Cinco víctimas de la dictadura se crucificaron por espacio de siete horas frente al Ministerio de Justicia, en protesta por haber sido descalificadas del resarcimiento económico que determina una ley. La ministra del área, en respuesta, dijo que aún no recibió “planteamientos concretos”.
Medida. Las víctimas de la dictadura en protesta frente al edificio del Ministerio de Justicia, ayer.
La Razón / Luis Mealla / La Paz
“Se trata de cuatro mujeres y un compañero que han decidido crucificarse en los árboles que están frente al Ministerio de Justicia; estamos desesperados por el silencio de la ministra (de Justicia, Cecilia Ayllón); estuvieron en esa medida desde las 11.00 hasta 16.00, porque la COB (Central Obrera Boliviana) se comprometió a interceder por nosotros y preferimos suspender la medida de presión”, dijo Julio Llanos, delegado de las víctimas de la dictadura.
La ministra Ayllón respondió que ese sector no tiene “planteamientos concretos” y que las personas que realizan las protestas fueron descalificadas porque no cumplieron con todos los requisitos que establece la norma. La autoridad les sugirió resolver su situación tras acudir “ante la justicia ordinaria, a través de un proceso contencioso administrativo”.
El 13 de marzo, decenas de personas se apostaron en una vigilia en puertas de esa cartera gubernamental, en demanda de un resarcimiento del Estado por su condición de “víctimas políticas de gobiernos de facto”.
Norma. Demandan al Ejecutivo cumplir con la Ley 2640 de 2004, promulgada por el entonces presidente Carlos Mesa, que tiene por objeto “establecer el procedimiento destinado a resarcir (por daños) a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales, que violaron y conculcaron los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”.
Llanos explicó que entre 1964 y 1980 al menos 25 mil personas fueron aprehendidas por los gobiernos dictatoriales. Se presume que entre ellas hay unos 500 desaparecidos; detalló que de todo ese contingente sólo 1.200 calificaron para recibir el beneficio, pese a que —según él— el gobierno de Evo Morales se comprometió a subsanar esa situación.
“Nuestros compañeros se han crucificado, pero vino la dirigencia de la COB que se comprometió a poner en su pliego petitorio nuestro caso; con ese compromiso es que se ha levantado esa medida, pero eso es coyuntural porque cualquier momento tomaremos otras medidas más radicales, porque no podemos estar aquí ante la pasividad de la ministra”, acotó Llanos.
Al respecto, la ministra Ayllón aseguró que desde el 14 de marzo se reunió con dirigentes del sector, con quienes se determinó una revisión exhaustiva del proceso. Sin embargo, acotó que se rompió el diálogo con el grupo que protesta frente al ministerio porque no tiene planteamientos concretos. Según Ayllón, ellos piden cumplir la ley y, al mismo tiempo, revisarla. Sin embargo, la norma, según una de sus resoluciones, es “irrevisable”.
“Si vamos a cumplir la ley, obviamente no se revisa. Hay otros canales que nos franquea la ley; tenemos leyes que nos permiten reclamar si la autoridad administrativa se ha equivocado, esa resolución puede ser recurrida ante la justicia ordinaria a través de un proceso contencioso administrativo. Se proyecta una ley y un decreto supremo para resarcir ese daño y aprobar la lista a partir de ese decreto”, dijo.
Calificación dentro el conflicto
-Las víctimas de la dictadura aseguran haber cumplido todos los requisitos que demanda la norma y piden respeto a sus derechos.
-La ministra Ayllón dijo que de 6.000 solicitudes, sólo 1.814 calificaron por ley.