Cocaleros de Miraflores (norte de La Paz) no aceptarán control ajeno al de su comunidad.
En Apolo, el Ejecutivo intenta implantar el cato de coca
Militares continuaron la erradicación en la región de Apolo. El Gobierno promueve la biometrización para anular el libre cultivo de la hoja milenaria.
Conscriptos reanudaron la erradicación de coca el pasado miércoles en la comunidad de Miraflores.
Página Siete / La Paz
El Gobierno intenta implantar el cato de coca, que es propio del Chapare cochabambino, como parámetro de medición en las comunidades de Apolo. Éstas, que llevan más de 300 años en esa labor, nunca emplearon este sistema.
"En Apolo nunca se ha manejado la coca por cato ni por hectáreas; somos un área de producción ancestral por historia y el Gobierno nos quiere imponer lo que es propio del Chapare”, afirmó César Machaca, exdirigente de la Federación de Campesinos de Apolo.
El miércoles 23, militares y policías ingresaron en la comunidad de Miraflores para continuar la erradicación, frustrada por los enfrentamientos registrados el 19 de este mes. Aquel sábado, cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta perdieron la vida y 32 personas resultaron heridas.
Cuando los conscriptos avanzaban con sus machetes por las plantaciones, las mujeres lloraban porque, según dijeron, se les quitaba su única fuente de ingresos. "¿Con qué les vamos a dar de comer a nuestros hijos?”, preguntaba una de las pobladoras.
El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho, anunció en aquella oportunidad que la coca de los productores que no figuraban en el registro catastral sería erradicada por completo.
Sólo se respetará -afirmó- un cato para quienes se inscribieron en 2004, cuando, "de acuerdo a la Ley 1008, se procedió al catastro en esta región y se identificó a 38 productores definidos legalmente; de ellos vamos a respetar un cato de coca como determina la norma; el resto se erradicará”.
Machaca, quien citó la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aseguró que las zonas de Apolo son consideradas tradicionales, por lo que no puede aplicarse la biometrización ni el cato.
Un vecino de Miraflores, quien prefirió el anonimato, dijo que "si el Gobierno quiere erradicar la coca, pues que lo erradique todo, nosotros no vamos a biometrizarnos, nos trae restricciones en la producción, eso nos perjudica”.
El diputado Jorge Medina, exdirigente cocalero de los Yungas, explicó que en esta región tampoco se utiliza el cato.
Para la ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Cochabamba, Juanita Ancieta, efectivamente el cato es propio del Chapare y se permite sólo uno por familia. El secretario ejecutivo de la Federación Especial de Zonas Tradicionales Yungas Chapare, Eliseo Zeballos, apoyó esta afirmación. "Es un cato por afiliado, son 1.600 metros cuadrados (m2)”, dijo.
El senador del MAS y exdirigente cocalero Julio Salazar afirmó que los cocaleros del Chapare fueron los primeros en aceptar el cato como una forma de aportar a la lucha contra el narcotráfico, pues así se estableció mayor control y limitación en la producción de la hoja.
"Yo me acuerdo que antes, en las décadas del 80 y 90, eran hectáreas, hasta cinco por afiliado; no fue sencillo aceptar el cato porque es menos de la sexta parte de una hectárea, aunque también ha mejorado el precio”, dijo Salazar.
El cato tiene una extensión de 1.600 m2, en tanto que la hectárea abarca 10.000 m2.
El legislador sostiene que los productores en el departamento de La Paz no aplican el cato a raíz la desorganización de las federaciones.
"Hay desigualdad. Si en La Paz llegaran a la conciencia de los de Chapare no habría estos problemas, como existen en Apolo”, aseguró el también exdirigente cocalero del Chapare.
Agregó que después de la promulgación de la Ley 1008, en julio de 1988, no se deberían aceptar nuevas plantaciones.
El sistema biométrico sirve para evitar que haya engaños de los cocaleros y para que se cumpla lo que establece la norma, argumentó.
El viceministro Pucho, sin especificar cuál es la solución para los productores de Apolo que no están afiliados al catastro, se limitó a decir que "siempre estamos abiertos al diálogo, pero la fase catastral concluyó en 2004; quienes estén afiliados al catastro serán impulsados a la biometrización”.
La Ley 1008
Tradicional El artículo 9 define como zonas de producción tradicional las provincias del subtrópico paceño, además de Tiraque y Carrasco, del departamento de Cochabamba.
Alternativa El reglamento de la Ley 1008 establece que el Estado promoverá la producción alternativa para reducir los cultivos de coca. El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, sin estudios técnicos para ofrecer dichas alternativas, erradicó las plantaciones en la comunidad de Miraflores, Apolo.
Quieren "eliminar zonas tradicionales”
El exdirigente de la Federación de Campesinos de Apolo, César Machaca, considera que el Ejecutivo busca eliminar los privilegios de las zonas tradicionales de coca por presión de los cocaleros del Chapare.
"No tenemos que olvidarnos que el presidente Evo Morales era dirigente de esa zona; entonces, él no piensa en nosotros, en los productores de Apolo, su política es eliminar las zonas tradicionales”, dijo Machaca. En su opinión, no puede darse el mismo tratamiento a todos los productores, "no toda la coca puede ser ancestral. El Chapare quiere que no se hagan distinciones”.
Para el senador Julio Salazar, regular la producción es cuestión de conciencia. "Se luchó por hacer respetar la coca, pero no puede haber libre siembra como se quiere en el departamento de La Paz”, aseguró.