Mediante la promulgación de la Ley de Empresas Públicas el gobierno del presidente Evo Morales dejó sin efecto la Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), la principal norma de transparencia y anti-corrupción de Bolivia.
Esa al menos es la interpretación de Carlos Villegas, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), precisamente la mayor empresa estatal.
Según Villegas, hombre del círculo íntimo presidencial, las empresas estatales ya no tendrán que supeditarse a los controles de la Ley SAFCO sino que pasarán a regirse por el Código de Comercio.
Esto abre enormes dudas sobre la transparencia con la que se manejarán las más de 20 empresas públicas, la mayoría de las cuales ya son deficitarias. ¿Habrá compras sin licitación y, por lo tanto, un salto cualitativo en materia de corrupción?
Otra zona oscura de la Ley de Empresas Públicas tiene que ver con la competencia desleal que estas compañías subsidiadas por el Estado realizarían contra los emprendimientos privados, algo que ya vimos anteriormente en el rubro de la aeronavegación.
Agreguemos a esto las legítimas susceptibilidades que abre el artículo 9 de la norma, que viabiliza las “empresas grannacionales” a ser conformadas por Bolivia, Venezuela y Cuba, mediante las cuales las economías quebradas de estos últimos países podrían servirse de productos bolivianos a “precio justo”, esto es, inferiores a los del mercado.
Todo apunta a que estamos ante una nueva etapa en la aplicación del ruinoso modelo estatista-populista impulsado por la ALBA…