Lo que parecía ser una visita meramente protocolar y funcional puede acabar convirtiéndose en un dolor de cabeza para la administración de Evo Morales, por la acción oportuna de varios actores. Que la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le recuerde al oficialismo que la lucha contra el racismo y la discriminación debe llevarse a cabo sin pisar los derechos civiles y la libertad de expresión de los individuos, y que reclame respeto al debido proceso en los juicios a opositores son señales importantes, en el sentido de que los organismos internacionales están comenzando a ver la realidad boliviana desde una perspectiva más plural, superando la visión única gubernamental. Algo de lo que deberían tomar buena nota los funcionarios locales de Naciones Unidas, que hablaron tardíamente de concertación luego de que la ley contra el racismo ya había sido sancionada en la Asamblea Legislativa. Entre las acciones que habrán contribuido a la lectura de Navi Pillay sobre la coyuntura boliviana se encuentra, seguramente, la carta enviada por el derrocado gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, donde se denunciaba la democracia aparente que se vive actualmente, hablando de “un país donde la democracia, la justicia, los derechos humanos, la equidad y la transparencia son una pantalla, realidades virtuales, espejismos carentes de existencia objetiva” y de “estructuras constitucionales y jurídicas figurativas pero no efectivas”, lo que puede haber motivado el comentario de la Comisionada sobre “leyes de derechos humanos que no se cumplen”.