No debería pagarse impuestos por importar y comercializar diésel, pide el gerente del IBCE al gobierno

Gary Rodríguez sugiere además eliminar de la lista de sustancias controladas al diésel, la gasolina y el etanol para desahogar la responsabilidad del Estado en la importación de combustibles.

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Fuente: eju.tv/con datos de El Diario

En un mensaje difundido en sus redes sociales y a través de medios de prensa, al cual tituló “Santa Cruz no se rinde ante la crisis”, el presidente del IBCE defendió el trabajo del sector productivo cruceño, y afirmó que frente a la delicada situación de la economía, se aguarda del Gobierno “un verdadero golpe de timón en sus políticas públicas”.

Esto implica que el Ejecutivo apueste por un sector que resulta altamente estratégico para Bolivia, tanto desde el punto de vista de la seguridad alimentaria (por la autosuficiencia y menor inflación) y la soberanía alimentaria (mayor ingreso de dólares por agro-exportación y menor dependencia externa).

Rodríguez afirma que, si el gobierno no puede atender la entrega de diésel desde el Estado a precio subvencionado, lo menos que debiera hacer es “garantizar la seguridad jurídica y facilitar la labor productiva”.

Con ese antecedente, la cabeza del IBCE, presentó dos sugerencias, primero, que la importación y comercialización de hidrocarburos del extranjero no pague tributos; y,  eliminar de la lista de sustancias controladas al diésel, la gasolina y el etanol, así no se entorpecerá el trabajo de los productores del agro, y se les evitará onerosas exacciones que desaniman al privado de importar diésel y gasolina.

El gerente del IBCE destacó que los productores pequeños, medianos y grandes, nacionales y extranjeros enfrenten la crisis económica y busquen generar 2,5 millones de toneladas de soya en la cosecha de verano, “siempre que el clima ayude y las autoridades garanticen el suministro de diésel, no solo para recoger el fruto de su siembra, sino para encarar la campaña de invierno; entonces, el Modelo de Desarrollo Cruceño proveerá una vez más alimentos para los bolivianos y generará las ingentes divisas que precisa el país para seguir funcionando”, concluyó.

 

 

Defensor del Pueblo: «Hubo vejámenes y torturas a ocho conscriptos» en Casarabe, Beni

Un Sargento segundo propinó a las víctimas golpes con palos y cables, luego los metió en un pozo, del cual varios conscriptos huyeron para denunciar el hecho. Cuestionan que el juez tipifique las agresiones sólo como “lesiones”.

eju.tv

«La tipificación como ‘lesiones’, no corresponde a la gravedad de los hechos que se han denunciado; es decir, hubo vejámenes, una situación tortuosa que no puede pasar desapercibida», afirma el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al cuestionar la decisión del juez que dictó la detención preventiva de 90días en el penal de Mocoví del Sargento 2do Cristian F.P.Q., de 28 años, militar acusado por el Ministerio Público de perpetrar vejaciones, torturas, lesiones graves y leves, y coacción a ocho conscriptos del Regimiento Militar de la comunidad de Casarabe, Beni.

El juez sólo acreditó el delito de lesiones y no el de vejaciones y torturas, por lo que el Ministerio Público apeló la decisión. El Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas, explicó que en la audiencia se presentaron pruebas suficientes que señalarían al sargento como el presunto autor de las agresiones. De igual forma, la Defensoría del Pueblo, considera que la tipificación del caso como “lesiones” no corresponde a la gravedad de los hechos ocurridos el 4 de febrero.

Dos de los conscriptos víctimas, son menores de edad, el Defensor del Pueblo, informó que por gestión institucional se pidió́ la intervención de la Defensoría de la Niñez, para que se realice las evaluaciones médicas, de contención y psicológicas correspondientes.

A través de un Pronunciamiento difundido el fin de semana reciente, la Defensoría del Pueblo insta al Estado a investigar y establecer responsabilidades claras, tanto en la investigación penal como disciplinaria para que no vuelvan a suceder este tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos en el cumplimiento del servicio militar.

«Los padres de familia, confiamos a nuestros hijos a las Fuerzas Armadas y esperamos que nos los devuelvan en las mismas condiciones físicas en las que los hemos entregado», concluyó la autoridad.