Al borde de la clandestinidad

Editorial de El Nuevo Día.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, afirmó el miércoles que es posible que la mejor opción para él sea esconderse en lugar de insistir en un diálogo que el Gobierno ha encarado como una excusa para que la oposición le convalide, bajo amenaza, su proyecto totalitario contenido en la Constitución Política del Estado.

La ironía del Prefecto se produce cuando está en marcha la acción de persecución política y guerra psicológica más despiadada desde que el régimen de Luis García Meza recomendó a los bolivianos andar con el testamento bajo el brazo.



El Gobierno de Evo Morales ya no comete deslices, pues parece una decisión tomada y absolutamente consciente la de pisotear las leyes y ejecutar de forma sumaria la detención y procesamiento de sus enemigos políticos en los departamentos que se resisten a sus imposiciones. Es tal el atropello y la prepotencia, que hasta la Corte Suprema de Justicia se quedó muda luego de que el Ministerio de Gobierno le contestó que no le da la gana de cumplir con la orden de enviar a Sucre al prefecto pandino Leopoldo Fernández.

La detención del dirigente cívico chaqueño José Vaca fue ejecutada por agentes encapuchados del Ministerio de Gobierno. Lo que en principio es un secuestro, no puede ser “legalizado” más tarde con la entrega del arrestado a un fiscal en La Paz, donde ha sido encarcelado violando todas las normas vigentes en el tratamiento de un acusado, el mismo que debería ser procesado en la jurisdicción en la que supuestamente se cometió el delito que se le imputa.

La tortura de una mujer policía detenida en Pando no es un caso aislado de abuso de fuerza, pues su testimonio coincide con las declaraciones de los 14 pandinos que se encuentran confinados en un regimiento en Viacha, quienes dieron cuenta de la brutalidad de la que fueron víctimas en el momento de su detención. Estos hombres han estado incomunicados, no han podido ver a sus familiares y tampoco gozan de asistencia jurídica, salvo la visita de varias comisiones que pudieron estar con ellos luego de insistir durante varios días con las autoridades, que confunden Estado de sitio con ley marcial y a los confinados con prisioneros de guerra.

El periodista y sacerdote Eduardo Pérez decía ayer en su programa de radio que no sabía qué pensar en relación al caso Leopoldo Fernández y que no tenía seguridad si lo iban a juzgar o a fusilar. Otro periodista se preguntaba en un artículo si Evo Morales es capaz de torturar. Sólo hay que revisar cómo actúa el sindicalismo en el Chapare para salir de dudas. A lo mejor no hace falta ir tan lejos y remitirse a la amenaza del presidente de avanzar “por las buenas o por las malas” y obviamente al margen de la ley, como ya lo anticipó.

Algunos seguramente escucharán las recomendaciones del prefecto Cossío y se esconderán, otros, retomarán su lucha contra la dictadura.

El Gobierno de Evo Morales ya no comete deslices, pues parece una decisión tomada y absolutamente consciente la de pisotear las leyes y ejecutar de forma sumaria la detención y procesamiento de sus enemigos políticos en los departamentos que han venido resistiendo a sus imposiciones.