Drogas, corrupción y política

BBC Mundo.com. Informe del Congreso de EE.UU. destaca mejoras en la colaboración internacional contra las drogas, salvo en Venezuela

La lucha contra las drogas en América Latina y el Caribe muestra avances, aunque falta de recursos, corrupción y -en el caso de Venezuela- problemas políticos que afectan su desempeño, según un informe presentado este jueves por la Oficina de Supervisión del Gobierno de los Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés).

La GAO es el equivalente a una contraloría que trabaja a las órdenes del Congreso supervisando cómo el gobierno estadounidense gasta el dinero público. Se define a sí misma como «no partidista».



Su estudio se centró en Bahamas, Ecuador, Guatemala, Haití, Jamaica, República Dominicana, Panamá y Venezuela, que son considerados los principales países de tránsito de la droga que fluye hacia EE.UU.

México no está incluido porque recientemente la GAO presentó un informe sobre la situación en ese país, a través del cual se estima que ingresa el 90% de la cocaína producida en la región andina con destino al mercado estadounidense.

En resumen, el estudio encontró mejoras en el trabajo de los sistemas de inteligencia, las operaciones marítimas y terrestres de intercepción de cargas y en el procesamiento legal de los narcotraficantes, aunque reconoce que es difícil recabar la información más precisa dado el gran número de países involucrados.

Avances y problemas

«Desde 2003 gracias al programa internacional antinarcóticos, los EE.UU. y los ocho principales países de tránsito, con excepción de Venezuela, han mejorado la cooperación en el combate al tráfico de drogas», es la principal conclusión del informe solicitado por el Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, «varios factores, incluyendo las limitaciones de recursos y falta de voluntad política, han impedido que EE.UU. progrese en su ayuda para que los gobiernos sean socios plenos y autosuficientes en los esfuerzos antinarcóticos».

Pese a la transferencia de equipos y el entrenamiento dado por diferentes agencias estadounidenses, algunos socios carecen de recursos para mantener los sistemas operativos o incluso para costear los costos de combustible que requieren las operaciones de intercepción de cargamentos de drogas por aire, mar y tierra.

«Los programas para fortalecer la capacidad de interdicción marítima se han visto afectados, ya que los países socios carecen de combustible y otros recursos necesarios para operar y mantener las embarcaciones provistas por EE.UU.», reporta la GAO.

Un problema adicional es la corrupción de las instituciones -particularmente las fuerzas del orden -en los países bajo estudio.

Basado en cifras de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, la GAO estima que los ocho países (excepto Bahamas que no ha sido analizada) registran altos niveles de corrupción, lo que dificulta tanto la cooperación antidrogas.

Venezuela y Ecuador

«La cooperación con Venezuela ha declinado dramáticamente en años recientes, y en 2006 y 2007 el Departamento de Estado reportó que Venezuela había fallado «ostensiblemente» en hacer esfuerzos sustanciales en la guerra contra la droga», dice el informe de la GAO.

En 2005 el presidente Hugo Chávez suspendió los trabajos conjuntos que hacían las fuerzas de seguridad venezolanas con la Agencia Antidrogas de los EE.UU., la DEA, a la que acusaba intentar desestabilizar a su gobierno, acusaciones que la agencia rechazó.

Desde entonces, funcionarios antidrogas estadounidenses aseguran que el tránsito de droga por Venezuela aumenta, mientras que las autoridades venezolanas presentan un supuesto incremento de los decomisos como demostración del éxito de su política antinarcóticos.

En julio pasado Chávez le hizo saber al embajador en Caracas, Patrick Duddy que el vínculo con la DEA podría reestablecerse, aunque no se ha conocido de nuevos acercamientos.

En Ecuador la investigación identifica la amenaza de que «los desarrollos políticos puedan amenazar la futura cooperación internacional en operaciones marítimas», y destaca la decisión del presidente Rafael Correa de no renovar el acuerdo que permitía que fuerzas estadounidenses realicen operaciones antidrogas desde la base de Manta, en el Océano Pacífico. El acuerdo vence en noviembre de 2009.

Problemas internos

El informe de la GAO también hace señalamientos al gobierno de EE.UU., el que considera que podría coordinar mejor algunos mecanismos ya existentes para controlar la entrada de drogas al país.

Específicamente en el informe se habla del potencial que ofrece la llamada Iniciativa para la Seguridad de Contenedores un programa del Departamento de Seguridad Nacional, CSI, que busca impedir que entren a EE.UU. de contrabando armas de destrucción masiva.

Se cuestiona el que la CSI no se le haya «utilizado de forma rutinaria para detectar drogas ilícitas, pese a que se podría usar para este propósito», y lamenta que sus sugerencias en ese sentido no hayan sido bien recibidas por el gobierno, que considera que complicaría la función original del programa.

Según la GAO, entre 2003 y 2007, período que abarcó el estudio, Washington invirtió casi US$1.000 millones en ayuda directa o indirecta para el combate al narcotráfico en esos países.

Se estima que entre 2002 y 2007 el flujo de cocaína hacia EE.UU. estuvo entre 2.650 y 4.650 toneladas, y se incautó entre 22% y 38%.