Prevaricato: El presidente de la Corte, Juan Pereira Olmos; el conjuez Peter Pardo y el ex director de Comunicación de la Prefectura Hugo Mopi fueron interrogados en La Paz. La Justicia negó la libertad de otro pandino.
La Paz: Peter Pardo, Hugo Mopi y Juan Pereira Olmos, anoche, en la FELCC
La Prensa
El presidente de la Corte Superior de Distrito de Pando, Juan Pereira Olmos; el conjuez de esa Corte, Peter Pardo, y el ex director de Comunicación de la Prefectura pandina Hugo Mopi Soliz fueron aprehendidos ayer por orden de la fiscal Tania Alfaro y trasladados a La Paz en el marco del proceso legal por la matanza de Porvenir.
Las víctimas de ese hecho abrieron querella contra estas tres personas por la comisión de los presuntos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tráfico de infuencias y asociación delictuosa.
Mopi, Evin Ventura y Roberto Rea interpusieron en julio de 2009 un amparo constitucional ante la Corte pandina en procura de que pasara a esa jurisdicción la investigación a la que eran sometidos el ex prefecto Leopoldo Fernández y otras 26 personas por la muerte de 13 personas y otros delitos.
El 11 de septiembre de 2008 se produjo un enfrentamiento entre cívicos y funcionarios prefecturales y campesinos, indígenas y originarios que dejó 13 fallecidos y un número no determinado de heridos y desaparecidos; por ello, el ex prefecto Leopoldo Fernández y otras personas fueron capturadas y trasladas a La Paz.
Pereira Olmos y Pardo formaron el tribunal de garantías constitucionales que declaró procedente el recurso y el expediente del caso pasó a Porvenir.
Sin embargo, en La Paz se presentó un recurso de amparo para anular esa decisión, aunque Pardo planteó que la audiencia correspondiente no se llevase a cabo porque una Corte de Distrito no puede anular los obrados de otra.
La querella planteada por las víctimas de Porvenir siguió su curso. La fiscal Alfaro citó a declarar a las tres personas mencionadas, de quienes Hugo Mopi estaba bajo libertad condicional, pero ninguna de ellas acudió a declarar.
Por ello, según explicó, emitió las correspondientes órdenes de aprehensión ejecutadas ayer por la mañana por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cobija bajo las órdenes de su director, teniente coronel David Díaz.
Pereira y Pardo fueron capturados alrededor de las 08.00 cuando ingresaban a sus oficinas en la Corte de Distrito de Cobija, mientras que Mopi fue encontrado alrededor de las 08.30 en proximidades del Mercado Central, en la avenida 2 de Febrero.
Los arrestados fueron llevados a las celdas de la FELCC hasta que cerca de las 17.30 abordaron un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a la sede del Gobierno.
Desde el aeropuerto de El Alto, los tres fueron conducidos a la FELCC de La Paz, donde la fiscal Alfaro comenzó la toma de declaraciones aproximadamente a las 20.30. Hasta el cierre de esta edición, los magistrados continuaban siendo interrogados por la representante de la Fiscalía y se calculaba que el acto concluiría en horas del amanecer.
Mary Carrasco, abogada de los querellantes, informó anoche que esperaba que la audiencia de medidas cautelares se lleve a cabo este sábado.
Cesación de detención preventiva
Entretanto, la Corte de Justicia de La Paz negó ayer la cesación de la detención preventiva que solicitó Roberto Rea, uno de los 27 acusados por las muertes de los 13 campesinos en Pando.
Rea presentó una certificación médica que demuestra que padece diabetes, por lo que debe radicar en un lugar que no tenga una significativa altura sobre el nivel del mar. Los jueces consideraron, sin embargo, que no desaparecieron los riesgos de obstaculización de la justicia y de fuga, por lo que denegaron el pedido.
Rea fue nuevamente conducido al penal de San Pedro, donde permanece detenido desde el 22 de febrero de 2009.
Hasta septiembre de 2008, Roberto Rea fungía como oficial mayor de la Alcaldía de Porvenir.
El ex Prefecto no accede al cuaderno de investigaciones
Sandra Almanza y Karlo Brito, abogados defensores del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, solicitaron ayer que se suspenda la audiencia para tratar la cesación de la detención preventiva que pesa sobre la ex autoridad departamental.
Los juristas argumentaron que desde marzo no tienen acceso al cuaderno de investigaciones pese a los insistentes pedidos hechos al fiscal Eduardo Morales.
Sandra Almanza dijo que la negativa a entregar una copia del documento constituye delito de incumplimiento de deberes, aunque exteriorizó su esperanza en sentido de que el Ministerio Público dé cumplimiento a la orden emitida ayer por los jueces Rubén Ramírez y César Portocarrero.
El tribunal ante el que se tramita esta causa no fijó una nueva fecha para el verificativo de la nueva audiencia.
Brito dijo que la solicitud de suspender la sesión judicial obedeció a que al no conocer las recientes pruebas de cargo, no es posible presentar los descargos y demostrar que desaparecieron las causas que originaron la detención preventiva.
La jurista explicó que solicitaron la suspensión de la audiencia, pero no “el retiro de la misma, porque desde marzo de este año hemos solicitado al Ministerio Público que nos otorgue fotocopias legalizadas y simples de algunas actuaciones que han realizado para que nosotros las utilicemos como pruebas”.
Sin embargo, la patrocinante de la parte acusadora, Mary Carrasco, dijo que la actuación de la defensa del ex Prefecto es un recurso dilatorio que permitirá desarrollar una nueva estrategia jurídica para plantearla en una nueva oportunidad.
Además, Brito y Almanza coincidieron en que la aprehensión de los dos magistrados pandinos no afecta directamente la situación jurídica de su cliente, pues se trata de una causa distinta, aunque relacionada con su caso, por lo que harán un seguimiento sin involucrarse en el tema.
Róger Pinto fue arraigado
El senador opositor y ex prefecto de Pando Róger Pinto, el ex alcalde de Cobija Miguel “Chiquitín” Becerra y el ex presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Pando Nemesio Ramírez fueron arraigados.
Los tres fueron imputados de daño económico al Estado por haber transferido terrenos y recursos de la Zona Franca de Cobija a la Universidad Amazónica de Pando cuando el actual legislador fungía como prefecto de ese departamento.
El fiscal Vladimir Lazcano solicitó ayer en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva de los tres investigados, pero la Corte de Justicia optó por arraigarlos, exigirles su presentación periódica ante la Fiscalía y dos garantes personales.
Detenidos pandinos declaran en La Paz
Porvenir. Fiscalía ordenó su traslado desde Cobija
La Razón y ANF – La Paz
La Policía, en coordinación con la Fiscalía, aprehendió al vocal de la Corte Superior de Justicia de Pando, Juan Pereira; al juez Peter Pardo y al radialista Hugo Mopi, quienes prestaron declaraciones anoche sobre su participación en el caso Porvenir.
Los tres ciudadanos pandinos arribaron a las 20.00 de ayer a la sede de gobierno e inmediatamente fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde la fiscal Tania Alfaro los esperaba para conocer sus testimonios.
Hasta el cierre de esta edición continuaba la toma de declaraciones de Mopi, sin embargo, aproximadamente a la 1.20, Pereira salió y anunció que quedaba en libertad. Mientras que Pardo fue detenido y hoy día deberá afrontar la audiencia de medidas cautelares.
La Fiscalía convocó a Pereira y Pardo para que respondan a la acusación de prevaricato que pesa sobre ellos tras haber emitido resoluciones que permitieron trasladar el caso Porvenir a la jurisdicción de Pando.
El proceso por la matanza de 13 personas el 11 de septiembre del 2008 y que involucra al ex prefecto Leopoldo Fernández radica en La Paz por determinación de la Fiscalía General del Estado. En el caso de Mopi, se lo responsabiliza de instigar a la violencia con mensajes racistas durante los hechos sangrientos de ese año.
Anoche, a su llegada, el radialista señaló que fue aprehendido al margen de la ley y vulnerando sus derechos y que se lo acusa de haber dado cobertura periodística a los hechos en Porvenir. El juez Pardo calificó su aprehensión como una persecución política, sin embargo aseguró que siempre estuvo dispuesto a presentarse a la justicia, pero en Pando.
«La detención ha sido esta mañana, pero el mandamiento de apremio no decía nada; ni qué hora ni ante qué autoridad, somos inocentes y si habríamos cometido algún delito debíamos ser juzgados en Cobija, porque allá supuestamente lo hemos cometido.
La fiscal Tania Alfaro justificó el traslado de los ciudadanos pandinos a La Paz para que asuman defensa al no haber concurrido con anterioridad ante las instancias correspondientes.
La senadora beniana de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzales, condenó la detención debido a que se vulneraron derechos constitucionales de las tres personas al no reconocerse la presunción de inocencia.
Denunció que en Pando se vive una dictadura, porque el Gobierno manda a detener a todas las personas que se oponen y defienden la democracia.
El Tribunal Sexto de Sentencia de la Corte Superior de Justicia decidió instalar el juicio oral contra Leopoldo Fernández.