Medida. Una Comisión de la Cámara de Diputados ordenó no liberar al prefecto confinado
Vigilia. Sectores sociales afines al Gobierno de Evo Morales aseguran que no dejarán que Fernández sea trasladado
EL DEBER/Agencias
La guerra entre los tres poderes del Estado por la situación judicial del prefecto pandino confinado, Leopoldo Fernández, se agudizó ayer, cuando la comisión de la Cámara de Diputados, que investiga los hechos de Porvenir, le comunicó al gobernador de San Pedro que no puede trasladar a Fernández a Sucre, como lo ordena la Corte Suprema, porque el Ministerio Público es esa instancia legislativa y no la Fiscalía General.
A este hecho, el que un órgano del Poder Legislativo dé una orden directa a un funcionario que depende del Poder Ejecutivo, se suman las declaraciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que decidió no acatar la orden judicial, ya que asegura que hay cinco sentencias constitucionales que avalan su decisión, atribuyéndose decisiones que eran del descabezado Tribunal Constitucional. A esto también se suman las palabras del senador podemista Luis Vásquez, que admite que no hay fuerza coercitiva para obligar a una autoridad a cumplir una sentencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales.
Además, el Ejecutivo ratificó ayer que no dejará que Fernández sea trasladado a Sucre. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que la resolución judicial no menciona a los ministros recurridos y por tanto el Poder Ejecutivo no puede acatar ese fallo.
Por otro lado, los delegados de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reiteraron que en Porvenir hubo una masacre el 11 de septiembre. Su director, Rodolfo Mattarollo, explicó que el informe final será entregado a la presidenta pro témpore de Unasur, la chilena Michelle Bachelet, hasta finales de este mes.
“Los protocolos internacionales indican que masacre es la privación de la vida de tres o más personas en el mismo acto, por tanto nosotros creemos que estamos ante una masacre", dijo Mattarollo.
El abogado argentino precisó que entrevistaron a 60 personas, cuyas declaraciones servirán para la elaboración del informe final. Criticó la pasividad de las fuerzas policiales. Confirmó que no hubo participación de personas extranjeras y como también conexión entre la toma del aeropuerto y los hechos del 11 de septiembre. También se constató que es necesario verificar la cantidad real de los muertos, ya que creen que son más de las 18 personas reportadas.
La misión realizó tres viajes a las localidades fronterizas entre Bolivia y Brasil y tomó declaraciones de los desplazados por el conflicto.
Familia acude al Senado
La esposa de Leopoldo Fernández, Pilar Soria, se presentó ayer ante la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, donde presentó una denuncia contra el gobernador de la cárcel de San Pedro, Manuel Guzmán, por el incumplimiento de la resolución judicial.
El presidente de esta instancia, Luis Vásquez Villamor, aseguró que convocarán a una sesión de la comisión donde tratarán la petición de la familia del prefecto confinado.
La esposa de la autoridad ratificó su decisión de declararse en huelga de hambre en las oficinas de la Defensoría del Pueblo si hasta hoy no se traslada a Fernández a Sucre.
Aunque Vázquez Villamor admitió que no existe una fuerza coercitiva para obligar a cumplir la resolución judicial, adelantó que una de las determinaciones de la comisión puede ser la de iniciar una investigación sobre este caso y establecer responsabilidades de las autoridades que se niegan a cumplir la resolución judicial de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
En un estado de hecho
José Antonio Rivera / Ex magistrado del TC
Todo lo que está sucediendo es el reflejo del estado de hecho que hace tiempo viene transitando Bolivia, que ha dejado de ser un estado de derecho. Las sentencias de los tribunales de garantías constitucionales no se discuten, se acatan. Si el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, considera que los jueces de garantía han cometido algún delito debe presentar la querella correspondiente. Sin embargo, no cumplir esta sentencia es violar el artículo 18 de la actual Constitución y el 179 de la Ley de Procesamiento Penal.
Además, no recuerdo que existan cinco sentencias constitucionales para no acatar el fallo de un tribunal de garantías. Lo que entiendo es que hay jurisprudencia al hecho de que no se notifique a alguna de las partes durante un proceso de este tipo. Pero de ahí dista mucho a facultar a un ministro a no cumplir con una sentencia. Hay que recordar que el Poder Legislativo no tiene facultades para emitir ninguna orden a un gobernador de una cárcel. Si bien es cierto que la ley los faculta para ser cabeza del Ministerio Público, también lo es que el Tribunal Constitucional complementó esta disposición aclarando que esto se ejerce para procesar a autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público. En la actual CPE, artículo 118, los prefectos y el Presidente sólo pueden ser procesados a través de un juicio de responsabilidades. Cualquier otra interpretación es caprichosa.