Diálogo congresal se traba por estado de sitio en Pando

Podemos pide la postergación del referéndum del 25 de enero.

El senador Félix Rojas (MAS) dijo que el oficialismo elegirá autoridades judiciales con disidentes.

image



La Prensa

La continuación del diálogo político en la Comisión de Concertación del Congreso se puso en riesgo este martes porque Podemos exigió la postergación del referéndum constitucional del 25 de enero y la aprobación de una nueva ley de convocatoria de esa consulta ciudadana, programada para el 25 de enero de 2009.

Ese grupo de negociación tiene en su agenda la concertación de la elección de autoridades del Poder Judicial y vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE), la aprobación de leyes pendientes en el Senado (dominado por la oposición) y allanar el camino de transición constitucional que debería iniciar en febrero de 2009, tras la promulgación de la nueva Carta Magna.

La oposición también condicionó en días anteriores la continuidad de las conversaciones a la liberación del prefecto suspendido de Pando Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro desde septiembre, y a la suspensión del estado de sitio en ese departamento, que comenzó el 12 de septiembre, al día siguiente de la masacre de Porvenir.

Más prórrogas

La reunión entre el vicepresidente Álvaro García Linera y los jefes de las bancadas de Podemos, MAS, Unidad Nacional (UN) y el MNR se dilató hasta quedar suspendida porque la bancada podemista exigió al oficialismo la postergación de la consulta ciudadana del 25 de enero y la aprobación de una ley de convocatoria de ese referéndum constitucional. El diputado cruceño Antonio Franco (Podemos) declaró a la prensa, luego de una reunión de al menos dos horas de su bancada, que “si no se encaran soluciones a esos temas, no puede pensarse en lograr la concertación de la agenda pendiente en el Legislativo y otros, por eso, vamos a plantear la suspensión del estado de sitio en Pando, la suspensión de la fecha del plebiscito del nuevo proyecto de Constitución y la convocatoria a sesión de Congreso para fijar nueva fecha”.

Como respuesta, el senador masista Félix Rojas advirtió que su partido podría recurrir a los disidentes de Unidad Nacional, Podemos y el MNR para designar a las autoridades de los cargos vacantes del Poder Judicial y la CNE. Pese a la falta de consenso, el senador Róger Pinto (Podemos) consideró que el diálogo no se había roto.

El presidente de la CNE, José Luis Exeni, reiteró la semana anterior su pedido al Gobierno de que levante el estado de sitio en Pando antes del 23 de este mes, día en que deben comenzar las campañas para el referéndum.

Según Canal 7, el gabinete tratará hoy este tema.

Los detalles

En septiembre, el Gobierno convocó a la oposición y al Consejo Nacional por la Democracia (Conalde) a instalar el diálgo en Cochabamba, con el propósito de pacificar el país y para compatibilizar el proyecto de Carta Magna con los estatutos autonómicos redactados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Estos documentos fueron aprobados en referendos regionales este año. Pero el Ejecutivo no reconoce esos resultados.

El 20 de octubre, tras una maratónica sesión de Congreso y el arribo de al menos 20.000 campesinos y organizaciones sociales a la plaza Murillo, el oficialismo firmó un proyecto de ley que da curso al referéndum dirimente del artículo 398 (referido a la extensión del latifundio) y de aprobación del proyecto de Carta Magna (aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007, en Oruro, y modificado el mes pasado en el Congreso con el consenso de la oposición y el oficialismo.

El Gobierno suspendió en octubre la elección del los prefectos de La Paz y Cochabamba hasta abril de 2010. Esta elección debía realizarse también el 25 de enero. Las máximas autoridades de ambos departamentos, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa (elegidos en diciembre de 2005), fueron revocadas en la consulta del 10 de agosto.

El presidente Evo Morales delegó este fin de semana a una comisión multiministerial la responsabilidad de elaborar un plan y de coordinar el proceso de transición constitucional, que debería comenzar con la promulgación de la nueva ley fundamental, siempre y cuando ésta fuere aprobada.