El proceso contra el BISA fue iniciado en julio de 2012 por el Ministerio Público, a denuncia del empresario Roberto Saavedra Bruno.
Un fallo aprobado en noviembre del año pasado por la Sala Segunda del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) reactiva el proceso penal iniciado a mediados de 2012 por el Ministerio Público de Santa Cruz contra ejecutivos y ex ejecutivos del Banco BISA, a denuncia del empresario Roberto Saavedra Bruno.
Saavedra Bruno denunció en julio de 2012 ante el Ministerio Público a los principales ejecutivos del BISA (Drago Stojanovic Vucsanovic, Mandred Gerard Ledermann Pommier, Sacarías Eduardo Cuéllar Leigue, entre otros), por los delitos de estafa, falsedad ideológica, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.
El proceso se estancó en agosto de 2014, cuando la Sala Civil Segunda del Tribunal de Justicia de Santa Cruz denegó el amparo constitucional solicitado por Saavedra Bruno contra la Fiscalía del Distrito, que avaló en noviembre de 2013 el sobreseimiento a favor de los imputados, dictado el 4 de febrero del mismo año por el fiscal a cargo de la investigación. Esto, pese a que la misma Fiscalía del Distrito había revocado, el 11 de marzo de 2013, ese sobreseimiento y ordenado, por el contrario, formular acusación en un plazo de diez días.
Ante la negativa de la Sala Civil Segunda, que se constituyó para el efecto en Tribunal de Garantías, Saavedra Bruno recurrió a la última instancia de apelación: el TCP. Lo hizo a través de un memorial, el mismo que fue respondido por el TCP a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015-S2, la misma que en su parte final resolvió “revocar la Resolución de 8 de agosto de 2014 (…) pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz”, “conceder la tutela solicitada (por Saavedra Bruno)” y “disponer la nulidad de obrados”.
Al disponer la nulidad de obrados, el TCP avala la Resolución Fiscal del 11 de marzo de 2013, a través de la cual se revocó el sobreseimiento fiscal del 4 de febrero del mismo año a favor de los imputados y se conminó al fiscal de materia a presentar acusación formal contra los denunciados por Saavedra Bruno en un plazo de diez días.
Para llegar a esta sentencia, el TCP consideró todos los antecedentes “con relevancia jurídica”, en los que se incluyen los argumentos y pruebas presentados por Saavedra, así como el informe de la autoridad demandada (en este caso, la ex fiscal de Distrito, Marina Flores Villena) y la intervención de los abogados de Stojanovic y Ledermann, Jorge Asbún y Abel Montaño.
FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CASO BISA