Por evasión impositiva el Estado pierde más de 180 millones de dólares cada año. Un estudio revela que la frontera entre Chile y Bolivia se ha convertido en “tierra de nadie”. A pesar que el contrabando es un delito tipificado en la Ley de Aduanas, hasta ahora no hay personas que estén en la cárcel
Gran parte de la mercadería decomisada en Cochabamba tiene como origen de procedencia Iquique-Chile. -foto: ARCHIVO
Leslie Lafuente. OPINION
En los últimos años, el valor de las importaciones legales de una diversidad de productos creció considerablemente, pero con ello también aumentó el contrabando, que según la última investigación encargada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE, a la consultora Clemencia Paredes Arias, llega a más de 1.300 millones de dólares anuales.
Dicho estudio revela que en siete años, el contrabando duplicó su movimiento económico. En 2001 se estimaba que esta actividad ilícita movía más de 674 millones de dólares entre bienes de consumo, intermedios y de capital y otros diversos. Sin embargo, esta cifra fue creciendo paulatinamente hasta llegar, al año 2007 a más de 1.330 millones de dólares.
“Es evidente que a pesar del incremento en las importaciones (de 1.255 millones a 1.349 millones de dólares de 2006 a 2007) existe una oferta muy acentuada de bienes de consumo masivo y de vehículo, que se expanden en grandes mercados informales, ubicados en las ciudades capitales e intermedias del país, zonas donde se comercializan toda clase de mercancías que se conoce provienen del mercado ilegal…”, indica el estudio titulado “Dimensión del Contrabando de Importación en Bolivia”, versión ampliada del libro “El contrabando en Bolivia”.
A pesar de este millonario movimiento económico y los grandes escándalos públicos que se han hecho sobre algunos casos, no se conoce que los autores hayan sido sancionados, “sólo en una primera etapa algunos pequeños contrabandistas, generalmente sólo encargados de su custodia y transporte fueron encarcelados…”.
La investigación revela que las fronteras se han convertido en una tierra de nadie, particularmente en el límite mismo entre Chile y Bolivia.
En las fronteras del país se sigue con la práctica del “contrabando documentado” de mercancías con documentos adulterados e incluso falsificados que amparan tránsito que nunca llegan al destino. Incluso, “se sospecha que algunos documentos son auténticos, pero no se hallan debidamente registrados en los sistemas de control o lo que es peor, cuando llegan a destino, desaparecen los registros”.
RUTAS DEL NEGOCIO ILÍCITO
El país, ubicado en el centro de Sudamérica y limitado con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, cuenta con extensas fronteras que sobrepasan los 6.000 kilómetros de extensión. Para establecer un adecuado control en fronteras, la Aduana Nacional ha aprobado una serie de rutas por las cuales debe circular el comercio de importación y exportación. La conjunción de la vastedad de las fronteras unida a la red de carreteras, ferrocarriles y puertos fluviales con el tiempo han dado lugar a que se establezcan las rutas del contrabando, por caminos secundarios o vecinales cercanos a los siguientes puntos fronterizos:
* Frontera con Chile: Charaña, Pisiga, Sabaya, Ollagüe, Hito Cajones
* Frontera con Argentina: Villazón, Bermejo, Yacuiba
* Frontera con Paraguay: Ibibobo, Hito Villazón
* Frontera con Brasil: Puerto Quijarro, San Matías, San Vicente, Guayaramerín y Cobija
* Frontera con Perú: Desaguadero y Guaqui
Las mercancías son transportadas desde los lugares mencionados utilizando principalmente la red caminera vecinal y secundaria hasta llegar a poblaciones como Viacha en La Paz; Oruro; Uyuni en Potosí; Yacuiba en Tarija; Puerto Suárez y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz; Trinidad en el Beni y Puerto Villarroel en Cochabamba, poblaciones que cuentan con galpones para el depósito y acondicionamiento para luego ser transportadas en forma segura a los mercados de consumo en el interior del país.
El estudio indica que los contrabandistas y transportistas gozan de la “protección” de lugareños, en algunos casos incluso de las mismas autoridades, para evadir los controles aduaneros.
En el transporte ferroviario es común que los trenes de pasajeros sean utilizados como el medio de transporte de mercaderías de contrabando, donde los mismos pasajeros habitualmente viajan en los vagones de carga acompañando sus mercaderías y negociando con los Vistas de Aduana las tarifas de paso que se cobraban para la internación de las mercaderías. En muchos casos, y en otros, aprovechando el lento desplazamiento de los trenes, las mercancías son lanzadas a la vera del tren para que ciertas personas las rescaten; esto, en cuanto al comercio menor.
La evasión impositiva supera $us 180 millones
Los comerciantes se curan en salud, elevan precios
La defraudación fiscal producto del elevado contrabando que se registra en el país, el Estado pierde más de 180 millones de dólares cada año.
La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, reveló hace unos días esa cifra y aseguró que es sólo una estimación, porque las actividades ilegales, como el contrabando, no son fáciles de cuantificar.
Según estudios del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sobre la actividad ilícita, la cifra estimada por la autoridad tributaria es mucho mayor.
La investigación revela que las pérdidas tributarias se han incrementado paulatinamente desde el 2001 hasta el 2007, de 167,27 millones de dólares a 267, 08 millones.
Para el empresariado privado boliviano estos datos muestran cómo el contrabando daña a la economía del país. Consideran que de percibir
ese dinero el Estado contaría con millonarios recursos para ejecutar obras y atender las necesidades de salud de los bolivianos. Es por ello, que apoyan la ejecución de medidas contundentes que tiendan a
erradicar el contrabando, un flagelo que ningún Gobierno ha podido frenar, pese al daño que ocasiona.
2ºPara evitar que estas pérdidas continúen así como el incremento del contrabando en el país, el Gobierno anunció a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, la búsqueda de recursos a través de la cooperación internacional.
Indicó que busca un financiamiento de 80 millones de dólares, que serán destinados a la modernización de la Aduana Nacional con equipos de control aduanero de última tecnología. Entre esos instrumentos están escáneres, cámaras con infrarrojo, helicópteros, entre otros que permitan realizar un control efectivo.
“El Estado boliviano pondrá los recursos que sean necesarios (en caso de que no) los obtengamos por el financiamiento externo para fortalecer la Aduana, porque es una prioridad nacional», explicó la viceministra de Régimen Tributario.
Con el fin de llevar adelante la reingeniería del ente de control aduanero, la funcionaria indicó que existen varias fuentes para obtener los recursos económicos, incluidas las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia (BCB), que en la actualidad bordean los 8.600 millones de dólares.
3ºOtro instrumento que permitirá evitar mayores pérdidas económicas para el Estado es la modificación de la actual Ley de Aduanas y el Código Tributario.
Con la modificación de esas dos normas jurídicas se busca sancionar a los contrabandistas con la cárcel.
La ley, que fue aprobada en grande y luego en detalle en la Cámara de Diputados, es dura y muy similar a Ley 1008 (de lucha contra el narcotráfico). Es una norma que no sólo castiga a contrabandistas sino también a los funcionarios públicos, incluidos policías y militares que se vean involucrados en facilitar la actividad ilícita.
Según el Gobierno, el delito de contrabando flagrante involucra a todos los funcionarios de la Aduana Nacional u otras entidades del Estado, es decir, Policía, Fuerzas Armadas, fiscales, jueces o cualquier servidor público que permita, coadyuve, ampare o sea hallado cómplice o culpable del internamiento ilegal de mercancías al territorio boliviano.
Hasta ahora no existe funcionario público que esté preso por coadyuvar en el contrabando, pese a que este hecho es comentado incluso por los propios comerciantes.