La demanda obligó a la administración de Sebastián Piñera a trabajar en una postura de país que no se viera afectada ante un segundo juicio ante La Haya, pues ya fue demandada por Perú por la delimitación marítima entre ambos Estados.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Foto: larepublica.pe
ANUARIO: Redacción central, 23 Dic. (ANF).- Luego de 134 años de haber perdido la cualidad marítima en la guerra del Pacífico (1879), tras 109 años de infructuoso y dilatado diálogo después de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904 y al menos ocho años de diplomacia banal tras la llegada al poder del presidente Evo Morales (2006), Bolivia decidió cambiar de estrategia para lograr el retorno a las costas del océano Pacífico.
El 2013 será recordado en la historia del país como el año en que Bolivia decidió enjuiciar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a cuyo tribunal solicitó que obligue a Chile para negociar con el país una salida soberana al mar, sobre la base de derechos expectaticios que se generaron a lo largo de los años de parte de Chile al haberse comprometido, en varias oportunidades, a lograr un acuerdo con Bolivia para solucionar el conflicto.
La decisión boliviana dejó de lado el Tratado de 1904, el cual en numerosas oportunidades fue puesto en boga por Morales, que lo califica como un instrumento impuesto e incumplido por el Gobierno de Chile.
La demanda marítima tuvo una elaboración de poco más de dos años y fue trabajada, inicialmente, por un equipo encabezado por Rubén Saavedra, actual ministro de Defensa, y posteriormente por Juan Lanchipa, ex presidente del Tribunal Constitucional, al interior de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar).
Tras su presentación ante la CIJ el 24 de abril, en la que resaltó la figura del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, designado por Morales como agente de Bolivia ante la Corte de La Haya y luego embajador de Bolivia ante los Países Bajos, Chile no tuvo más remedio que encarar su defensa, pues, inicialmente, subestimaba esta acción. “La demanda carece de fundamento”, decía el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Tras ser aceptada la demanda por la CIJ, el 30 de abril, comenzó una nueva ola en la dinámica política entre ambos países, de forma tal que las idas y venidas de cada presidente por hacer prevalecer su razón, motivaron, en varios meses de este año, acalorados debates sobre el tema marítimo.
LA INTRANSIGENCIA DE CHILE: “No vamos a ceder soberanía chilena a ningún país”, eran las reiteradas y previsibles reacciones de Piñera y de sus voceros, que, tras haber negado presentar propuestas útiles, concretas y factibles para solucionar el tema marítimo, inició una campaña para contrarrestar la ofensiva boliviana.
La demanda obligó a la administración de Piñera a trabajar en una postura de país que no se viera afectada ante un segundo juicio ante La Haya, pues actualmente enfrenta un proceso con Perú por la delimitación marítima entre ambos Estados.
Reuniones con su gabinete ministerial, con ex cancilleres e incluso la oposición política se vieron en Chile tras la presentación de la demanda marítima. Una de las primeras acciones del Gobierno chileno fue designar a Felipe Bulnes como su agente ante La Haya, un hombre cuyo apellido no es ajeno a la historia de Bolivia.
Basta rememorar el año 1839, luego de 14 años de independencia, Bolivia se encontraba presidida por Andrés de Santa Cruz Calahumana, quien encabezó a las tropas de la Confederación Peru-Boliviana en la Batalla de Yungay, en la que se enfrentó al ejército chileno encabezado por el general Manuel Bulnes, quien se alzó con la victoria en esta batalla considerada como una de las más sangrientas en la historia de América y que, también, puso fin al gobierno de Santa Cruz.
LA BUSQUEDA DE UNIDAD EN BOLIVIA: En lo que se refiere a Bolivia, la demanda marítima también motivó una serie de decisiones adyacentes. El presidente Morales decidió que las acciones que emprendía Bolivia sean socializadas no sólo con los actores políticos del país, sino con la sociedad civil en su conjunto.
Además de ex presidentes y ex cancilleres, el Gobierno, junto a Diremar, encabezó una cruzada de reuniones con empresarios, la oposición política, movimientos sociales y la población en su conjunto. Tal vez el más significativo fue el encuentro que sostuvo Morales con el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, con quien, hasta donde se conoce, habló sobre el Tratado Torrijos-Carter, que hizo realidad la devolución del Canal de Panamá a este país de parte de Estados Unidos, como un ejemplo de solución pacífica a una controversia bilateral.
En ese panorama se envolvió la cuestión marítima a lo largo de este año y se vaticina un 2014 de igual magnitud, pues la CIJ definió que Bolivia presente su memoria sobre la demanda hasta el 17 de abril del próximo año.
La memoria, como explicó el vicepresidente Álvaro García Linera, es un compilado de documentos donde se expondrá el carácter histórico, legal y moral del derecho marítimo boliviano. Chile, mientras tanto, deberá preparar una contramemoria hasta el 18 de febrero de 2015, en la que responda a los cuestionamientos bolivianos. Pasadas estas formalidades, se ingresará a la etapa de juicio oral, por lo que se prevé un fallo de este proceso dentro de al menos cuatro años.
Pese al cambio de gobierno en Chile, algo queda establecido, la demanda marítima no se suspenderá ante un eventual reinicio del diálogo entre Bolivia y Chile, así lo confirmó el presidente Morales en una de sus últimas declaraciones respecto al anhelo más preciado de los bolivianos, el retorno a las costas del Pacífico.