Ayllus matan y se rebelan ante la ley; declaran a Uncia territorio de libre circulación de autos indocumentados. 6 regiones sin ley.
Ayllus admiten que lincharon y se rebelan ante la ley
Potosí. Ni la Policía ni otras autoridades pueden ingresar a la localidad de Saca Saca
Daniela Romero – La Paz, La Razón
Foto: Cabildo. Comunarios de los ayllus se reúnen en la plaza 6 de Agosto, tras una marcha de protesta.
Tras una marcha de indígenas de cinco ayllus potosinos en Uncía, sus representantes reconocieron ayer, en un cabildo, haber matado a cuatro policías que fueron tomados de rehenes el domingo. Declararon al lugar “zona roja” y decidieron impedir el ingreso de policías y fiscales.
Durante el masivo encuentro en la plaza principal de Uncía (la 6 de Agosto), los indígenas aseguraron haber colgado a los cuatro policías que trabajaban para la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) del departamento de Oruro.
En el acto, declararon a Uncía zona libre para el tránsito y comercialización de vehículos y productos del contrabando. Además, anunciaron que ante cualquier acto delictivo, las autoridades indígenas tomarán decisiones.
El personal policial de la zona se replegó la mañana de ayer a Llallagua por seguridad.
Hace al menos dos semanas las autoridades del Ministerio Público no pueden ingresar al lugar luego de conocer otros hechos delictivos.
Uno de ellos es el asesinato de tres integrantes de una familia: padre, madre e hijo, quienes al parecer murieron a manos de los mismos comunarios por un conflicto de tierras. A la fecha no se conoce sobre el destino de los tres cadáveres y tampoco se inició una investigación del caso.
Luego de tomar de rehenes a los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni, en Saca Saca, ningún jefe policial ni autoridad del Ministerio Público tuvo acceso al lugar hasta ayer, a pesar de las gestiones que hizo incluso el Gobierno.
“Hermanos, no hemos matado policías, hemos hecho morir a ladrones disfrazados de policías”, dijo uno de los líderes indígenas en el cabildo, según un reporte del periodista Juan Carlos Enrique de radio Pío XII. El director de la radio Uncía, Freddy San Miguel, informó a La Razón que se confirmó el deceso de los uniformados y que los comunarios de los ayllus los enterraron.
“Con cierto hermetismo, ellos lo confirmaron. Incluso señalaron que no se trata de los policías”, afirmó San Miguel y añadió que la gente contaba el hecho en tono burlesco. La Policía informó que los efectivos no se reportaron con su unidad desde el domingo 23 de mayo.
En el cabildo, al menos 1.500 personas de los ayllus Karachas, Aymayas, Laymes, Urakas y Jukumanis decidieron no entregar los cuerpos de los uniformados mientras la Policía no les devuelva vehículos que habrían sido robados y hasta que no se esclarezca la muerte de varios de sus coterráneos, supuestamente, a manos de los uniformados.
Una de las autoridades indígenas hizo un recuento sobre las constantes pérdidas y el robo de vehículos de los que fueron víctimas desde el 2006. “Estamos conscientes de que desaparecieron estas cuatro personas, pero es por algo”, dijo uno de los campesinos en el encuentro en Uncía.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, informó que datos extraoficiales indican que dos de los cadáveres habrían sido enterrados en Cala Cala, uno en Saca Saca y el último en Ingachi.
Mientras, los comunarios determinaron que si no se cumplen las condiciones citadas no se dará información sobre el lugar donde fueron enterrados los cadáveres. Manifestaron su molestia sobre el accionar de la Policía, porque en el tramo Uncía-Challapata, por donde circulan vehículos ‘chutos’, los efectivos les pedirían dinero. “Hablaron de 200 hasta 2.000 dólares para que dejen pasar los coches”, contó San Miguel en un contacto con La Razón.
El viceministro Vásquez informó que de manera oficial se conoce que los cuatro policías se habrían desplazado el domingo hasta Llallagua y Uncía para patrullar. “En el lugar habrían sido interceptados por los comunarios”, manifestó la autoridad.
Anoche, uno de los dirigentes del lugar se contactó con el programa Que no Me Pierda (red Uno) y le contó que el director de la Policía de Llallagua habría enviado a los cuatro efectivos hasta Uncía. Asimismo, denunció que les robaron 4.500 bolivianos el fin de semana.
Ante las denuncias de supuesta extorsión, el viceministro Vásquez señaló que se tiene esa denuncia y que está en proceso de investigación por parte del Ministerio Público. “Los resultados darán las conclusiones sobre qué es lo que realmente estaban haciendo en el lugar”, agregó.
Investigación. Vásquez adelantó que la Fiscalía llevará a cabo dos indagaciones. La primera referida a las acciones de los comunarios de los ayllus en contra de los cuatro policías, que terminaron con la vida de éstos; y la otra estará enfocada a averiguar las razones por las cuales los efectivos fueron hasta Uncía.
Entretanto, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, advirtió con sanciones severas a la gente que esté involucrada en la ejecución de los cuatro policías. “Vamos a esperar un informe oficial y objetivo para ver exactamente en qué condiciones ocurrieron esos crímenes”, subrayó.
Aseveró que la aplicación de la ley será implacable para todos los involucrados, con más razón si hay “malos policías”. Anunció que serán castigados “con doble rigor”.
“Respecto a la institución de la Policía, éste es otro nivel. No es que se esté criticando y hostigando a la institucionalidad. Si hay policías malos, éstos serán castigados”, sostuvo.
Brigada potosina indagará el caso
La brigada parlamentaria de Potosí informó que tiene planificado sesionar en esa ciudad para considerar, entre otros temas, la investigación de la muerte de los cuatro policías que fueron linchados en la localidad de Saca Saca, en el municipio potosino de Uncía.
“La brigada potosina irá a Potosí exclusivamente para investigar el caso de la desaparición de los policías”, informó el diputado David Cortez, de Alianza Social. “Estamos convencidos de que la ley es para todos”, sostuvo.
Casos de regiones sin ley en el país
Sabaya (Oruro)
El 21 de febrero del 2003, el teniente Samuel Encinas, del COA, fue asesinado por comunarios de Sabaya, una población que protege a los contrabandistas. Las autoridades no pudieron entrar al pueblo y, pese a detenciones, nunca se halló el cuerpo.
Pila Witu (Cochabamba)
El 16 de febrero del 2009, comunarios de Pila Witu, a 80 kilómetros de Cercado, detuvieron a un joven después de atribuirle el crimen de una de sus paisanas. La Policía salvó al sospechoso en un lago, pero no pudo ingresar al lugar.
Epizana (Cochabamba)
El 26 de febrero del 2008, tres policías fueron linchados por comunarios de Epizana, quienes los acusaron de extorsión y volteo. Una investigación verificó elementos de corrupción e inició procesos a dos jefes policiales, pero no se detuvo a los autores.
Matarani (Cochabamba)
El 20 de agosto del 2008, en la localidad de Matarani, en Sacabamba, una turba de 600 personas linchó y asesino a tres jóvenes, luego de que fueran sorprendidos robando un perol de cobre. La Policía tuvo que esperar cinco días para ingresar al lugar.
Achacachi (La Paz)
El 17 de noviembre del 2008, en Achacachi, se produjo el linchamiento de 11 personas, supuestos ladrones, con el resultado de dos muertos. Las autoridades del pueblo decretaron estado de sitio civil para prohibir el ingreso de la Policía y la Fiscalía y no hubo detenidos.
Caranavi (La Paz)
El 7 de mayo del 2010, tras un bloqueo de 12 días, la Policía intervino la ruta a Caranavi con el saldo de dos personas muertas y 20 heridos. Los comunarios quemaron las instalaciones de la Escuela Básica Policial y de la unidad policial de la ciudad.
Contrabando y tráfico de drogas salpican a la región
Muertes de los mismos comunarios no se esclarecen hasta hoy
CHOFER ASESINADO. El féretro del taxista victimado fue llevado a Uncía el lunes para protestar por la inseguridad en la región y para pedir mayor resguardo policial. Los comunarios acusan del hecho a falsos policías.
La Razón – La Paz
CHOFER ASESINADO. El féretro del taxista victimado fue llevado a Uncía el lunes para protestar por la inseguridad en la región y para pedir mayor resguardo policial. Los comunarios acusan del hecho a falsos policías.
Una serie de asesinatos y el influjo del narcotráfico y contrabando en el municipio de Uncía y sus alrededores habrían exacerbado el comportamiento de los comunarios de los ayllus de la zona y derivaron en actos delictivos de los mismos.
El último hecho ocurrió el fin de semana. Un conductor de taxi, de 21 años de edad, fue asesinado presuntamente por delincuentes, quienes luego de quitarle la vida le robaron el vehículo, tipo Caldina, y escaparon.
El cadáver del joven, que era originario de la localidad de Pampoyo, llegó el lunes hasta Uncía, donde los pobladores le hicieron dar vueltas la plaza principal y reclamaron justicia.
Hace una semana, una familia entera fue asesinada por los mismos comunarios del lugar, al parecer, por un conflicto de tierras entre ellos.
El fiscal Henry Espíndola intentó ingresar a la zona, sin embargo fue en vano. Los pobladores impidieron el acceso del Ministerio Público y de la Policía. Hasta la fecha no se conoce dónde habrían sido enterrados los cuerpos y la forma en que murieron.
Al margen de estas muertes, existen versiones que señalan que la anterior semana se habría encontrado una fábrica de cocaína a 45 minutos de la localidad de Saca Saca.
Se presume que la gente trata de encubrir esa actividad ilegal, por lo que ésa sería una de las razones del secuestro de los cuatro policías. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, afirmó que la investigación que se inició es por la denuncia de extorsión que hubiera habido por parte de los uniformados.
Reportes extraoficiales dan cuenta que los comunarios de los ayllus permiten la circulación de vehículos ilegales por la ruta Challapata-Uncía. Asimismo, conocen del tránsito de productos de contrabando por el mismo lugar y por rutas que abrieron con el fin de evitar el control. Vásquez anunció una investigación al respecto, aunque la zona aún permanece vigilada por los pobladores.
Denuncian 8 muertes en 10 días
Fuentes allegadas a la zona informaron a La Razón que en una semana y media se registraron ocho asesinatos en las comunidades de los cinco ayllus de la provincia Rafael Bustillos, en Potosí. Los decesos no habrían sido esclarecidos hasta la fecha, por la negativa de los pobladores de permitir el ingreso de las autoridades.
Markas no asisten al diálogo con el Gobierno
Las autoridades de los Ayllus de Paz tenían prevista una reunión con el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, para mediar la entrega de los cuerpos de los cuatro policías y posibilitar el ingreso de las autoridades fiscales y policiales a Saca Saca.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, anunció la mañana de ayer que Torrico sostendría reuniones con representantes de los Ayllus de Paz. Sin embargo, anoche desde el Ministerio de Gobierno informaron que se los esperó tanto en la mañana como en la tarde y nunca llegaron a la cita anunciada.
Al parecer, las autoridades indígenas habrían viajado a Uncía para participar de un encuentro con jefes policiales y líderes de los ayllus de esa comunidad.
Pobladores de los ayllus que estarían involucrados en la desaparición y posterior linchamiento de cuatro policías no tuvieron ningún encuentro con policías. Impiden el acceso a la zona.
Autoridades del Gobierno prevén insistir con el diálogo durante esta jornada con el objetivo de ingresar y rescatar los cadáveres.
Familiares. Las esposas y otros familiares de los uniformados que perdieron la vida se trasladaron hasta Uncía para recuperar los cuerpos; sin embargo, ante la negativa de los comunarios de que ingresen, tuvieron que replegarse a Potosí.
Un ciudadano que vive en Uncía contó a La Razón que dos de las esposas de los uniformados recibieron la orden de jefes policiales para regresar a Potosí tras el vano intento de recuperar los cuerpos de sus esposos.
Los familiares habrían retornado junto al comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Orlando Ávila, y con otros efectivos y autoridades.
Según datos extraoficiales, otros familiares de los efectivos se estarían trasladando hasta Uncía para buscar y rescatar los cadáveres. Llegarían hoy en la mañana. Los comunarios no permiten el ingreso de nadie a la zona.
Uncía confiesa ajusticiamientos y veta a la Policía de la región
Repliegue: efectivos policiales destinados a Uncía, ayer en Llallagua, adonde se replegaron para prevenir agresiones
La Prensa
Admisión: Campesinos revelaron que ahorcaron a cuatro efectivos, pues éstos admitieron haber asesinado a un taxista el viernes.
Los cinco ayllus del municipio de Uncía (Jucumani, Layme, Aymaya, Puraca y Qaracha) resolvieron ayer en cabildo declarar toda la región “zona roja”, por la que pueden circular libremente vehículos indocumentados, e impedirán el paso de efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), del Comando Operativo Aduanero (COA) y de investigadores para esclarecer el linchamiento de cuatro efectivos de la institución del orden.
Una autoridad originaria declaró a los medios que el suboficial segundo Nelson Alcócer Casano, los cabos Esteban Alave Arias y Rubén Cruz Aruquipa y el policía Miguel Ramos Palluni admitieron haber asesinado a un taxista el viernes 22.
Un reporte de la red televisiva Unitel dio cuenta de que el comandante departamental de la Policía potosina, coronel Orlando Ávila, admitió que sus camaradas habían sido ahorcados y después dos de ellos enterrados en Saca Saca, uno en Cala Cala y otro en Eskincancha.
El norte potosino es un paso de entrada de vehículos, mercadería y precursores de contrabando provenientes de Chile, en tanto que es una de las rutas de salida de cocaína hacia el país vecino.
Alrededor de 2.000 integrantes de las cinco comunidades se movilizaron ayer por la tarde por las calles de Uncía, capital de la provincia Bustillo.
Durante la marcha, los campesinos protestaron contra los abusos que cometen efectivos policiales.
La marcha concluyó en la plaza 6 de Agosto, donde las autoridades originarias admitieron, en sus discursos, que dieron muerte a los cuatro policías, pero uno de ellos aclaró: “Nosotros no hemos matado policías, hemos matado a ladrones disfrazados de policías, que asesinaron a siete hermanos nuestros”.
El líder sostuvo que la Policía, si quiere que se devuelva a los muertos, debía entregar previamente a sus siete compañeros asesinados y sus vehículos.
Los oradores coincidieron en que efectivos de los organismos policiales cometieron exacciones y excesos.
Un “segunda mayor” enumeró los robos y asesinatos de los que fueron objeto los comunarios del sector. En 2002, dos choferes de trufis de bandera azul, que efectúan recorridos entre Uncía y el área dispersa hasta Chayanta, fueron asesinados y sus vehículos robados.
Un “segunda mayor” es la principal autoridad originaria de un ayllu. El consejo de estos representantes es dirigido por un “jilanqo” o hermano mayor.
En 2004, un comunario de Ñakari, ayllu Qaracha, fue asesinado y de su auto no se volvió a saber, en tanto que, en diciembre de ese año, un taxi de bandera amarilla, que cubre la ruta entre Uncía y Llallagua, desapareció y su conductor fue asesinado.
En 2006 ocurrió otro caso similar en proximidades de esa capital provincial y, después de un intermedio, a principios de 2010, un comunario layme fue muerto en Junt’uma para robarle un minibús Noa, Toyota, de último modelo.
El caso más reciente data del viernes de la semana pasada, cuando murió un afiliado al Sindicato 19 de Marzo y su automóvil fue robado, crimen del que los cuatro policías se responsabilizaron.
El “segunda mayor” contó: “Ellos confesaron haber salido el viernes por la mañana de Oruro: tomamos el taxi y lo hemos matado al chofer. Los abandonamos. Entonces, no se puede decir que son policías, son asesinos”.
El mayor Limbert Oporto anunció el lunes en Llallagua que ayer por la tarde se entablaría una ronda de diálogo para pacificar la región. La mesa de conversaciones debió instalarse en la Alcaldía de Uncía entre representantes de los Ayllus en Paz, quienes mostraron su disposición de mediar en procura de lograr un acuerdo entre comunarios y policías.
En 2000, después de un enfrentamiento mortal de campesinos se logró un acuerdo para que los ayllus Jucumani, Layme, Puraca, Pocoata, Qaqachaca, Norte Condo, Cruce K’ulta y Challapata celebrasen un acuerdo de paz.
Sin embargo, los representantes de la región se retiraron de Uncía, por lo que este proceso no se puso en marcha, aunque se espera que la pacificación del norte potosino comience hoy.
Una fuente del Ministerio de Gobierno refirió que, comoquiera que sus principales autoridades no pudieron comunicarse con la delegación enviada desde Oruro a la zona, no se emitirá un pronunciamiento oficial sobre el caso.
En todo caso, esa cartera de Estado mantuvo ayer la posición expresada por la mañana por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, en torno a que la principal preocupación de las autoridades nacionales es pacificar la región, por lo que el Ejecutivo tampoco admite oficialmente las muertes.
También por la mañana, el comandante policial, general Óscar Nina, lamentó la actitud hostil de los pobladores y admitió que no se quiere actuar en la zona para no generar mayor violencia.
Gobernador ve bandas organizadas
El gobernador electo de Potosí, Félix Gonzales, quien jurará mañana en Macha antes de hacerlo en Sucre, aseguró que bandas organizadas y armadas que introducen vehículos indocumentados utilizan carreteras del norte potosino para trasladarlos a Paraguay. Dijo que en varias oportunidades, cuando viajó al municipio de Toro Toro, del que es originario, se topó con “chuteros”, quienes llevan ilegalmente entre 30 y 40 vehículos indocumentados también a otras regiones.
Según la autoridad, los contrabandistas “malean” a las organizaciones sociales e incluso pagan para tener protección porque supuestamente andan armados.
La ruta a Chirokasa, entre Toro Toro y Acasio, parece ser la de los contrabandistas que transportan los vehículos como parte de organizaciones ilícitas en las que pudieron haber ingresado algunos campesinos.
Gonzales dijo que es necesario dialogar con las organizaciones sociales a fin de frenar la actividad ilegal, puesto que pueden ocurrir problemas más graves en el futuro.
Indígenas admiten que mataron a cuatro policías
Linchamiento. Los ayllus de Uncía declararon al municipio territorio de libre circulación de autos indocumentados. Dicen que los muertos eran extorsionadores y no permitirán el ingreso de uniformados
Desolado. Ésta es la cancha de Cala Cala, lugar donde supuestamente fueron linchados los policías de Diprove
El Deber
El Potosí. Potosí. Campesinos de los cinco ayllus de Uncía admitieron haber matado a cuatro personas que identifican como falsos policías, declararon zona roja a todo el territorio que está bajo su control y advirtieron que impedirán el ingreso de los uniformados, a los que tildaron de sus enemigos por los presuntos abusos que han cometido.
Así se resume el voto resolutivo que fue aprobado ayer por los pobladores de los ayllus que se reunieron en la capital provincia Rafael Bustillo (norte de Potosí) en un cabildo abierto para considerar los pasos a seguir luego del linchamiento.
Los principales dirigentes de los campesinos declararon ayer que su municipio está libre de efectivos policiales, ya que decidieron prescindir de los servicios de seguridad del Estado. Justificaron su decisión al argumentar que los policías llegan a ese municipio para extorsionarlos.
El cabildo abierto se realizó luego de una marcha que recorrió las diferentes calles de Uncía y terminó en un mitin en el frontis del principal templo.
El comandante departamental de Policía de Potosí, coronel Orlando Ávila, confirmó que los pobladores de los ayllus declararon zona roja a la jurisdicción de los ayllus y confirmó la muerte por linchamiento de cuatro efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro.
Asimismo, el cabildo ratificó la decisión de asumir íntegramente el código del silencio para no declarar ante la justicia ordinaria, que, hasta anoche, fracasó en su intento de ingresar hasta el lugar donde los cuatro policías fueron ejecutados.
Nadie puede hablar sobre la muerte de los policías, no aceptan ninguna investigación. Si algún dirigente es arrestado, a cualquier policía que ingrese lo ajusticiarán, expresó la autoridad policial que junto a su personal, se replegó a la localidad de Llallagua.
El jefe policial afirmó que en la marcha había muchos campesinos en estado de ebriedad e incluso se mantiene la versión de que existen francotiradores apostados en los cerros de ingreso de la comunidad de Cala Cala.
Los policías que murieron linchados eran el suboficial Nelson Alcócer Casano, el cabo Rubén Cruz Aruquipa, el cabo Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuni. Aún no se estableció cómo murieron, pues existen dos hipótesis del linchamiento. La primera dice que fueron torturados en Cala Cala y la segunda que los quemaron vivos, según reportó el periodista Gregorio Serrano, de la radio Pío XII. Dos de los policías fueron enterrados en Cala Cala, uno en Saca Saca y se desconoce dónde fue sepultado el otro cuerpo.
Agregó que existe un nivel elevado de tensión en virtud a que los comunitarios dicen no haber linchado a policías, sino a falsos efectivos que cometen extorsiones entre $us 200 a 1.000.
Desde La Paz, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, aseguró que se investigará si es que los uniformados estaban inmersos en actos de corrupción para sancionar duramente a los infractores. “Si hay malos policías, éstos van a ser castigados con doble rigor, uno por cometer el crimen y otro por ser autoridades”, dijo Coca.
Sin embargo, aseguró que no permitirá que haya zonas en el país tomadas por contrabandistas. “No es la primera vez que escuchamos este tipo de actitudes y el Gobierno no va a permitir ningún desfase en lo que hace al cumplimiento de la ley y la autoridad», señaló.
En la zona de los ayllus guerreros
Cala Cala, el lugar donde supuéstamente fueron linchados los cuatro policías de Diprove Oruro, pertenece al ayllu Panacachi, una de las organizaciones tribales del norte potosino que mantuvieron una guerra desde 1830, con largos intermedios, que no permiten manejar datos oficiales. Las diferencias entre los ayllus eran motivadas por cuestiones territoriales. La falta de delimitación motivaba permanentes roces que a veces eran saldados en el tinku, el ritual guerrero que se celebra en varias poblaciones del norte potosino el 3 de mayo de cada año.
Sin embargo, cuando algún ayllu era atacado, desataba represalias, como el asalto a poblados cuyos habitantes eran asesinados, las mujeres violadas y las chozas incendiadas.
Los peores choques fueron los protagonizados entre los ayllus Laime y Jukumani, de Potosí, y Qaqachaqa, de Oruro.
La guerra terminó en 2001, cuando las prefecturas de Oruro y Potosí implementaron un programa de alimentos por armas que, aparentemente, no consiguió desarmar a los campesinos. Según la agencia EFE, los choques armados entre los ayllus guerreros de Potosí causaron 57 muertes entre 2000 y 2001, más de medio millar entre 1970 y 1990, y hay datos oficiales que elevan a 10.000 las víctimas desde 1830.
Gobernados por los ‘chuteros’
Para el gobernador electo de Potosí, Félix González, existen bandas organizadas que introducen vehículos indocumentados y utilizan carreteras del norte potosino para trasladarlos hasta Paraguay.
Dijo que en varias oportunidades, cuando viajó hacia su municipio, Toro Toro, se topó con los ‘chuteros’ quienes llevan ilegalmente entre 30 y 40 vehículos indocumentados.
Según la autoridad, los contrabandistas malean a las organizaciones sociales e incluso pagan para tener protección, porque supuestamente andan armados.
La decisión de expulsar a los efectivos de la Policía Boliviana del municipio de Uncía se basa en el argumento de que algunos pobladores del lugar fueron víctimas de falsos policías.
A raíz de ello declararon zona libre para vehículos indocumentados, en clara imitación a lo que ocurre en la localidad de Challapata (Oruro), donde no ingresa la Policía.
El coordinador del cabildo del norte potosino, Porfirio Nica Cuenca, dijo que había contabilizado 15 personas que fueron victimadas por gente disfrazadas de policías.