La Paz. Cinco son buscados por presuntos vínculos en el proceso. Familiares del general Sanabria no se comunican con él.
Detención: Tres policías y un abogado son sindicados de tener complicidad con el envío del “cocazinc”.
La Prensa, Juan Carlos Chamorro
Juez ordena recluir a cuatro implicados en caso Sanabria
Audiencia: el abogado y los tres policías fueron remitidos a la cárcel, con detención preventiva
El abogado Yanic V.F. y tres efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el capitán Juan José U.G., el sargento Paulino T.F. y la cabo Betty P.S., fueron remitidos ayer a las cárceles de San Pedro y Obrajes por su supuesta complicidad en el caso Sanabria.
Tras la audiencia de medidas cautelares a la que fueron sometidos los cuatro aprehendidos, el juez Rolando Sarmiento ordenó ayer, a las 11.15, la detención preventiva de los dos policías varones y del abogado en la cárcel de San Pedro, y de la cabo, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Los tres efectivos fueron aprehendidos e imputados, el anterior lunes, por los aparentes delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.
El abogado fue apresado, también el lunes, e imputado de los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas bajo la modalidad de sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas.
IMPLICACIONES. Según las investigaciones de los fiscales, los tres policías participaron en la revisión, el 25 o el 26 de septiembre de 2010 (hay contradicciones sobre las fechas), de 210 bolsas cargadas con 10,5 toneladas de zinc que fueron enviadas en un contenedor desde Oruro a Miami, Estados Unidos, y en cuyo interior había escondidos 144 kilos de cocaína.
Yanic V.F. fue sindicado por los fiscales de haber entregado 8.000 dólares a los hermanos Wálter y Gonzalo Ojeda, para comprar el zinc a una cooperativa minera de Uncía, Potosí.
Está involucrado, además, por haber ayudado a ubicar a Ojeda por encargo de su tío Marcelo Foronda, detenido en Miami.
Según las investigaciones, la droga encontrada dentro del cargamento de zinc, el 29 de noviembre de 2010 en Miami, pertenecía a un grupo de narcotraficantes liderado por Marcelo Juan Foronda Azero y protegido por el general en retiro René Sanabria Oropeza, exdirector del Centro de Inteligencia y Generación de la Información (Cigein) del Ministerio de Gobierno.
Para realizar la exportación, según las pesquisas, Ojeda contactó al empresario peruano Roberto Orlando Igreda Coz, también detenido preventivamente en el penal de San Pedro por estar involucrado en este caso.
Contradicciones en las fechas y la revisión
En la audiencia de ayer, se manejaron dos fechas de la salida del contenedor, cargado con 10,5 toneladas de zinc, a Miami.
Según la Fiscalía y los tres policías aprehendidos, el cargamento fue revisado el 25 de septiembre de 2010, y ese mismo día salió de Oruro a Arica, Chile.
No obstante, según el empresario peruano Roberto Orlando Igreda Coz, dueño de la firma que fue utilizada para el envío del zinc, el cargamento fue revisado el 26 de septiembre de 2010 y fue enviado, a Arica, ese mismo día.
Según los efectivos, la revisión del cargamento era de conocimiento de la dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Oruro, pero de acuerdo con las investigaciones fiscales, esa unidad policial no tuvo conocimiento de ese hecho.
Paso a paso
Agosto de 2010: el abogado Yanic V.F., según su declaración, dijo que se encontró con su tío Marcelo Foronda en Oruro, quien estaba acompañado con Jorge Antonio S. y Rainier K.V.D.
En ese mes: Foronda pidió a Yanic V.F. conseguir un exportador para enviar minerales al extranjero, dijo el letrado a los fiscales.
El 21 de agosto de 2010: según la DEA, el general René Sanabria y el teniente coronel Milton Sánchez, director nacional y funcionario del Cigein, respectivamente, fueron grabados en Arica, Chile, por agentes encubiertos mientras negociaban enviar un cargamento de 144 kilos de cocaína para un grupo de narcotraficantes colombianos.
El 22 de agosto de 2010: se registra el arribo a Bolivia desde Chile, de Sanabria, Sánchez, Rainier K.V.D. y Jorge Antonio S.P.
Entre agosto y septiembre de 2010: Wálter Ojeda dijo que recibió 8.000 dólares del abogado Yanic V.F. para comprar el zinc.
13.500 dólares: confirmó Yanic V.F. que le entregó a Ojeda para la compra del mineral, y no 8.000 dólares.
El dinero de la compra del mineral: lo recibió Yanic V.F., desde Santa Cruz.
El 25 o el 26 de septiembre de 2010: el cargamento de la exportación de zinc, antes de que ingresara al contenedor, fue revisado en el frontis de la vivienda de Ojeda, en Oruro, donde estaba el mineral.
La Fiscalía y los policías: informaron que la revisión fue el 25. El empresario Roberto Igreda, dueño de la firma que fue utilizada para el envío del zinc, precisó que fue el 26.
El sello de revisión de la FELCN: marca la fecha del 25 de septiembre de 2010.
Las investigaciones de la Fiscalía: manifiestan que la jefatura de la FELCN de Oruro desconoció la revisión del contenedor.
El 29 de noviembre de 2010: la DEA descubrió, en Miami, que dentro de las 210 bolsas de zinc había 144 kilos de cocaína.
El 24 de febrero de 2011: Foronda y Sanabria fueron arrestados en el aeropuerto de Tocumen, Panamá.
El 26 de febrero de 2011: fueron aprehendidos el teniente coronel Milton Sánchez, los capitanes Felsi Calderón y Franz Siles, y el mayor Raúl Oña.
El 24 de marzo de 2011: fue aprehendido el empresario peruano Roberto Igreda.
El 25 de abril de 2011: fueron aprehendidos otros tres policías y el abogado Yanic V.F.
Ya suman 13 imputados: por el caso Sanabria, aún son buscadas tres personas.
Familiares del general no se comunican con él
Narcotráfico. Hay 13 involucrados en el caso. Cinco son buscados por presuntos vínculos en el proceso
Presos. Estos son los tres primeros policías involucrados en el caso de tráfico
El Deber, Christian Peña y Lillo H.
La familia del general retirado de la Policía, René Sanabria Oropeza, detenido en una cárcel federal de Miami (Estados Unidos), acusado de tráfico de drogas, indica no haber tenido contacto alguno con el ex hombre fuerte de Inteligencia del Gobierno de Evo Morales desde el día de su detención en Panamá, el 24 de febrero de este año.
“Si reunimos el dinero necesario para sacar nuestras visas vamos a viajar”, dijo Paola Sanabria, hija del general retirado, que confirmó que ellos no saben ni el nombre de la cárcel estadounidense en la que está recluido su progenitor.
La justicia de Estados Unidos determinó que el 23 de mayo se lleve adelante el juicio en contra del general retirado y se sabe que un abogado de Defensa Pública lo asistirá.
Al igual que la hija de Sanabria, el abogado de la familia, Ángel Mercado, aseveró que solamente se informan de lo que ocurre a través de los medios de comunicación. “No tenemos datos de nada”, agregó el jurista, que tampoco conoce alguna decisión de los familiares del general retirado de la Policía sobre un probable viaje a Estados Unidos.
Sanabria es uno de los 13 detenidos en este proceso, que, junto a Marcelo Foronda Acero, está recluido en un penal federal de Miami. Los otros 11 están presos en el penal de San Pedro (La Paz).
Entre los procesados figuran los policías suspendidos de la institución indefinidamente, Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Moncada, Franz Siles Ríos, Felsi Calderón Gil, Juan Ugarte Grájeda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga. Los otros involucrados son los hermanos Wálter y Gonzalo Ojeda, Roberto Igreda Coz (peruano) y Yanik Valenzuela Foronda.
Más detalles
– Buscados. La esposa y el hermano del general retirado de la Policía René Sanabria son dos de los cinco prófugos de este proceso. Los otros tres son un empresario que viajó con Sanabria a Panamá, un abogado y un ingeniero.
– Nexos. Todavía no se conoce con certeza si existe un vínculo entre los implicados en el caso Sanabria y el colombiano Jesús María Osorio Tórrez, acusado de traficar sustancias controladas y de ser el nexo de un cártel de narcotraficantes de Colombia.
– Investigación. La Policía está indagando para conocer cuántas son las personas involucradas en la venta del cargamento de zinc, en el cual se camuflaron los 144 kilos de cocaína que llegaron a Iquique y debían pasar a Estados Unidos saliendo de un puerto de Panamá.
– Informe. La comisión de fiscales todavía no definió su viaje a Estados Unidos y Chile para conocer detalles del caso.
Cuatro acusados más van presos por caso Sanabria
Narcotráfico. Involucran a los tres policías, enviados ayer al penal de San Pedro, con la salida del cargamento de zinc con droga. El abogado es el sobrino de Marcelo Foronda Acero
Proceso. Los acusados negaron tener participación en el caso y dicen que actuaron de acuerdo con los procedimientos
El Deber, Marco Chuquimia. La Paz
Incumplimiento de deberes y asociación delictuosa, son las principales acusaciones que pesaron en contra de tres policías y un abogado, respectivamente, en la audiencia cautelar que se verificó ayer y que concluyó con el encierro de otras cuatro personas en el penal de San Pedro por el caso Sanabria.
El caso involucra al general retirado de la Policía, René Sanabria Oropeza, detenido en una cárcel de Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas en un cargamento de zinc, en el cual se camuflaron 144 kilos de cocaína que llegaron a Iquique y debían pasar a EEUU saliendo de un puerto de Panamá.
Sanabria es uno de los 13 detenidos en este proceso, que, junto a Marcelo Foronda Acero, está recluido en EEUU. Los otros 11 están presos en el penal de San Pedro (La Paz).
El juez Rolando Sarmiento, determinó que el capitán Juan José Ugarte Grájeda, el sargento Paulino Tapia Flores, la cabo Betty Poma Sanga y el abogado Yanik Valenzuela Foronda, fueran recluidos en San Pedro mientras dure la investigación.
Los policías están encarcelados porque supuestamente realizaron la inspección del mineral donde se camufló la droga, sin ninguna autorización, ya que según los fiscales no se dio la orden de un oficial superior para realizar esta tarea.
La defensa de los acusados dijo que no existe la autorización, pero que hay la solicitud realizada por Walter Ojeda a la Felcn para que verifiquen la carga que se iba a exportar el 25 de septiembre de 2010. Esto se confirma con un informe de la Felcn de Oruro.
Asimismo, los abogados informaron de que el sargento Paulino Tapia realizó informes dirigidos a sus superiores sobre el trabajo que realizaron en los almacenes de la empresa DGC, que es de propiedad de Walter Ojeda, preso por haber comprado las 10 toneladas de zinc que usó Sanabria para llevar la cocaína. “Si la revisión era ilegal, entonces por qué mis clientes informan sobre el trabajo que hicieron y por qué su superior no dijo nada”, cuestionó el abogado Julio César Torrico.
Para la Fiscalía, la verificación que realizaron el jefe de inspecciones, capitán Ugarte y los otros dos policías fue ilegal porque no tenían autorización, pero admitieron que Ojeda pidió la revisión. Sin embargo, igual afirmaron que los policías no cumplieron con los procedimientos requeridos.
Sobre el abogado, la acusación que existe es la entrega del dinero a Walter Ojeda. Según la Fiscalía, no fue $us 8.000, sino $us 13.000 en total, ocho para la compra del mineral y cinco para los trámites de exportación.
La abogada de Valenzuela, Mabel Antezana, explicó que su cliente entregó dinero de Juan Foronda Acero a Walter Ojeda, porque este no contaba con una cuenta bancaria para los depósitos y que el contacto entre Ojeda y Foronda Acero, fue el error que cometió.
“El único pecado que tengo, es el tío que tengo, nada más”, dijo el abogado al salir de la audiencia. Evitó referirse a la compra del mineral y el retiro de 20 bolsas dos semanas antes de la exportación y la devolución de las mismas media hora antes de la verificación.
Según los abogados de los policías, nunca existió el retiro de esa carga y no entienden por qué se asegura que Ojeda se llevó las 20 bolsas.
Además, los abogados coincidieron, por separado, en una observación, hasta ahora la Fiscalía no cuenta con una certificación oficial de que en el contenedor que llevaba 140 toneladas de zinc había sustancias controladas, ya que todo el caso fue abierto por versiones de prensa.
La Fiscalía no supo explicar qué documento oficial tiene para sustentar que en esa carga había droga.
Investigan a dos entes certificadores
El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), y la verificadora internacional Alex Stewart, son las dos instituciones que están en la mira de los fiscales que investigan el caso Sanabria y sus vínculos.
Ayer, el abogado de los policías acusados, Julio César Torrico, dijo que sus clientes ingresaron a realizar una certificación aleatoria del mineral cuando los funcionarios del Senarecom y empleados de la verificadora Alex Stewart ya habían revisado la carga.
La Fiscalía afirmó en la audiencia que hay más personas que son investigadas y entre ellas se encontrarían estos empleados de la verificadora, del Senarecom y además las personas que acompañaban supuestamente a Yanik Valenzuela.
Asimismo, investigan la conformación de una empresa de exportación de minerales que estaba encabezada por Rainier Knez Vaca Díez, otro de los supuestos cómplices de Sanabria y que habría ofrecido más dinero para esta empresa.
El fiscal indicó que existe una persona de apellido Sánchez que es investigada y precisó que el nombre de Andrés no corresponde a esta persona y por tanto se rastrea quién era el acompañante de Valenzuela en todos los contactos.
Desde el banquillo
– Atraso. La audiencia estaba programada para las 08:50, pero se inició a las 09:20 por la tardanza del juez Sarmiento, que llegó retrasado a su fuente laboral.
– Control. Se observó un gran despliegue policial en la oficina del juzgador, donde dos decenas de policías antimotines custodiaban el ingreso de las personas que llegaron a participar y escuchar la audiencia de medidas cautelares.
– Agravante. Ninguno de los cuatro sindicados de participar en el caso Sanabria, pudo acreditar tener familia, trabajo conocido y domicilio fijo, por lo que la Fiscalía solicitó su detención preventiva en el penal de San Pedro. Además, el Ministerio Público asegura que existe la probabilidad de que los imputados sean culpables de los delitos por los que se los investiga. La defensa de los implicados presentó documentación que no fue suficiente para cambiar la decisión del juzgador.
– Agentes. Todos los policías involucrados en este caso viven en la ciudad de Oruro y tienen un promedio de dos años de trabajo en la Felcn. El sargento Paulino Tapia incluso tiene memorandos de felicitación por su labor.
– Temor. Los abogados de los procesados tienen miedo de que sus clientes puedan ser agredidos en su encierro porque fueron protagonistas de varias aprehensiones de delincuentes, vinculados al tráfico de sustancias controladas.