Rafael Puente
El conflicto suscitado en Achacachi a partir de las denuncias de corrupción contra su Alcalde -militante del MAS y hasta ahora apoyado por su partido y por el Gobierno- alcanza proporciones cada vez más preocupantes. En los hechos se está articulando una alianza de organizaciones sociales, casi todas ellas indígenas, que con sus respectivas demandas están generando un conflicto múltiple y extenso que no se puede menospreciar. Las instancias de Gobierno que tienen responsabilidades relacionadas con este caso podrían preguntarles a los inolvidables Sánchez -Sánchez Berzáin y Sánchez de Lozada- qué recuerdo tienen de los problemas que les tocó vivir con Achacachi, y que jamás pudieron resolver. Por lo demás, ¿no fue precisamente ahí, en Achacachi, donde nuestro Vicepresidente nos dijo que «aprendió a matar?
No parece prudente quitarle importancia al conflicto ni plantear que para resolverlo hay el recurso del referéndum revocatorio Menos aún cuando el Gobierno es inevitablemente responsable del apresamiento del máximo dirigente vecinal y de dos maestros que ahora concitan el apoyo de su población. De sabios es rectificar errores, ¡mientras estamos a tiempo! Se puede decir que de hecho Achacachi ha venido a ser algo así como la capital de la aymaridad, y a partir de ahí se debe entender el significado de la participación del Mallku Felipe Quispe. No se gana nada preguntándose «a quién representa ese señor; oficialmente no es dirigente de nadie, pero en los hechos está representando algo así como una memoria de las luchas aymaras, y por tanto también de las luchas indígenas, y a partir de ahí se explica la articulación de las comunidades del TIPNIS, y la de los cocaleros de Yungas, y las que siguen, llegando (incluyendo a la Central Obrera Boliviana). Más bien habría que preguntarse «a quién representa el Defensor del Pueblo, un señor que no hace más que desacreditar a su propia institución y que en este caso tuvo el atrevimiento de garantizar que los Ponchos Rojos (o parte de ellos, los que se han dejado arrastrar por la vorágine del poder) no causarían ningún daño en el pueblo/ciudad de Achacachi; sin embargo, a él no se le pide cuentas de nada. Echarles la culpa del conflicto a los partidos de oposición equivale a magnificarlos, y por tanto es otro grave error. Los partidos de oposición se han caracterizado siempre por desconocer su propio país; además de que son débiles y están históricamente desacreditados; además de que -por eso mismo- no son capaces siquiera de unir fuerzas. Afirmar por tanto que detrás del conflicto de Achacachi está la oposición es ofender -y provocar- a los vecinos organizados de Achacachi y a todos sus actuales aliados. En los hechos equivale a fortalecer a la oposición, y en todo caso agravar el conflicto. Peor aún afirmar que detrás de toda esa movilización está la Embajada de los Estados Unidos. Desde que se acabó el Pacto Militar-Campesino -y se conformó una CSUTCB realmente independiente- las intromisiones de esa embajada han sido siempre contraproducentes. ¿O no recuerdan ustedes el día que Evo, en la campaña electoral del 2002 proclamó al embajador norteamericano como su «jefe de campaña? ¿Cómo se explica que al cabo de 15 años de aquello estemos perdiendo la lucidez? Probablemente se deba al carácter inevitablemente desgastador del ejercicio del poder. Razón de más para ponerse a pensar. Además, es inevitable recordar que el Alcalde de Achacachi no es el único burgomaestre masista que está seriamente acusado de corrupción. Después de los malos ejemplos de Patana (en El Alto) y del Cholango (en Cochabamba) son cada vez más los que siguen su ejemplo Ahí debería concentrarse la preocupación del MAS, ¿no creen ustedes? Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba. Fuente: paginasiete.bo