La vida de los guerreros del gas empeoró en los últimos 5 años

image

• En Warisata • René Rojas (izq.) muestra a su madre las tres heridas de bala. Se encuentra a campo abierto, cerca de Warisata, donde los militares y campesinos cruzaron fuego.



La Razón

Un día como hoy, hace exactamente cinco años, El Alto era escenario de los peores hechos sangrientos de octubre del 2003. El convoy de combustible dejó a su paso más de 20 muertos aquel 12 de octubre.

El tiempo pasó y quienes creyeron haber peleado por el gas y por una mejor existencia, ahora viven peor. El gas nunca llegó y tuvieron que padecer su dolor por los hospitales sin mucha ayuda para pagar sus facturas.

“Es mejor morir por una bala porque vivir (así)… es un infierno”, aseguró Elizardo Chambi, herido por un proyectil en el abdomen, el 19 de septiembre de 2003, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada envió a militares y policías a rescatar a medio centenar de turistas de la localidad paceña de Sorata.

Chambi se encontraba en la carretera de salida hacia La Paz, cerca de la población de Warisata. Estaba junto a los comunarios que bloqueaban en protesta por la venta de gas a Estados Unidos, por un puerto chileno.

La Razón conversó con algunos que aseguran que su lucha fue en vano, pues sus vidas sólo empeoraron. El miércoles, este medio visitó Warisata. La madrugada del 20 de septiembre del 2003, esa localidad se convirtió en un campo de batalla.

Ese día, detrás de una plaza del pueblo, don Miguel Cosme, abre la puerta de su casa. Recibe a este medio y pregunta (en aymara) “¿Me han traído gas? Me sacan fotos, cuento mi historia, pero no me traen gas”.

Su sobrino y sus familiares ayudan en la traducción. Juan Cosme, su hijo, agonizó media hora antes de morir. Una bala le atravesó el pecho.

A seis kilómetros del lugar, Eliodoro Quispe, profesor en una escuela de Cohani, señala el lugar del hecho y relata: “Por allá (en los cerros) estaban los militares. Esto era un infierno, las balas venían de un lado y del otro”.

Su hijo, Marcos Quispe, tenía 20 años, estudiaba en la Normal de Warisata y murió cuando escapaba de las balas. “Ya seríamos colegas”, dice. Su familia y las autoridades del pueblo lo enterraron. Después, nadie se acordó de ellos. La esposa e hijos de don Eliodoro se fueron a La Paz y él se quedó a trabajar en el sector.

Otro recuerdo llega a su mente: “Los aviones y los helicópteros de guerra sobrevolaban por aquí con ráfagas de metralletas. Algunos, que tenían esas armas de la guerra del Chaco, los máuser, con eso se han defendido”.

Octubre del 2003. El 12, en un intento de abastecer de combustibles a La Paz, los militares escoltan cisternas y carros con GLP hacia la hoyada. Decenas de personas mueren en El Alto. Al día siguiente, se producen más decesos. En total perecieron 68 personas y aproximadamente 400 quedaron heridas.

Claudia Flores, esposa de uno de esos 400 heridos (Julio Huanca), dice que sigue esperando la cooperación del Ejecutivo.

“A mi esposo le entró la bala por el lado derecho del cuello, hasta la columna. Nadie nos ayudó. Una ONG (Organización No Gubernamental), colaboró con los gastos de operación”. En su casa, ubicada en la urbe alteña, el gas no es domiciliario.

Silvestre Huayhua era mecánico y trabajaba en El Alto. Perdió su empleo y ahora su esposa lo mantiene “vendiendo sus cositas” porque la herida que le causó la bala que le llegó a su pelvis le obligó a utilizar muletas desde hace cinco años. El jueves, Huayhua estaba en La Paz, reunido con las víctimas de octubre y con los asesores legales.

Fueron al Parlamento a exigir que se apruebe el proyecto de ley para el resarcimiento a las víctimas de octubre del 2003.

Hace dos años, el 2006, el vicepresidente de la República y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, convocó a una conferencia de prensa para exhortar al Parlamento a tratar “lo más antes posible” esa ley.

Otra persona que reclama porque hasta ahora no le devuelven el dinero que gastó en su curación es Martín Larico, que vive en Rosasani, en El Alto. Él tiene una herida en el fémur derecho e injertos de hueso.

19 de septiembre • Militares y policías ingresaron a la localidad de Sorata para rescatar a turistas que se encontraban varados por los bloqueos.

20 de septiembre • En Warisata se produce un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y campesinos. El resultado es la muerte de un soldado y de cuatro civiles. 8 de octubre • Comienza un paro indefinido en la ciudad de El Alto con marchas y bloqueos. La movilización fue encabezada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve). 9 de octubre • Llegan los mineros desde Huanuni. Policías y militares se enfrentan a mineros y vecinos en la zona de Ventilla. Dos personas mueren y al menos 16 resultan heridas.

12 de octubre • El gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada envía militares a El Alto para resguardar las cisternas que abastecerían a La Paz. Poco más de dos decenas de muertos se producen ese día. 13 de octubre • Se emite un decreto para no vender gas natural al exterior hasta que no se consulte a la población. Pero, el conflicto se radicaliza. Violentos choques dejan, al menos, 14 muertos más.

17 de octubre • El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció. Mientras su carta era leída, él partía hacia Santa Cruz y luego a EEUU.

18 de octubre • El nuevo presidente, Carlos Mesa, visita la ciudad de El Alto.

“El gobierno de Mesa ha pagado los gastos” “El gobierno de Carlos Mesa ha pagado los gastos del hospital. Mi operación, todos los gastos han corrido de parte de Carlos Mesa. Yo he estado, aproximadamente, tres semanas en el Hospital General. La bala que recibí se ha quedado alojada en mi cerebro. Hasta el momento, hasta hoy estoy así (con la bala en la cabeza). Yo creo que tenía que quedar mal, tal vez sin habla o, hubiera quedado paralítico. Por eso es que no me han operado, pero creo que había un Dios. Cuando la bala entró por mi ojo derecho era como si me hubiera chocado contra una pared, así nomás he sentido. Era el domingo 12 de octubre, cerca del mediodía. Bajé a comprar un periódico a la planta de alta tensión de Río Seco. En la esquina han bajado de un camión 70 dálmatas (Policía Militar) y un coronel estaba agarrando su arma apuntando de frente, me he asustado. Me he lanzado y nos hemos trenzado con el coronel. La intención era quitar el fusil y tal vez rematarle. Él ha pedido auxilio y seis dálmatas le han ayudado y no sé cómo uno de ellos me ha disparado. Por la zona, en Villa Ingenio, de El Alto, aún no tenemos gas pero hay un proyecto. Han puesto zanjas y todo, pero no hay gas”. “Estamos sufriendo (…) no sabemos qué hacer” “Yo estaba en Sorata. Ese día pasaban las balas por todo lado. Estaba andando, correteando y escapando. Toda la gente corría, no me imaginaba que me iba a pasar esto (muestra su herida). De pronto, mientras estaba escapando, a una distancia de tres metros, me han apuntado los militares. Ese rato me he asustado entonces me he escapado y he empezado a correr rápido. Cuando estaba corriendo me he caído sobre una piedra y ese rato me han disparado en mi tobillo derecho. Con la bala han destrozado los nervios y por eso he quedado así. Me han tenido que amputar mi pie y ahora estoy con un aparato ortopédico para caminar. También estoy utilizando dos muletas para poder caminar. Antes, cuando estaba bien, trabajaba en las minas o me iba a los Yungas y hacía una cosita u otra. Pero, hace cinco años que ha pasado todo esto y ahora no estoy trabajando. Estamos sufriendo porque no sabemos qué hacer. A mí, por ejemplo, me duele mucho el pie. No tenemos trabajo. Ya va a ser un año que no estoy trabajando. No es posible para mí mantenernos, esa es la situación. Ahora yo sigo viviendo en Sorata y vengo de vez en cuando a la ciudad de La Paz a ver esto de la Ley de Resarcimiento”. “Cuando se organiza la gente ya tengo miedo” 5“Mi abuelo ha llegado desde Sorata a pie, hasta el hospital de La Paz para verme luego de que me han herido, en Sorata. Yo estaba ese rato en la carretera. Estábamos en el camino con la mayoría de los comunarios. De uno nomás (de repente) ha ingresado el helicóptero disparándonos y adentro, en Sorata, (los militares) ya estaban con las flotas sacando a los turistas. Uno de los compañeros, el Javier Curaca, también ha muerto. Me han baleado acá (se levanta la chompa y polera) en el abdomen. He estado hasta el 20 de enero (del 2004) en el hospital y estaba con colostomía (los intestinos salidos). He vuelto a ingresar hasta el mes de mayo. Ese mes me operaron de nuevo y ahorita todavía necesito platino en la espalda. No he sentido nada cuando entró la bala. Creo que es preferible morir de un balazo a que esté sobreviviendo. Cuando sobrevives es como si estuvieras pasando un infierno, el dolor. Mi vida ha cambiado desde entonces. Soy un poco más alteradito. Cuando se organiza la gente ya tengo miedo. Hace cinco años tenía 20, estudiaba en la ciudad de La Paz en una institución, pero lo he dejado. Ahora recién he vuelto a retomar el estudio. Es preferible morir de un balazo a vivir en este infierno (…)”. “He perdido un año del colegio, pero he salido” “Antes estaba en la selección de fútbol de Warisata, ahora ya no. Chango nomás era cuando ha pasado, tenía 14 años. A las cinco (17.00) estaba en la pampa. Estábamos con mi mamá pasteando, haciendo chacra. Me he venido a mi casa de Warisata desde el campo. A esa hora me ha ocurrido el accidente. Estaba volviendo a mi casa y he visto a los militares y me he ido donde mi mamá. Después, caminaba por la calle y de pronto he sentido la bala que me ha entrado. Un dolor bien fuerte, no me he dado cuenta. Me he asustado no me he dado cuenta. Un poco me he desmayado, parece. Ya no podía levantarme me he caído hacia adelante. Una persona de Warisata me ha ayudado. Estaba buen tiempo botado ahí, por lo menos una hora solito. En Warisata sabían que estaba herido y me he encontrado con mi mamá allá en La Paz. Me han llevado solito en la ambulancia y estaba de pena, pensaba en mi mamá y mis hermanitos. Esa vez, he perdido un año del colegio, pero he salido bachiller. Cuando hace frío mi pie me duele, ya no es como antes. Ahora trabajo haciendo ladrillo, hago de todo, cargo, pero me duele”. Su hermano dijo que desde ese año el carácter de César cambió, “antes él era alegre”.

A CINCO AÑOS DE LOS SUCESOS, GONI AÚN NO FUE NOTIFICADO

PROCESO • La Suprema convocó a 14 de sus ex colaboradores, menos a dos de ellos ni al ex presidente que están en EEUU.

El juicio de responsabilidades por los hechos de octubre del 2003, cuando enfrentamientos entre civiles y militares dejaron al menos 68 muertos y 400 heridos, aún no llegó al principal imputado, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El 17 de mayo del 2005, la Corte Suprema aceptó la imputación presentada por la Fiscalía General contra 17 personas e inició la etapa preparatoria del juicio con la entrega de notificaciones y la toma de declaraciones. Esta etapa se estancó cuando tenían que prestar su declaración el ex mandatario y dos de sus ministros, Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Minería e Hidrocarburos), quienes están en Estados Unidos desde su salida del país el año 2003.

El 2005, se envió a EEUU un exhorto suplicatorio (solicitud de colaboración internacional a través de tratados bilaterales y multilaterales) para que el Departamento de Justicia de esa nación informe a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague del juicio en su contra. “El Gobierno de Estados Unidos nunca dio respuesta a esta notificación, no dijeron si aceptan o no (el exhorto)”, informó el fiscal asignado al caso, Milton Mendoza.

El 28 de marzo de 2007, los tres imputados fueron declarados rebeldes y con orden de aprehensión por no apersonarse al proceso penal. La Corte Suprema les designó abogados defensores de oficio. El 17 de octubre de ese año, la Fiscalía presentó la acusación formal y en septiembre del 2008, la Corte Suprema informó de la misma a 15 de los 17 implicados.

Entonces fueron notificados Yerko Kukoc (ex ministro de Gobierno), Javier Torres Goitia (ex ministro de Salud), Mirtha Quevedo (ex ministra de Participación Popular), Hugo Carvajal (ex ministro de Educación), Guido Áñez (ex ministro de Agricultura), Erick Reyes Villa (ex ministro de Desarrollo Sostenible), Adalberto Kuajara (ex ministro de Trabajo).

En cuanto a los miembros del Alto Mando Militar del 2003, se notificó a Roberto Claros (ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas), a Juan Véliz (ex Comandante del Ejército), a Luis Alberto Aranda (ex almirante de la Fuerza Naval) y a José Quiroga (ex jefe de la Fuerza Aérea).

En cuanto a los implicados que están fuera del país, el órgano judicial notificó de la acusación sólo a sus abogados de oficio: Elizabeth Vargas (abogada de Sánchez de Lozada), Nelson Quinteros (abogado de Sánchez Berzaín) y Freddy Méndez (abogado de Jorge Berindoague).

El 6 de octubre, según el fiscal Mendoza, se notificó a las dos ex autoridades que faltaban: Dante Pino (ex ministro de Asuntos Financieros) y Gonzalo Rocabado (ex Comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas).