Editorial de La Razón.
Llama la atención que no aparezca el ministro Quintana entre los supuestos incitadores de los sucesos de septiembre, pese a que, en días previos a los incidentes, esa autoridad había adelantado la muerte política del prefecto suspendido Leopoldo Fernández, epitafio incluido.
Después de la presentación del informe por parte del presidente de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Rodolfo Mattarollo, queda claro que hubo una relación parcial e imprecisa de los sucesos de Pando. Si bien —dados sus antecedentes políticos en Argentina— no se podía esperar que la visión del señor Mattarollo fuera objetiva, preocupa el resultado de esta investigación y, todavía más, que sea la Unasur, es decir, el conjunto de los 12 países del continente, la que avale un trabajo tan deficiente.
Si la naciente Unasur se ha dedicado casi exclusivamente a tratar asuntos relacionados con Bolivia, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que ejerce la Presidencia Pro Témpore del bloque regional, estaba obligada a adoptar el mayor cuidado antes de elegir a un personaje que, en definitiva, además de investigar, cual era su encargo específico, ha obrado como juez.
En efecto, el informe en cuestión, desinteresándose de las leyes bolivianas, concluye que un juicio de responsabilidades no corresponde, e incurre en opiniones inauditas para la tarea concreta que se le había encomendado a la comisión, por ejemplo, señalando que “el orden jurídico general y vigente en la República de Bolivia…no favorece el trabajo riguroso, sistemático y científico que la investigación de la ‘masacre o matanza de Pando’ supone”. A propósito, coincidentemente, el informe emplea los mismos vocablos que el gobierno de Evo Morales para definir lo ocurrido el 11 de septiembre en Porvenir. En primer lugar, no debió ser presentado en el Palacio de Gobierno ni por Mattarollo, sino por Bachelet y al pueblo de Bolivia, para evitar cualquier contaminación política. Pero se hizo todo lo contrario.
El documento de la Unasur es eminentemente político y carece de rigurosidad jurídica. En el delicado tema de los muertos, la imprecisión y la falta de seriedad son alarmantes: Mattarollo, en una entrevista concedida a La Razón el miércoles, no sabe indicar si son 17, 20 ó 26 los muertos, cuando la comisión a su cargo establece un número inicial de 19, con opción de subir a 24.
Por otro lado, se advierte parcialización en el hecho de que la mayoría de las pruebas recolectadas resultaran de testimonios de campesinos, denostando a la otra parte con el equilibrio que se debe guardar en cualquier investigación responsable.
Llama la atención que no aparezca el ministro Juan Ramón Quintana entre los supuestos incitadores de los sucesos de septiembre, pese a que, en días previos a los incidentes, esa autoridad había adelantado a los pandinos la muerte política del prefecto suspendido Leopoldo Fernández, epitafio incluido.
El desconocimiento de la realidad nacional queda en evidencia cuando Mattarollo dice que en Pando había, “además de la Policía estrictamente, otras policías presentes…”. ¿Cuántas policías tiene Bolivia, señor Mattarollo? Luego, se equivoca en deslindar la responsabilidad del Gobierno bajo el argumento de que la Policía no estaba a su mando, sino al de la administración prefectural. ¿Nadie le dijo que la Policía boliviana depende directamente del Ministerio de Gobierno?
En su línea de las conclusiones políticas, Mattarollo sentencia que el Gobierno, “más bien, es amenazado de este intento de desestabilización”. El veredicto está dado. Y se extraña la imparcialidad proclamada por la comisión de la Unasur.