Pillay apoya leyes de Evo, pero pide respetar DDHH. La Alta Comisionada de la ONU dijo que la presunción de inocencia y los juicios justos son principios cruciales que deben ser respetados. Para Pillay, las acciones tomadas en contra de los miembros de oposición son motivo de “preocupación y ésa es la razón por la que me dirijo a ustedes enfatizando que el debido proceso debe seguirse”. Dijo además que “los individuos contra los que se sospecha no pueden ser suspendidos, tienen que tener un debido proceso”.
Conferencia: Pillay habla con los medios de comunicación, ayer en La Paz
La Prensa
Comisionada de la ONU solicita debido proceso para opositores
Evaluación: Navanethem Pillay apoyó la ley antirracismo y pidió que tenga límites para respetar la “legítima” libertad de expresión.
EFE y ANF.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, recomendó ayer garantizar un debido proceso en la aplicación de justicia en los procesos contra oponentes políticos del Gobierno.
Realizó la declaración al ser consultada sobre las acciones judiciales contra los opositores y la elección directa que hizo el Ejecutivo de miembros de tribunales como en la Corte Suprema de Justicia.
Para Pillay, las acciones tomadas en contra de los miembros de oposición son motivo de “preocupación y ésa es la razón por la que me dirijo a ustedes enfatizando que el debido proceso debe seguirse”. Dijo además que “los individuos contra los que se sospecha no pueden ser suspendidos, tienen que tener un debido proceso”.
Como ejemplos están el juicio contra el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, otro es el encierro del alcalde suspendido de Sucre Jaime Barrón o el proceso penal en contra de su homólogo potosino, también suspendido, René Joaquino. Además están las demandas en contra de los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Tarija, Mario Cossío.
Por otra parte, Pillay respaldó la ley contra el racismo promulgada por el presidente boliviano, Evo Morales, pero también pidió que tenga límites para respetar la “legítima” libertad de expresión.
En rueda de prensa al término de su visita, expresó su preocupación por la “amplia impunidad que existe no sólo en los casos de violaciones a los derechos humanos del pasado, sino también en casos recientes” y pidió trabajar para “asegurar la independencia del Poder Judicial”.
Sobre la norma antirracismo, expresó su “beneplácito” porque, en su criterio, fue una demanda de Naciones Unidas durante mucho tiempo, si bien advirtió que si no está bien reglamentada puede llegar a afectar el derecho a la libertad de expresión. “El discurso racista, del odio y de la incitación a la violencia racial son inaceptables en una sociedad democrática, y no pueden estar protegidos por la libertad de expresión”.
Pero añadió que “para proteger la legítima libertad de expresión” se requieren limitaciones estipuladas por ley, “definidas de forma clara y precisa y que sean implementadas por un ente independiente”.
La Comisionada expresó su preocupación por “la falta de acceso a la justicia, especialmente en las comunidades rurales”. Felicitó al Gobierno por los avances logrados a favor de los indígenas, aunque dijo que la mayoría de estos pueblos aún sufren “de extrema pobreza y exclusión”.
Pillay apoya leyes de Evo, pero pide respetar DDHH
La Alta Comisionada de la ONU dijo que la presunción de inocencia y los juicios justos son principios cruciales que deben ser respetados
La alta comisionada de la ONU, Navanethem Pillay (centro), en su informe de conclusiones. Foto Afka
Los Tiempos – 17/11/2010
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, que ayer concluyó una visita de cinco días a La Paz, reveló que durante la reunión que sostuvo también ayer con el presidente Evo Morales y ante la insistencia de éste en la inclusión de los polémicos artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, le recordó al mandatario “que la legislación de Bolivia en general tiene que ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos”. Apoyó las leyes bolivianas, pero pidió respetar los derechos humanos.
La diplomática indicó que al margen del Informe Durban, que demanda a los países miembros de la ONU que incluyan en sus legislaciones prohibiciones al racismo garantizando la libertad de expresión y de opinión, Pillay dijo que Bolivia es parte del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también protege la libertad de expresión.
La Alta Comisionada se reunió durante estos días con legisladores del oficialismo y de la oposición y con representantes de cinco organizaciones de la prensa para conocer los alcances de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación recientemente promulgada en Bolivia.
Durante su encuentro, los periodistas solicitaron a Pillay que interponga sus buenos oficios ante el Presidente para que éste autorice la eliminación del artículo 16 y la modificación del artículo 23 de dicha normativa, artículos que sintetizan la penalización en la justicia ordinaria de los trabajadores de la prensa y autoriza el decomiso de licencias de funcionamiento de los medios de comunicación que permitan la difusión de ideas racistas y discriminadoras.
Antes de iniciar la conferencia, Pillay dio lectura a un documento en el que también se refirió a la reciente adopción de la ley contra el racismo por parte del Gobierno boliviano, la cual consideró que representa un avance histórico ya que también fue solicitada por la ONU durante mucho tiempo.
“En este contexto, no obstante, permítanme señalar que la prohibición de diseminación de ideas racistas, si no está adecuadamente regulada, puede afectar el derecho a la libertad de expresión”, dijo.
Pillay agregó que la ley internacional requiere que los Estados castiguen el racismo y la discriminación racial y dijo que el discurso racista, el discurso del odio y la incitación a la violencia racial son inaceptables en una sociedad democrática. “En consecuencia no pueden estar protegidos por la libertad de expresión”. “Sin embargo, para proteger la legítima libertad de expresión y para diferenciarla de las expresiones que incitan al odio y la violencia, la ley internacional requiere que las limitaciones sean estipuladas por ley, que sean definidas de forma clara y precisa y que sean implementadas por un ente independiente”, afirmó la diplomática.
Durante una conferencia con los periodistas, Pillay hizo estas declaraciones:
-Hay normas internacionales que condenan el racismo, a las que Bolivia está suscrita –como es el caso del Informe Durban– y que recomiendan que los países miembros de las Naciones Unidas incluyan en sus legislaciones prohibiciones al racismo pero simultáneamente exigen que se garantice la libertad de expresión y de opinión. ¿La ley antirracismo recientemente promulgada en Bolivia no estaría vulnerando estas normas?
-Al margen del convenio que usted mencionó, Bolivia es parte del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 protege la libertad de expresión y el artículo 20 obliga a los Estados a tomar medidas para limitar la libertad de expresión si constituye una incitación al racismo, a la violencia y al odio racial.
La ley internacional obliga a los Estados a penalizar el racismo y la discriminación y, como dije en la lectura del comunicado, el discurso del odio racial es inaceptable en una sociedad democrática. En segundo lugar, es importante recordar las recomendaciones expresadas por el Relator Especial sobre la promoción y protección al derecho de la libertad de expresión.
Esas recomendaciones indicaban que toda medida que pueda limitar la libertad de expresión debe adoptarse por ley, debe expresarse de forma clara y precisa y debe implementarse por un órgano independiente que esté libre de interferencias.
En el caso de esta ley antirracismo, específica en Bolivia, se necesita una discusión con todas las partes interesadas, actores políticos y sociales incluyendo los medios y los periodistas y juntos trabajen para regular la ley.
-En su encuentro con el presidente Morales, ¿le comentó él si había la posibilidad de abrir algún diálogo sobre los artículos 16 y 23?
-Me encontré con un grupo de periodistas que me informaron sobre actividades en las que han participado en el país, protestando por esos dos artículos. Les hago un llamamiento para que participen en un diálogo cuando se reglamente la ley para que se tomen en cuenta sus intereses y sus preocupaciones.
El presidente Evo Morales me explicó el trasfondo histórico de la ley, la historia de discriminación de este país, y yo le aseguré que entendía este contexto, que había una similitud con la historia de Sudáfrica.
El presidente Morales insistió en la inclusión de los artículos 16 y 23 y yo le recordé que la legislación de Bolivia en general tiene que ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
-El presidente Evo Morales ha nombrado personalmente a los máximos jueces de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y es a su vez su partido el que enjuicia a los opositores. Quiero saber si esto constituye una violación a los derechos humanos y en qué situación quedan los opositores que están siendo juzgados por el propio presidente Morales.
-Las acciones en contra de los miembros de la oposición son sujeto de preocupación y esa es la razón por la que me dirijo a ustedes enfatizando que el debido proceso debe seguirse, que los individuos de los que se sospecha no pueden ser suspendidos sino que tienen que tener el debido proceso.
-¿Nos puede hacer una evaluación acerca de los desafíos que tiene Bolivia para mejorar la situación de los derechos humanos?
-He tenido la oportunidad de hablar con la sociedad civil, representantes de las organizaciones indígenas. Los problemas que he podido conocer están en las incidencias de tortura, largos periodos de detención, pobreza, violencia sexual, violencia doméstica, tráfico de niños y adolescentes.
Todas son graves preocupaciones y tengo entendido que el Gobierno las está tomando en cuenta pero lo que he oído de las organizaciones es que pocas de estas medidas llegan a las áreas rurales. Allí también las personas se quejan de accesos a la justicia.
El equipo de mi oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia está prestando cooperación técnica en varias de estas áreas.
Sobre el Poder Judicial
• “Ahora es el momento de comenzar la selección de candidatos para los tribunales superiores (de justicia) de forma urgente, con el fin de asegurar la independencia del Poder Judicial”, dijo.
Pacto de durban
El artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Artículo 20
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
TRAVESÍA
En conferencia de prensa, Pillay hizo un resumen sobre las actividades que desarrolló desde su llegada a territorio boliviano, que dijo lo visita por primera vez.
Informó que durante su estadía en Bolivia se reunió con víctimas de la tortura, el Defensor del Pueblo, autoridades indígenas y representantes de la comunidad afroboliviana. Asimismo, dijo que sostuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de los derechos humanos y el tipo de información que recopilan es, sin duda, “de gran importancia para el mejoramiento y el mantenimiento de la situación de los derechos humanos en todos los países”.