René Casanova Villarroel (55) y Robin Julio Ruiz (57), detenidos en la cárcel de Palmasola desde hace poco más de un mes por los presuntos delitos de abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual comercial de adolescentes, fueron liberados con medidas sustitutivas en una audiencia de cesación de la detención celebrada ayer en el penal en horas de la mañana.Albania Caballero, jueza Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, dispuso la libertad de los procesados con las restricciones siguientes: arraigo, una fianza económica de Bs 15.000 para cada uno y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía.En la audiencia de cesación, la primera solicitada por los imputados desde su detención, estuvieron las fiscales Rosa Ribera y Alejandra Ávalos que anunciaron la apelación por estar en desacuerdo con el fallo judicial.Favoreció el desistimientoPor datos de la fiscal Ribera, se supo que los empresarios involucrados presentaron certificaciones de sus domicilios, de trabajos y de sus familias, pero además se beneficiaron con el desistimiento de la acción penal por parte de la víctima, en este caso de los familiares de la adolescente, de 15 años, que resultó víctima de abuso sexual de uno de los sindicados, en un motel.“Tenemos tres días para apelar y lo vamos a hacer, el peligro de obstaculización sigue latente. Asimismo, tenemos que ejecutar algunas actuaciones pendientes para acusar a los procesados”, dijo Ribera.Según la investigación policial, los sospechosos supuestamente captaban colegialas valiéndose de una adolescente, también de 15 años, que se encargaba de inducir a sus compañeras o amigas a prostituirse a cambio de sumas de dinero en dólares.La Fiscalía cree que esta red de prostitución abusó al menos de cuatro chicas, entre ellas la adolescente de 15 años que relató cómo su amiga la llevó hasta un motel en compañía de un hombre de 57 años que trató de violarla, pero no lo logró.Chica abandonadaLa suerte de la involucrada en el hecho es distinta a la de los empresarios, pues continúa detenida en un reclusorio juvenil.Eva Esther Morales, coordinadora de la Red de Protección Integral a la Víctima de Violencia Sexual y Trata y Tráfico de Personas, lamentó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Defensa Pública hubieran abandonado a la infractora, descrita en la causa como corruptora.“Creemos que todo adolescente, imputado o afectado por estos casos de violencia sexual comercial, es víctima de un sistema de los adultos, por lo que no debemos reducir a la chica a imputada”, argumentó Morales.
Fuente: El Deber