El gobierno español indicó que aumentará el control judicial sobre la agencia de inteligencia del país, semanas después de que ésta admitiera haber espiado a independentistas catalanes con autorización judicial. El presidente Pedro Sánchez anunció planes para reformar la ley del 2002 que establece este control judicial, y anunció que buscará remplazar la ley actual de secretos oficiales, que data de 1968 cuando el país estaba bajo la dictadura de Franco.
Con Luis Méndez, nuestro corresponsal en Madrid, y la AFP.
El escándalo de las escuchas telefónicas ilegales a políticos independentistas catalanes ha llevado al presidente Pedro Sánchez a impulsar un mayor control de los servicios de inteligencia para evitar que las brechas en seguridad vuelvan a producirse en el futuro.
«Máximo respeto a los derechos individuales y políticos»
«Se trata de reforzar las garantías de ese control» judicial sobre los servicios de inteligencia, «además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas», señaló Sánchez en una intervención ante el Congreso de los Diputados.
El ejecutivo socialista busca aprobar una nueva ley de secretos oficiales para garantizar mejor los derechos individuales. Ha sido sobre todo la presión de los independentistas y sus amenazas de romper la colaboración parlamentaria con el gobierno si no se aclaran los hechos, la que ha obligado a Sánchez a tomar cartas en el asunto.
El anuncio se produjo a poco más de un mes de que estallara el escándalo el 18 de abril, cuando en un informe publicado por la organización canadiense Citizen Lab se aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana fueron infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
¿Desde Marruecos?
La ministra de Defensa, Margarita Robles, al igual que la derecha española, han sido muy condescendientes con el espionaje a los separatistas catalanes por parte de los servicios secretos españoles, que apenas se han saldado con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, algo que los políticos afectados consideran insuficiente.
Además, los fallos de seguridad también facilitaron el espionaje de ministros y del propio presidente socialista mediante el programa Pegasus.
En este caso el responsable podría ser un gobierno extranjero, aunque no se descartan otras hipótesis más cercanas. El gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos fue producto de un «ataque externo» de un actor sin identificar, aunque la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
Pedro Sánchez anunció esta reforma junto a la futura adopción de una nueva ley de «información clasificada», en sustitución de la anterior de 1968 aprobada bajo la dictadura de Francisco Franco, para «que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales».
