Javier Paz García
La siguiente legislatura estará controlada por el partido de gobierno. Por lo tanto, podemos suponer que las leyes que salgan de ahí darán más poder al Estado en desmedro de la libertad de los ciudadanos. Los legisladores de oposición, en la mayoría de los casos, tendrán un rol testimonial de rechazo y protesta contra la aplanadora oficialista o apoyarán las tantas leyes inútiles que salen del Congreso como declarar a tal ciudad como la capital del durazno.Sin embargo, existen áreas en las que un parlamentario liberal puede conseguir el apoyo de sus colegas socialistas para avanzar en una agenda que beneficie a la población. La cantidad de trámites a los que está sometido el ciudadano, junto a su inutilidad, redundancia y morosidad, es apabullante. Una legislatura que no dictara más leyes que aquellas que facilitan, agilizan o, mejor aún, eliminan tanto trámite pasaría a la historia como una de las mejores del país.Para ejemplo tomemos el caso de la inspección técnica vehicular. Para obtener esta viñeta es necesario ir a un banco a hacer cola y luego unas filas del demonio ante la Policía. Solo basta ver los micros en el centro de la ciudad botando un humo más negro que la noche para concluir que la inspección técnica es una payasada cuyo único propósito es generar ingresos para la Policía. Y si uno calcula la producción perdida por miles de personas que en vez de trabajar y producir tienen que hacer tales colas bajo el endemoniado sol oriental o el terrorífico frío occidental, no puede sino concluir que este asunto es un despropósito muy caro. No debe haber un ciudadano boliviano que se oponga a eliminar completamente este solapado impuesto, a menos que sea miembro de la Policía o funcionario de Gobierno.Otro ejemplo es la necesidad de hacer un memorial con un abogado para declarar que se perdió el pasaporte o que uno se lo quiere quedar por tener visas vigentes. ¿Por qué no tener en la misma oficina de Migración formularios que sirvan como declaraciones juradas? Semejante medida ahorraría tiempo al ciudadano que tramita un pasaporte, ahorraría el dinero que le tiene que pagar a un abogadillo de pacotilla para que cambie el nombre a su archivo de Word, imprima, firme y selle el documento y obligaría a docenas de abogados a buscarse un trabajo más útil para la sociedad.Y así podemos seguir con cada repartición del Estado, con cada trámite, con cada requisito, con cada cola que el Estado nos obliga a sufrir a nosotros, los pobres ciudadanos.El Deber – Santa Cruz