Los secuestrados bolivianos, son un caso único, porque en nuestro país, las víctimas son atacadas y los victimarios gozan de apoyo popular. Una situación que ya desearían para ellos los terroristas de las Farc colombianas. 
Argumentos de masistas: a falta de razones, buenos son los chicotazos.El gobierno de Evo Morales, violando leyes y procedimientos, ha secuestrado y metido en la cárcel a un prefecto electo por el voto popular, a dirigentes cívicos y mantiene una sañuda persecución pseudo legal, con fiscales y jueces acólitos del régimen, contra todos aquellos ciudadanos que protagonizaron medidas de presión en defensa de los intereses regionales de los departamentos autonomistas.En un resquicio de racionalidad jurídico legal que aun queda en algunos estamentos del Poder judicial en Sucre, la Corte Superior de Justicia de esta capital ha declarado procedente el Habeas Corpus presentado por la defensa del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, tomando en cuenta que en la detención de esta autoridad se pisotearon todos sus derechos constitucionales. Fernández debe ser puesto en libertad y trasladado su juicio a Sucre, pero es tan grande el abuso de poder que el gobierno ha respondido que no acatará ningún fallo judicial que vaya en contra de lo que ya ha resuelto la dictadura masista.Es más, de inmediato ha desplazado a sus «organizaciones sociales» (hordas de alteños, ponchos rojos, «universitarios» de la UPEA) que desde anoche y por turnos hacen vigilia en la plaza San Pedro, frente al penal del mismo nombre, donde se encuentra recluido Leopoldo Fernández, solo que esta vez no es un dirigente quien dio las instrucciones, sino nada mas y nada menos que un senador (suplente) Abraham Cuellar, claro no otra cosa se puede esperar de este «personaje» que llegó al parlamento en las listas de la oposición y luego se pasó al MAS, es muy diligente cuando se trata de hacer quorum para el oficialismo y anoche se ha estrenado como agitador social para impedir el cumplimiento de un fallo judicial.Hoy en la mañana, llegó al lugar el iracundo dirigente de la Conalcam alteña, Edgar Mora, y como era de esperar se acrecentó la violencia de los manifestantes, que a falta de elementales conocimientos de respeto a la ley, insultan y amenazan. Mora, en un acto de cobardía sin límites, la emprendió (a vista y paciencia de la policía) contra la periodista Roxana Lisarraga de la red Unitel, que lo único que hacia era cumplir con su trabajo de informar. Este energúmeno masista se dio el lujo de amenazar a todos los medios de que se atengan a las consecuencias si siguen dando cobertura a la defensa del prefecto detenido, «solo deben informar lo que quiere el pueblo», se refería,por supuesto, al pueblo masista.Esta claro que con estas medidas ejecutadas por las hordas del gobierno,Fernández y los otros presos políticos, dificilmente tendrán derecho a un debido proceso, deberán permanecer secuestrados y detenidos en una cárcel ajena a su jurisdicción.Con semejante prueba de flagrante desacato a las leyes, los voceros del gobierno y sus aliados coyunturales de la oposición, se disputan espacios en los medios para convencer a los ciudadanos que por el «milagro» del acuerdo político congresal que dió por resultado una CPE pactada, el país es un remanso de paz, de respeto y convivencia. y es todo lo contrario. Los hechos no mienten. Solo resta esperar que agotada la capacidad de asombro, los bolivianos no sucumban a la estupidez colectiva que adormece las conciencias y nos rebaja a la condición de rebaños de cuatro patas.(Zoe)