Los niños sin familia son abandonados por el Estado boliviano en los hogares

En Santa Cruz dan Bs 10 por día para su alimentación. Las organizaciones no gubernamentales, sobre todo la Iglesia católica, deben ocuparse del resto. No dan abasto y eso pone en peligro la vida. El Estado no tiene un solo hogar bajo su administración.

imageUna educadora del Hogar Fátima almuerza con los niños de entre dos y tres años. Lo idea es que se encarguen de seis niños a la vez, pero por falta de recursos deben vigilar y cuidar a entre 12 y 15. Foto El Deber.



La hermana Benedicta es tan bajita que apenas se la ve detrás de su escritorio. El poco español que habla le alcanza para decir su verdad: “Aquí nosotros salvamos vidas”. Ella es la directora del hogar Virgen de Fátima de Santa Cruz, un homónimo del de La Paz, donde hasta hace diez días estaba Alexander, el bebé de ocho meses que falleció supuestamente víctima de una violación. La hermana Benedicta, canosa y desconfiada, explica que aquí la muerte acecha a diario y hay que espantarla. El centro tiene 60 niños de entre cero y seis años y los 20 ítems que otorga el Estado para atenderlos no alcanzan para casi nada. Tampoco se dan abasto con las 30 personas que pagan con fondos propios y cada educadora, un eufemismo para decir niñera, debe encargarse de entre 12 y 24 pequeños a la vez.

“Los niños se despiertan y toman leche al mismo tiempo, así que la educadora tiene que acomodarlo en su cunita y dejarlo con el biberón apoyado en la almohada”, explica Mirtha Chavarría, trabajadora social del hogar.

Esta situación se replica en los 48 hogares de Santa Cruz de la Sierra, que pese a sus carencias están en mejores condiciones que los del resto del país. En La Paz, por ejemplo, el Defensor del Pueblo ha elevado un informe que agrupa las falencias en tres sectores: infraestructura, falta de personal especializado (parvularios, pedagogos, sicólogos, trabajadores sociales y médicos) y una situación de retardación de justicia que evita que los niños internados tengan la posibilidad de ser adoptados. Teófila Guarachi, representante del Defensor del Pueblo en La Paz, explica que los hogares tienen carencias por donde se los mire, desde los baños hasta la falta de personal profesional y especializado para atender a los niños.

“Desde hace 20 años en Santa Cruz hay 171 ítems para los hogares y no se ha creado ni uno más, pese a que los hemos solicitado muchas veces”, dice Ariel Villarroel, director de Asistencia Social de la Gobernación, que explica que la creación de ítems depende del Ministerio de Justicia y de Educación. “Desde hace diez años no se ha aumentado un solo cupo en ningún hogar, pese a que la población se duplicó”, señala Rossy Valencia, secretaria de Género de la Alcaldía cruceña.

El Estado (Defensor, Alcaldía, Gobernación) observa, critica, evalúa, pero no aporta demasiado. En Santa Cruz de la Sierra, salvo el hogar para víctimas de abuso sexual de reciente creación, ninguno de esos 5.000 cupos distribuidos en 48 hogares ha sido creado ni es mantenido por el Estado. Es más, 32 dependen de la Iglesia católica.

Una bomba de tiempo

Cristian sonríe y pisa con pose de crack una pelota hecha de cartones arrugados y plastificada con cinta de embalar, mientras Octavio Sabadín enumera los gastos por pagos de salario que hasta fin de año debe afrontar el Hogar Don Bosco. “Son Bs 690.000, que nos los debemos prestar”, dice frente a una cámara. Sabadín es un cura mayor, flaco, de cejas ralas y lentes a media nariz que habla con pasión.

Explica que cada día reciben Bs 10 por cada niño que albergan y responde con una cólera suavizada por tantos años de púlpito cuando se le pregunta para qué alcanza. “Yo me pregunto si la gente de la Gobernación tiene hijos y si ha calculado cuánto gasta todos los días para dar de comer”, dice.

Los Bs 15 por día que dará la Gobernación desde el próximo año tampoco es una solución. Según calcula Benedicta, en los bebés del Fátima gasta entre 25 y 30 por día en las cinco comidas que reciben.

En el Centro Sagrado Corazón, el único que depende de la Alcaldía, gastan Bs 40.

Patricia Acho, administradora de Don Bosco, explica que ellos pagan a 19 educadores que trabajan en dos turnos, cuando en realidad necesitarían al menos del doble. Cada educador trabaja con entre 25 y 30 niños y adolescentes, cuando lo ideal sería trabajar con no más de 12. Cobran el sueldo mínimo por esa labor, que a veces se extiende más de ocho horas cuando un niño se enferma.

En el hospital de niños, según Chavarría, no aceptan que los internen sin que una educadora se quede cuidándolo. Eso, en el caso de los hogares con niños pequeños, exige que se contrate a personal eventual para remplazar a la cuidante.

Pese a ello, conseguir atención de salud ya es todo un logro.

Los mayores de seis años, que no tiene cobertura del SUMI, deben ser asegurados a la Caja Nacional de Salud, que niega la atención a los niños en cuyos documento figure el nombre de los padres. “Si están en un hogar es porque no sabemos dónde están los padres”, se queja Sabadín.

Cuando no hay documentos, según Acho, las trabajadoras sociales se deben convertir en detectives que recorren la ciudad buscando parientes de los niños para presentarlos como testigos. Es lo que les exigen para extender un certificado de nacimiento que permita inscribirlos al SUMI, a la Caja o al colegio. “Ya hemos hablado con el Servicio de Registro Ciudadano pero no depende de nosotros”, se excusa Villarroel.

Dualidad

En los 23 años que lleva Sabadín como delegado de los hogares católicos -asegura- nunca ha conseguido sentar en una misma mesa a la Alcaldía y a la Gobernación para que trabajen juntos. Explica que, en Argentina, el Estado se hace cargo de los sueldos de los hogares católicos y acá el Estado da sueldos solo cuando él es el administrador. “No tienen mística ni proyectos de éxito. ¿Qué van a hacer 140 niñas víctimas de abuso todas juntas en un hogar? ¿Van a mezclar sufrimiento, incubar dolor y odio? Va a ser un infierno. ¿De verdad está funcionado la Granja de Espejos? La Gobernación tiene que decir que sí, después de los millones que invirtieron”, reniega Sabadín. También refuta el centro para 200 adolescentes adictos que prepara la Alcaldía. “¡Es absurdo encerrar a chicos drogadictos y pandilleros. No se los cura poniéndole un suero, es un tratamiento de cabeza y vida”, dice.

“Hay una relación falsa que debe acaba”, añade. La Iglesia ya se cansó de ver cómo el Estado sí tiene presupuesto para atender los centros que crea pero no para ayudar a los que ella gestiona. Desde esta semana buscarán un nuevo convenio con la Gobernación, en la que se comprometa a trabajar a la par de la Iglesia, porque seguir así, viviendo de prestado y con el Jesús en la boca, no es posible.

Fuente: EL DEBER