Los Tiempos
Editorial
Por donde se vea, el enredo es más complicado al correr del tiempo, sin que nadie repare en sus consecuencias.
El desahucio presidencial a la posibilidad de la apertura de un proceso de negociación con sus opositores cívico-regionales en torno del proyecto de nueva Constitución, mientras el movimiento contestatario de estos últimos sumaba prácticamente los quince días en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, ha conducido la crisis hacia un callejón sin salida, pese tanto al perjuicio que sufre el país, como a la incertidumbre que éste estado de cosas genera en el seno de la sociedad civil.
Lo paradójico del caso es que una encuesta de firma acreditada reveló, de forma casi simultánea, que el 86 por ciento de las personas consultadas en el eje central del territorio, había reclamado un diálogo entre las partes en punga, y que sólo una de cada diez, al ser inquiridas sobre si habría que modificar todo lo necesario –en relación a aquél documento y a los estatutos autonómicos de los distritos mencionados– para llegar a un acuerdo, sostuvo que no debía llevarse a cabo ningún cambio al borrador de carta fundamental.
Es decir que según tales datos, el grueso de la población se inclina por una ley de leyes consensuada, a despecho de las afirmaciones gubernamentales en el sentido de que quiere más bien votar por la que la Asamblea Constituyente aprobó en La Glorieta y Oruro en las condiciones de todos conocidas.
Ahora bien, si algo de positivo dejó traslucir la posición del primer mandatario, es que ha asumido que el meollo del conflicto radica en el contenido y las connotaciones de ese proyecto normativo a propósito de la autonomía y los estatutos con los cuales se la pretende sustentar, más allá de lo concerniente a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, cuando supuso que podría tratarse de cuestiones referidas a «competencias y atribuciones», aunque a la vez afirmara que al respecto únicamente serían factibles ciertas «articulaciones» por conducto de «reglamentaciones y medidas secundarias», dando a entender que no permitirá que se toque el fondo, en el que –de paso sea dicho– asienta la ejecución de su ideario y su reelección en el cargo.
En este contexto, los sectores afines al Movimiento al Socialismo ratificaron su determinación de llegar en marcha a la sede de gobierno para cercar el Congreso a partir del próximo martes, previo el inicio de una suerte de sitio a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ésta semana, en la perspectiva de que las cámaras consideren el 23 los proyectos de ley para la convocatoria al referendo múltiple que el Ejecutivo les ha remitido en reemplazo de su decreto y que, a decir de la principal fuerza opositora, se estrellarán contra una férrea resistencia.
Por donde se vea, el enredo es más complicado al correr del tiempo, sin que nadie repare en sus consecuencias.