maletas.

Por el contrario, el capitán Ruiz confirmó la extracción de los equipajes —alegando que actuó en cumplimiento de órdenes superiores—, aunque sostuvo que desconocía el contenido de los mismos.

También están denunciados los exministros Remy Ferreira, Javier Zabaleta López y Luis Fernando López Julio.

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El exministro de Defensa Edmundo Novillo fue aprehendido y será sometido a una audiencia de medidas cautelares que definirá si se defiende en libertad o desde un centro penitenciario por los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, en el marco de las investigaciones por corrupción en la adquisición y entrega de 13 radares.

El fiscal general interino, Armando Urioste, informó que se estableció la existencia de suficientes elementos de convicción sobre la responsabilidad de la exautoridad en los hechos investigados, los cuales habrían ocasionado un daño económico al Estado de Bs 1.478 millones debido a irregularidades en la compra del equipamiento militar francés.

«Dentro del caso Radares, se han encontrado suficientes elementos para determinar con probabilidad que este ciudadano ha cometido los delitos que le atribuye el Ministerio Público, por lo que en las próximas horas será remitido ante el juez cautelar para la audiencia correspondiente», explicó la autoridad fiscal.

El pasado 15 de octubre, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó una denuncia penal contra varias exautoridades, entre ellas cuatro extitulares de esa cartera de Estado, por las varias adendas en el contrato, que extendieron de 31 a 98 meses la entrega.

Además de Novillo, la denuncia abarca a los exministros Remy Ferreira, Javier Zabaleta López y Luis Fernando López Julio.

El sistema radar fue adquirido a la empresa francesa Thales Air Systems con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), por un monto total de 214 millones de dólares. En 2015 se firmó el contrato de compra