Informe especial de medios de prensa.

Córdova era el vínculo entre O’Connor y Santos Ramírez.

Luis Fernando Córdova y su hermano Ernesto son los autores intelectuales del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach. El primero era asesor de la víctima y trabajaba cerca del presidente de YPFB, según revelaron fuentes de la investigación.

INFORME LA RAZÓN

Informe especial de medios de prensa.

Córdova era el vínculo entre O’Connor y Santos Ramírez.

Luis Fernando Córdova y su hermano Ernesto son los autores intelectuales del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach. El primero era asesor de la víctima y trabajaba cerca del presidente de YPFB, según revelaron fuentes de la investigación.

INFORME LA RAZÓN

Corrupción en YPFB: asesinato y sobornos complican al gobierno de Evo

Informe especial de medios de prensa.

Córdova era el vínculo entre O’Connor y Santos Ramírez.

Luis Fernando Córdova y su hermano Ernesto son los autores intelectuales del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach. El primero era asesor de la víctima y trabajaba cerca del presidente de YPFB, según revelaron fuentes de la investigación.



INFORME LA RAZÓN

image

involucrados • Arriba, los cuatro supuestos delincuentes presentados por la Policía. A la der., los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova.

El hombre que resultó ser uno de los autores intelectuales del asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, Luis Fernando Córdova, era representante legal de la empresa de la víctima, Catler Uniservice, y además, allegado del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez (MAS).

La empresa de la víctima suscribió en julio del año pasado un contrato con YPFB para la construcción de una planta separadora de licuables por un monto de 86 millones de dólares. Ese día, Ramírez y el ejecutivo de Catler Uniservice, Agustín Milano, firmaron el contrato. O’Connor estuvo en el acto como representante de la empresa en Bolivia.

La anterior semana, YPFB hizo efectivo el pago de 4,5 millones de dólares a Catler Uniservice. Fuentes de la investigación revelaron que Córdova fue el intermediario para que Ramírez adjudique esa licitación a O’Connor D’Arlach.

El nexo de Córdova con Ramírez es familiar. Según fuentes judiciales, el presidente de YPFB es primo hermano de uno de los padres de Córdova. Un amigo del acusado reveló a La Razón que trabajaba cerca a Santos Ramírez desde que éste era senador.

Ramírez no quiso pronunciarse al respecto. Hizo decir a través de sus colaboradores que se encontraba muy ocupado.

El martes, O’Connor llevó a una casa de la avenida Tejada Sorzano 450 mil dólares junto a Córdova para entregarlos a alguien. Ese monto sería el 10% de una comisión por la adjudicación que iba a ser entregada directamente a Ramírez, afirmaron fuentes judiciales y policiales.

Anoche, personal de la pesquisa indicó que durante una entrevista que Córdova mantuvo con autoridades policiales, admitió que el dinero que llevó O’Connor a la Tejada Sorzano era para pagar una comisión. Se espera que esa declaración se registre por escrito y ante una autoridad jurisdiccional.

Por otra parte, este medio consiguió una carta anónima, del 5 de enero de este año, dirigida al fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez. En ella se denuncia que la empresa Catler Uniservice “no cuenta con domicilio constituido en Bolivia y que la dirección que señalaron, ubicada en Cochabamba corresponde a una persona particular de nacionalidad argentina, quien habría prestado su departamento a la empresa mientras se adjudiquen el contrato con el Estado”.

Este medio llamó ayer a un teléfono fijo en la ciudad de Cochabamba, supuestamente de la empresa, sin embargo la operadora respondió que ese número era inexistente.

La misiva revela que Luis Fernando Córdova consiguió la documentación de la empresa “de manera ilegal”. Su abogado, Jhonny Castelú, afirmó el miércoles que su cliente era asesor legal de Catler Uniservice.

Fuentes de la indagación informaron que Córdova no trabajaba directamente con Ramírez. Sólo era intermediario para efectuar adjudicaciones. Sin embargo, otras fuentes revelaron que desde hace tiempo mantenían contacto laboral muy estrecho.

El martes, O’Connor D’Arlach fue asesinado con un impacto de bala en el cuello cuando supuestamente iba a entregar 450 mil dólares a una persona. Lo acompañaba Luis Fernando Córdova, quien salió ileso del hecho. Los delincuentes se llevaron el botín.

El miércoles, Córdova denunció que fue secuestrado, brutalmente golpeado y echado en La Cumbre. Según informes médicos extraoficiales, sus costillas estaban rotas y tenía daños considerables en sus tímpanos. Fue internado en el hospital Arco Iris.

Ayer, Nadia Zegarra, médica que atiende a Córdova, explicó que sólo “es un paciente policontuso”. Indicó que fue valorado tanto por un otorrino como por un traumatólogo, quienes descartaron fracturas y otras lesiones. “Está en observación”, dijo.

En el informe que brindó ayer el director nacional de la FELCC, coronel Fernando Figueredo, se confirmó que Fernando Córdova y su hermano Ernesto, también involucrado en el caso, tienen antecedentes penales por el delito de trata de personas a raíz del negocio que tienen con locales nocturnos.

Tras una investigación que realizó La Razón sobre los locales denominados “de remate”, fuentes policiales advirtieron que los hermanos Córdova tenían un curioso poder en ese rubro. A pesar de que las autoridades clausuraban esos centros de diversión, luego de un tiempo volvían a funcionar. Alertaron que tenían mucha influencia y poder.

Ernesto Córdova es el dueño del local El Caballito, lugar que fue clausurado reiteradas veces por diferentes escándalos y corrupción de menores, pero, por razones desconocidas, se reabrió y aún funciona.

Según la carta anónima que llegó al Fiscal de Distrito con la denuncia de Catler Uniservice, se revela que esa empresa es “fantasma” porque no existe ni el domicilio en el exterior, ni mucho menos sus representantes, entre ellos, Agustín Milano, quien firmó el contrato con el presidente de Yacimientos.

Si bien el contrato se firmó en julio del año pasado, el 30 de septiembre, se depositó Bs 50 mil para que la planta de licuables comience a funcionar, según fuentes de la indagación. Lo que nadie explica es por qué después de dos meses se efectivizó el contrato y se pagó ese monto que para un proyecto de esa magnitud resultaría pequeño.

La misiva señala que Córdova salió favorecido del contrato entre Catler Uniservice y YPFB, y recibió “una fuerte cantidad de dinero”. Esa suma estaría depositada en la cuenta de Yolanda Salinas de Córdova, esposa del sospechoso, y de otros parientes.

Sobre Catler Uniservice, la carta asevera que es una empresa fantasma “que logró estafar al Estado una millonaria suma de dinero con la colaboración del delincuente Fernando Córdova (sobrino de Santos Ramírez)”

Denuncia, asimismo, que parte del dinero entregado Córdova lo usó “en la compra de varios vehículos de lujo”.

El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, llegó hasta la FELCC en horas de la tarde. Declaró a los medios de comunicación que se investigaría a todas las personas que hayan sido nombradas en este caso. “Se va a convocar a todas las personas que se mencione”, manifestó.

Luego de que el presunto autor material del crimen, Rufino Rodríguez, declaró ante la Policía, señaló ayer a los medios de comunicación que no conocía a Córdova. Sin embargo, el coronel Figueredo aseguró que los tres delincuentes que fueron aprehendidos en Cochabamba informaron de manera “enfática” que quienes habían organizado el crimen y después el volteo del dinero eran precisamente Fernando y Ernesto Córdova.

Fuentes de la Fiscalía revelaron que Rufino Rodríguez fue quien se contactó con Córdova para concretar el hecho ilícito.

Al menos cuatro fuentes policiales alertaron el miércoles que este caso es peligroso y delicado porque toca círculos de poder.

La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó ayer que su despacho pedirá información a la Policía y a la Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos para conocer si hay vinculación entre Catler Uniservice y YPFB, y otros detalles del caso. Se espera para hoy medidas cautelares para los cinco detenidos.

“La empresa estafó al Estado una millonaria suma de dinero con la ayuda de Fernando Córdova (sobrino de Santos Ramírez)”,

Parte de una carta anónima.

Ramírez evita a los medios porque está “sin tiempo”

image

Silencio • El presidente de YPFB no dice si tiene o no vínculos con Fernando Córdova.

Santos Ramírez Valverde, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), decidió guardar silencio frente al escándalo que amenaza con afectar a la estatal petrolera.

El influyente político del Movimiento al Socialismo y ex presidente del Senado evitó cualquier contacto con la prensa y mandó decir que estaba ocupado en las labores de la empresa petrolera. “El compañero Santos está dirigiendo sin tiempo una reunión de directorio”, aseguró ayer el director de Comunicaciones de YPFB, Édgar Cardozo.

Desde el martes, los investigadores del atraco de los 450 mil dólares recibieron información que vincula a Luis Fernando Córdova con el asesinado Jorge O’Connor D’Arlach, de Catler Uniservice, y el presidente de YPFB. De hecho, a las oficinas del Ministerio Público de La Paz llegó en días pasados una denuncia anónima, fechada el 8 de enero, sobre este triángulo de relaciones sospechosas.

“Hay que dejar que la Policía boliviana trabaje, que esclarezca el caso”, sostuvo Cardozo cuando este medio le dijo que tenía información que comprometía a su jefe y que es necesario y urgente conocer la versión de Ramírez.

El 2006, Ramírez Valverde fue vinculado con el escándalo del tráfico de visas para ciudadanos chinos. Ayer, desde YPFB, no dejaron de señalar que su presidente “está muy ocupado” en las actividades de la empresa.

La Policía resuelve el volteo y responsabiliza a los Córdova

OPERATIVO • Policías detuvieron en el valle a tres implicados. En La Paz, Ernesto Córdova, hermano de una de las personas que iba con O’Connor durante el hecho, fue aprehendido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) resolvió el volteo del martes que derivó en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach e identificó a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova como los autores intelectuales del hecho, además de implicar a otras tres personas.

La mañana del martes, O’Connor, en compañía de Luis Fernando Córdova, retiró 450 mil dólares de la central del Banco Unión y se dirigió a un domicilio de la calle Tejada Sorzano. Sin embargo, al llegar a la puerta, irrumpieron cinco sujetos que le arrebataron el dinero al empresario, luego uno de ellos le disparó en el cuello y huyeron.

“Hemos realizado diferentes operativos en La Paz, Cochabamba y en otras ciudades para determinar cuál era el vínculo que existía entre los delincuentes que habrían protagonizado este hecho. Franz Rodríguez Calero y Verónica Mamani (ambos detenidos en Cochabamba) indicaron que los autores intelectuales son Fernando Córdova y Ernesto Córdova, Santos Zelaya, Marcelo Quiroga, Avelino Queso, Ariel Paniagua (prófugo)”, afirmó ayer el jefe nacional de la FELCC, coronel Fernando Figueredo.

Sin embargo, en la tarde de ayer, Zelaya, Queso y Quiroga fueron puestos en libertad al no hallarles indicios de culpabilidad.

Según el jefe policial, la noche del miércoles se detuvo en Cochabamba a Rufino Rodríguez —alias El Rufo— en posesión de 50 mil dólares. De acuerdo con versiones preliminares, sería él quien le disparó a O’Connor y el dinero que fue hallado sería una parte de lo que se le robó.

Según el acta de declaración de este último acusado, difundida por la red Bolivisión y Cadena A, Ernesto Córdova fue quien planificó, en su domicilio, el volteo al empresario. En palabras del presunto delincuente, la resistencia de O’Connor ante el robo fue lo que propició el disparo. No obstante, el resultado de laboratorio, sobre quién disparó a la víctima, sería emitido hasta hoy.

Anoche se conoció que la Policía todavía buscaba a un sexto implicado que estaría prófugo y sería hermano de Ernesto y Luis Fernando Córdova. De acuerdo con datos preliminares, se sospecha que fue él quien disparó el arma ese martes.

La madrugada del jueves, efectivos policiales requisaron el local nocturno El Caballito —del cual Ernesto Córdova es propietario— “y se encontró un revólver calibre 29, una laptop con información y se aprehendió a Ernesto Córdova, a Santos, Avelino y Quiroga”, añadió Figueredo.

Según fuentes de la indagación, Córdova fue detenido a las 3.00 aproximadamente del jueves. Este medio constató que él permaneció la tarde del miércoles en instalaciones del hospital Arco Iris, donde su hermano, Luis Fernando, se recupera de una supuesta golpiza propiciada por desconocidos esa mañana. Ayer, Ernesto Córdova llegó a instalaciones de la FELCC a las 10.30 aproximadamente.

De acuerdo con el informe policial, en Cochabamba, un grupo policial buscaba a Franz Rodríguez, Verónica Mamani y Rufino Rodríguez. A las 8.00, los tres acusados eran trasladados en un avión comercial desde el valle hasta La Paz. Los detenidos llegaron a esta ciudad con un fuerte resguardo policial y fueron remitidos en vehículos policiales a la FELCC.

Según Figueredo, las pesquisas determinaron que una persona no identificada realizó un depósito de 38 mil dólares en una de las sucursales de FIE en La Paz, y que luego ese dinero fue retirado en Cochabamba. “El destino del dinero se encuentra en etapa de investigación”, acotó.

En conferencia de prensa y en presencia de autoridades de Gobierno, la Policía mostró a los cuatro implicados. De acuerdo con lo que informaron, Rufino Rodríguez y los hermanos Córdova tienen antecedentes penales.

“Rodríguez tiene mandamiento de detención preventiva en Cochabamba por robo agravado, Fernando y Ernesto Córdova tienen antecedentes en la FELCC relacionados con el funcionamiento de locales nocturnos y con trata de personas”, manifestó el coronel Figueredo.

DATOS

Allanamiento • En El Caballito, la Policía halló un revólver calibre 29, cédulas y otros.

Aprehensión • Según fuentes de la investigación, Ernesto Córdova fue detenido en su local.

Detenidos • Los cuatro aprehendidos fueron remitidos anoche a celdas de la Policía Judicial.

Herido • Luis Fernando Córdova, desde el hospital, prestó ayer una declaración oral a la Policía.

Caen los Córdova, dueños de una cadena de prostíbulos

HISTORIA • Fuentes policiales revelan que traían mujeres jóvenes de Paraguay o Brasil, les pagaban pasajes y alojamiento, y las extorsionaban.

image

• EL SITIO • Este es el frontis del local El Caballito, que por dentro es amplio y tiene ambientes para distintos bolsillos.

La detención de los autores del aparente atraco de los 450 mil dólares conmovió ayer el mundo de los burdeles de La Paz, pues la Policía capturó a Ernesto Córdova, uno de los principales proxenetas de la ciudad y propietario de El Caballito, un enorme local de prostitución.

Luis Fernando Córdova —pieza clave de un escándalo que salpica al presidente de YPFB y hermano de Ernesto— es, según una autoridad policial, también proxeneta y propietario de locales.

Ubicado a pocos pasos de la plaza Villarroel, El Caballito es un local que bulle de madrugada, y a donde llegan clientes que iniciaron la juerga en otros locales y buscan placer incluso después de las 4.00. En el día, quien pasa por el lugar no se imagina que detrás de una puerta pequeña está una infraestructura donde hay ambientes para distintos bolsillos y gustos.

El Gobierno Municipal de La Paz intentó infructuosamente clausurar El Caballito, a pesar de los delitos que supuestamente se cometieron en sus ambientes.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Fernando Figueredo, informó que “Fernando y Ernesto Córdova tienen antecedentes en la FELCC de La Paz relacionados con el funcionamiento de locales nocturnos”.

Otras fuentes policiales aseveraron que los Córdova “traían mujeres jóvenes de Paraguay, Brasil, ofreciéndoles trabajar como meseras, les pagaban los pasajes, las alojaban y luego las extorsionaban. Les decían que podían irse cuando quieran, pero después de pagar por el traslado y el alojamiento, con lo que las forzaban a ser damas de compañía en sus locales”.

En pocas palabras, los Córdova son hombres temidos, pues —según otra fuente— compiten con otro de los protagonistas del negocio del sexo y a quien la fuente no quiso identificar.

Además de El Caballito, tienen casas de cita que se camuflan como domicilios particulares.

El night club Anaconda, que fue cerrado y que estaba ubicado en la Av. Capitán Ravelo, a pocos pasos del Puente de las Américas, les pertenecía. Fue clausurado; luego, los hermanos buscaron convertirse en socios de otro local ubicado en la avenida Busch. No lo habrían conseguido.

Tenían otros bares de remate, como El Charro, en la avenida Armentia; El Melgarejo, que estaba ubicado en la calle Estados Unidos, de la zona de Miraflores. Otros en la subida al mirador de Killi Killi, en Alto Miraflores.

Todos ellos funcionaron un tiempo y luego se cerraron, pero pasado un tiempo reaparecían en otro sector de la ciudad, en un afán, según otra fuente, de despistar a las autoridades.

La Policía maneja también la hipótesis de que trabajaban en la importación de vehículos usados. En una ocasión, uno de sus autos fue detenido por las autoridades en la zona de Calacoto, y uno de los hermanos se acercó por Tránsito para solucionar el problema y para interceder por la liberación del vehículo. “Además, Ernesto Córdova cambiaba constantemente de carros”.

En su prontuario están registradas denuncias de presunto tráfico de drogas, pero éstas nunca fueron demostradas, según detalló la fuente consultada.

Lo concreto es que hoy los dos hermanos están detenidos. Las fuentes que conocen sus actividades destacaron la operación policial, pues no les dieron tiempo para activar sus contactos que les permitieron trabajar sin problemas hasta ayer.

Ernesto fue detenido en El Caballito la madrugada de ayer, mientras que su hermano estaba internado en el hospital Arco Iris, luego de que habría sido golpeado por secuestradores que lo llevaron hasta La Cumbre, en el camino a los Yungas paceños.

Hasta ayer, los Córdova realizaron sus actividades sin problemas, y aunque las autoridades, según reconocen, estuvieron siempre detrás de ellos, nunca los pudieron detener.

Gobierno, tras los indicios de nexos de corrupción en YPFB

INVESTIGACIÓN • La viceministra Suxo solicitó ayer información al Ministerio de Hacienda, a la estatal petrolera y a la FELCC, para analizar.

image

EDIFICIO DE YPFB • La imagen muestra las dependencias donde funcionan las oficinas de la estatal petrolera.

El Gobierno inició ayer la recopilación de información de algunas entidades gubernamentales con el propósito de indagar más sobre los indicios de corrupción, en el supuesto nexo entre autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del consorcio Catler-Uniservice, cuyo presidente era Jorge O\’Connor D\’Arlach, quien fue asesinado el martes poco después de haber retirado 450 mil dólares del Banco Unión en La Paz.

“Estamos solicitando a través de notas al Ministerio de Hacienda sobre los montos desembolsados (a Catler-Uniservice), al presidente de YPFB (Santos Ramírez) que nos mande copias de los contratos que se habrían suscrito con Jorge O\’Connor D\’Arlach, a Fundempresa la constitución de esta empresa (Catler-Uniservice) para ver si cumple con todos los requisitos, y estamos pidiendo información a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a efectos de que nosotros podamos realizar seguimiento a esta investigación, toda vez que habrían indicios, por supuesto (sic), de hechos de corrupción”, afirmó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, a la red Erbol.

En el caso de YPFB, explicó a La Razón, “hemos solicitado que se nos informe de los contratos y licitaciones, una copia de los procesos de adjudicación para hacer un análisis, para ver si se ha cumplido la normativa y cómo se podía haber favorecido”.

La autoridad explicó que la información solicitada al Ministerio de Hacienda y a YPFB permitirá “hacer un análisis del caso para ver si habían relaciones fraudulentas o no”. Dijo que “hay que explicar cómo es que un empresario —Jorge O\’Connor D\’Arlach— tenía tanto dinero y, después, se relaciona de esta manera al presidente de YPFB; todo ello está dentro de la investigación que hace la Fiscalía; nosotros investigamos los hechos que tienen que ver con recursos (dinero) y si éstos son del Estado”.

Suxo también dio cuenta que “hemos solicitado información a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (de la Superintendencia de Bancos) sobre las cuentas de Jorge O\’Connor D\’Arlach, del señor Córdova y también del presidente de YPFB (Santos Ramírez)”. Dijo que no tiene información de los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova, supuestos autores intelectuales de la muerte de Jorge O\’Connor D\’Arlach, quienes al parecer tienen vinculación con la estatal YPFB. “Hemos pedido a YPFB que nos remita planillas de toda la gente que allí trabaja”.

Aseguró que la información solicitada será recibida en los próximos 10 días y “tal vez no se cumpla por lo delicado del problema”, para después remitirla al Ministerio Público.

Suxo adelantó que su despacho espera coordinar el proceso de investigación con la comisión de investigación del Senado.

Anticipó que no hay un instrumento legal para castigar hechos de corrupción como el que supuestamente vincula a las autoridades de YPFB y Uniservice, pero el proyecto de la Constitución Política del Estado establece que ningún caso de corrupción quede en la impunidad.

“Este es un hecho de corrupción, vamos a tener el respaldo jurídico para que no quede en la impunidad”, dijo Suxo, pues por mandato del presidente Evo Morales Ayma “la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga, no se va a proteger a nadie”.

Las preguntas aún sin respuestas del caso Córdova

1 El dinero • ¿Cuál es el origen de los 450 mil dólares que fueron retirados del Banco Unión la media mañana del martes 27? ¿Dicho monto fue retirado por Jorge O’Connor D’arlach?

2 El departamento • ¿Quién iba a recibir esa suma en el departamento ubicado en un inmueble de la Av. Tejada Sorzano? ¿Quién era el inquilino? ¿Era habitado frecuentemente?

3 La empresa • ¿Cuáles son los motivos por los que YPFB firmó un contrato con Castler Uniservice, a pesar de las observaciones que existen sobre su capital y conformación?

4 Atraco • ¿Estaba en los planes de los delincuentes cobrar la vida del ingeniero O’Connor D’arlach, en el volteo que ocurrió el martes en las puertas del departamento de la Av. Sorzano?

5 YPFB • ¿Qué obstáculos enfrentó Castler Uniservice para poner en marcha el proyecto separadora de GLP y gasolina? ¿Por qué recibió la suma de $us 4,5 millones hace poco?

6 Transparencia • ¿Cuál será la actitud y decisión política del Gobierno que demostrará para esclarecer este caso que, según los datos, afecta la imagen de la estatal del petróleo?

 

INFORME DE LA PRENSA

La Fiscalía indaga a Santos Ramírez; dos de sus parientes esperaban a O’Connor

Evo Morales fue el padrino de la boda de Santos Ramírez y Jiovana Cristina Navia Doria Medina.

El Viceministerio de Transparencia y el Senado abren investigaciones sobre el Presidente de YPFB

image

La Fiscalía de La Paz, el Viceministerio de Transparencia y el Senado abren investigaciones sobre el asesinato de Jorge O’Connor, y sus derivaciones y las miradas se vuelcan sobre el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, y sobre el diputado Marco Antonio Córdoba, de Podemos.

El martes 27 por la mañana, Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, en cuyo departamento iba a producirse una reunión, y Javier René Navia Doria Medina, dialogaban con los policías que iniciaban la investigación en el mismo lugar del crimen.

El primero es primo y el segundo es hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y flamante esposa de Ramírez. La pareja se casó el miércoles 7 de este mes en Caiza D, Potosí. El presidente Evo Morales fue el padrino de la boda.

El inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano es un edificio de tres pisos en cuya planta baja funciona un taller de serigrafía y en el primer piso se encuentra el departamento de Aramayo, a quienes sus vecinos saludan como “doctor”, en señal de respeto.

En ese lugar, los dos familiares políticos del titular de YPFB debían reunirse con el fallecido, con su hermano menor Miguel O’Connor D’Arlach y además con Luis Fernando Córdoba Santiváñez, empleado de Jorge O’Connor.

Cuando la víctima y el dueño de casa se aprestaban a entrar en el edificio, cinco antisociales, que bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja, empujaron a Aramayo contra la pared y lo mantuvieron aprisionado por la reja, en tanto que O’Connor fue introducido por la fuerza al zaguán. Llevaba dos maletines, en los que tenía una computadora personal y 450.000 dólares. Se los arrebataron antes de matarlo.

Los delincuentes huyeron en los motorizados ya descritos. Se fueron a velocidad normal por la avenida Tejada Sorzano para tomar la calle Teniente coronel Agustín Saavedra.

Aramayo Doria Medina preside la Fundación Kantati, que funciona en la oficina 108, piso 10, del edificio Mariscal Ballivián. Ayer, sus puertas estaban cerradas. Esta entidad, en la que también trabaja Navia Doria Medina, se dedica a canalizar recursos para construir viviendas de carácter social.

En el lugar del crimen y conmocionado por el hecho, Navia Doria Medina declaró que la reunión tenía la finalidad de “cerrar un proyecto” de la fundación y la empresa Uniservice, de la que la familia O’Connor es propietaria.

Otras investigaciones

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, y una comisión del Senado anunciaron que investigarán si Santos Ramírez está implicado en el asesinato del contratista de YPFB, en tanto que el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fernando Figueredo, anunciaron que convocarán a declarar a “toda persona” que tenga relación con este tema.

El Senado formó una comisión investigadora integrada por Luis Vásquez, de Podemos; Ricardo Díaz y Antonio Peredo, del MAS; José Villavicencio, de UN, y Fernando Romero, del MNR.

En relación con la denuncia de irregularidades en la contratación de la empresa de la familia O’Connor, el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, dijo que “se va a convocar a las personas que se mencionan”, o sea, Ramírez y el diputado Córdoba.

Entretanto, funcionarios de la Unidad de Comunicación de la estatal se limitaron a referir que el “Presidente de la empresa ha estado reunido todo el día para considerar temas inherentes al funcionamiento de Yacimientos. No habrá una posición oficial sobre el caso” de YPFB ni de su Presidente.

Los tres hermanos Córdoba Santiváñez tienen antecedentes

Los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez se vieron involucrados en mayo de 2008 en un caso de prostitución de menores, a denuncia de un cliente a quien no permitían abandonar el local.

Cuando intervino la Policía se encontró a tres menores, de 15, 16 y 17 años, quienes posiblemente trabajaban como prostitutas en ese club. Los dos hermanos y el administrador del centro de diversión, Juan Marcelo Quiroga Álvarez, fueron detenidos y después liberados.

Antes, en noviembre de 2006, un tercer hermano, el diputado de Poder Democrático y Social (Podemos) por La Paz Marco Antonio Córdoba, fue involucrado en el caso de la concesión de visas a ciudadanos chinos, junto con otros parlamentarios oficialistas y opositores.

El 10 de julio del año pasado se denunció que este diputado contaba con tres cédulas de identidad, signadas con los números 43309461 LP y con antecedentes cancelados, 4521756 LP con antecedentes por el delito de falsedad material procesado el 23 de junio de 1997, y 4330946 LP otorgada el 14 de mayo de 2007.

Este parlamentario causó malestar en Podemos cuando se supo que había visitado al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle cuando éste estaba detenido en el penal de San Pedro.

Ayer por la tarde, el abogado Marco Guía denunció que Fernando Córdoba “pagó a un sicario” para eliminar físicamente a su cliente, un empresario de nombre “Johnny”, quien teme por su vida y se encuentra muy asustado.

Guía aseguró que la demanda planteada ante la FELCC no sigue avance alguno.

Se mencionó, aunque la versión no pudo ser confirmada, que los tres hermanos son sobrinos de Santos Ramírez, actual presidente de YPFB e importante dirigente del MAS, quien fue implicado en los casos de las visas chinas y en la venta de avales de su partido para acceder a cargos en la administración estatal.

Un consorcio irregular

La sociedad de responsabilidad limitada Catler-Uniservice se registró en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Tarija, de acuerdo con el padrón respectivo.

El acuerdo suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad mencionada fue suscrito en julio de 2008 por Santos Ramírez y Agustín Melano, en representación de la constructora.

Además, Catler-Uniservice se inscribió con un capital de 50.000 bolivianos, cuando el contrato que firmó con YPFB en julio de 2008 fue por 86.315.000 dólares.

Como representante legal del consorcio figura Patricio Thomas Jurglevicius, y como único socio, José Alejandro Salinas. En esta nómina no figura Jorge O’Connor D’Arlach, el empresario asesinado el martes cuando portaba 450.000 dólares, de los cuales tan sólo 50.000 fueron recuperados, según el informe oficial de la Policía.

Catler-Uniservice se registró en Fundempresa como una compañía dedicada a la actividad minera, ejecución de plantas y fabricación de productos químicos.

En Santa Cruz se indica que la sociedad de responsabilidad limitada tan sólo tiene un almacén, en tanto que la dirección establecida en el sitio web del grupo señala: Avenida Busch, entre el tercer y cuarto anillo, calle 5, número 100.

El registro de la sociedad en Fundempresa data de septiembre de 2008 y es posterior a la suscripción del contrato de construcción “llave en mano”, el 14 de julio de ese mismo año.

El fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, declaró que días antes del asesinato recibió una carta anónima en la que se denunciaban irregularidades en la relación contractual de YPFB con la sociedad Catler Uniservice, documento que da a conocer la existencia de una adjudicación supuestamente irregular.

El documento refiere que Luis Fernando Córdoba realizó las gestiones para lograr los registros legales del consorcio accidental tiempo después de la firma de los documentos legales.

La Policía esclarece el asesinato, pero no aclara procedencia y destino del dinero

¿Qué hacía el ingeniero con 450.000 dólares en efectivo?

image

Presentación: los sindicados del atraco seguido por muerte del pasado martes son mostrados a los medios de comunicación, ayer en dependencias de la FELCC, en La Paz

“Está bajo investigación”, asegura el Director de la FELCC cuando se le pregunta por el dinero.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) esclareció el asesinato del ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach en menos de 48 horas, pero no pudo explicar la procedencia y el destino de los 450.000 dólares que portaba la víctima.

Desde las 10.25 del martes 27 de enero, cuando se cometió el hecho de sangre, los investigadores se movilizaron no sólo en La Paz, sino también en Santa Cruz y Cochabamba.

Como resultado de las averiguaciones, ocho personas fueron aprehendidas, entre quienes figura una mujer.

El director nacional de la FELCC, Fernando Figueredo, explicó que el miércoles fue capturado Franz Michael Rodríguez Caero, después de que éste depositara 38.000 dólares en el Fondo Financiero FIE en Cochabamba.

Poco después, pero ese mismo día, fueron detenidos Rufino Rodríguez Coca, alias el “Rufo”, y su pareja Verónica Mamani Quispe, en posesión de 50.000 dólares que llevaban en una mochila. La fuerza anticrimen de Cochabamba informó que fueron descubiertos mediante un dispositivo de seguridad (no explicó de qué tipo) que permitió verlos en actitud sospechosa y nerviosa en proximidades de La Cancha.

“Está en investigación”, repitió Figueredo ante las consultas sobre el origen y el destino del dinero, así como de una eventual vinculación del presidente de YPFB, Santos Ramírez, con este caso.

La Policía cochabambina asegura que los ocho delincuentes acusados de participar en el atraco forman la “banda del Rufo”. Entre ellos figurarían un ex policía y dos paceños y cuyo el líder, Rodríguez Coca, disparó contra O’Connor.

Los tres detenidos declararon en la capital cochabambina que los autores intelectuales del atraco son Luis Fernando y Ernesto Córdoba Santiváñez, hermanos del diputado Marco Antonio Córdoba, de Podemos.

Luis Fernando Córdoba, empleado del malogrado, estuvo con O’Connor el día del crimen. Lo condujo en su vagoneta a la avenida Tejada Sorzano y lloró en la puerta del Hospital Arco Iris luego de enterarse de su deceso.

Johnny Castelú, su abogado, denunció el miércoles que aquél había sido secuestrado esa mañana cuando se dirigía a declarar a la FELCC y que lo torturaron en La Cumbre de los Yungas hasta causarle lesiones múltiples.

El sindicado permanece hospitalizado, mientras que los fiscales Luis Mamani y Marcos Vidal ordenaron la aprehensión de éste y de su hermano Ernesto.

Figueredo dijo: “Ernesto y Fernando Córdoba tienen antecedentes relacionados con el funcionamiento de locales nocturnos, a objeto de investigación por el delito de trata de personas”.

El año pasado, la Policía rescató a menores de edad en posible trabajo de prostitución en el local El Caballito, ubicado en la calle Agustín Saavedra, de Villa Fátima, perteneciente a los Córdoba y Juan Marcelo Quiroga Álvarez, administrador del club nocturno, quienes fueron aprehendidos pero un juez les dejó en libertad pura y simple.

El diputado Córdoba lamentó que sus hermanos mayores estén involucrados y negó relación con el caso. “No tenía conocimiento de lo que se ha suscitado. Lo supe a través de los medios. Me da pena por mis padres”.

En consecuencia, efectivos de la FELCC organizaron un operativo en El Caballito, donde capturaron a Ernesto Córdoba, Santos Omar Zelaya, Juan Marcelo Quiroga Álvarez y Avelino Queso Chiara. En el lugar se encontró una laptop, presumiblemente la robada a O’Connor; 3.000 bolivianos y un revólver calibre .22.

Se recuperaron también celulares y cédulas de identidad de víctimas de robos, además de placas de vehículos falsas.

Figueredo confirmó que hay un prófugo, Ariel Carlos Montaño Fuentes, aunque el fiscal Mamani aseguró que hay más personas por capturar, sin precisar su número. Sólo cinco de los ocho aprehendidos serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares, programada para las 14.30 de hoy ante el juez Williams Dávila.

La red ATB informó que Fernando Córdoba no tiene heridas ni hematomas, aunque presenta contusiones múltiples.

Prontuario de los ocho detenidos

Fernando Córdoba fue involucrado con delitos de trata de personas en el local El Caballito.

Ernesto Córdoba también fue investigado por trata. Es propietario del club nocturno.

Rufino Rodríguez tiene orden de detención en Cochabamba por asesinato y robo agravado.

Ariel Montaño fue recluso de la cárcel de San Antonio por robo agravado.

Verónica Mamani Quispe es la pareja de Rufino Rodríguez. Está implicada por complicidad.

Franz Rodríguez Caero fue detenido luego de depositar 38.000 dólares en la financiera FIE.

Juan Quiroga era administrador de El Caballito, también implicado con trata de personas.

Santos Zelaya y Avelino Queso Chiara serían empleados de los hermanos Córdoba.

 

INFORME DE OPINION

Banda de El Rufo que mató al empresario estaba libre a pesar de sus fechorías

image

Un depósito bancario de 38.000 dólares efectuado por uno de los sospechosos del atraco, Franz Michel Rodríguez Caero, alertó a la Policía boliviana que le hizo un seguimiento hasta que el miércoles Rodríguez abordó un avión con destino a Cochabamba.

En nuestra ciudad, una patrulla que estudiaba los movimientos de Rufino Rodríguez Coca, que estaba asociado a Franz Rodríguez en otros atracos, casi colisionó con la motocicleta en la que viajaban “El Rufo” y su esposa Sonia Mamani.

La moto se dio a la fuga y la patrulla la interceptó más adelante. La mujer, que llevaba una mochila, se mostró muy nerviosa y Rufino Rodríguez ofreció resistencia insultando a los policías. Fueron arrestados y trasladados a la Felcc de Cochabamba al final de la tarde del miércoles. En presencia fiscal, se requisó la mochila de la mujer, donde fueron hallados 50.000 dólares del botín robado en La Paz.

Franz Rodríguez Caero, fue aprehendido en la puerta de su casa de la calle Mama Ocllo, cerca del Matadero, mientras conversaba por teléfono. Más tarde, con el consentimiento de Rufino Rodríguez, se ingresó a su domicilio y allí se halló la vagoneta Toyota Lucida azul, que fue usada en el atraco del empresario tarijeño, para garantizar la fuga de los otros cómplices. También fueron secuestrados documentos, celulares y fotografías.

Múltiples atracos

El portavoz de la Felcc. My. Boris Bellido, informó ayer que la banda de “El Rufo”, fue también autora del atraco a la cervecería Taquiña y es sospechosa de los asaltos a la remesa de YPFB, a los librecambistas de Migración, a los rentistas petroleros de Santa Cruz, a galletas Mabel’s, a la joyería de Quillacollo y otros.

El 20 de septiembre de 2006 en la noche, un grupo de cuatro personas a bordo de una vagoneta roja particular, que se identificó como vehículo de la empresa de transporte de valores y dinero Brinks, burló la seguridad de la fábrica cervecera, llegó hasta la oficina del cajero, lo maniató y salió en cuestión de minutos con la suma de 485.000 bolivianos y 9.700 dólares (un total de 562.115 bolivianos).

En octubre de 2006, la banda fue aprehendida por el atraco a Taquiña con todas las pruebas necesarias en su contra, pero los cuatro integrantes del grupo, salieron en libertad. Se investiga los argumentos con los que estos delincuentes fueron puestos en libertad en Cochabamba, para seguir cometiendo delitos.

Los sospechosos aprehendidos

En Cochabamba

1.- Rufino Rodríguez Coca alias “El Rufo” 34 años (presunto asesino)

2.- Sonia Verónica Mamani (esposa de Rufino)

3.- Franz Michel Rodríguez Caero 32 años (cómplice que arrebató el maletín)

En La Paz

4.- Luis Fernando Córdova (presunto autor intelectual)

5.- Ernesto Córdova Santiváñez (presunto autor intelectual)

6.- Avelino Queso (cómplice) liberado anoche.

7.- Juan Marcelo Quiroz (cómplice) liberado anoche.

8.- Santos Omar Zelaya (cómplice) liberado anoche.

9.- Ariel Paniagua prófugo.

Empresa Catler Uniservice SRL se registró dos meses después de firmar contrato con YPFB

La compañía debe construir una planta de separación de gas por más de 86 millones de dólares.

La Paz/ANF

La sociedad de responsabilidad limitada Catler-Uniservice SRL se registró en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato de construcción de la planta para separar los líquidos en Río Grande, de acuerdo con el padrón correspondiente. El contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue suscrito en julio por Santos Ramírez.

Además, Catler-Uniservice se inscribió con un capital de 50.000 bolivianos, cuando el contrato que firmó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en julio de 2008 fue por 86,35 millones de dólares.

Como representantes legales figuran Patricio Thomas Jurglevicius, y como único socio José Alejandro Salinas. En esta nómina no figura Jorge O’Connor D’Arlach, presidente de Catler Uniservice el empresario que fue asesinado el martes y portaba los 450.000 dólares, de los cuales tan sólo 88.000 fueron recuperados, según el informe de la Policía.

Catler-Uniservice se registró en Fundempresa como una compañía dedicada a la actividad minera, ejecución de plantas, fabricación de productos químicos. En Santa Cruz se indica que la SRL tan sólo tiene un almacén. En tanto que la dirección establecida en la web del grupo señala: Avenida Busch, entre el tercer y cuarto anillo, calle 5, número 100.

El registro de la SRL en Fundempresa de forma posterior a la suscripción del contrato de construcción «llave en mano», 14 de julio y septiembre de 2008, respectivamente, ya es una anomalía.

Respecto del avance de las obras que ya tendrían que estar en más del 50 por ciento, ni en YPFB ni en Andina se brinda información, la respuesta fue «vamos a averiguar».

En cuanto a la relación de parentesco del presidente de YPFB, Santos Ramírez, con O’Connor y dos personas que iban en el vehículo con el empresario tarijeño: Gonzalo Aramayo, que sería sobrino del ejecutivo, y Javier Navia Doria Medina, cuñado de Ramírez, en la estatal petrolera no se hizo ninguna aclaración.

Diputado deslinda responsabilidades en asesinato de Jorge O’Connor

La Paz/ANF

El diputado Marco Antonio Córdova (Podemos) está apenado por la implicación de sus dos hermanos mayores en el atraco y asesinato del ingeniero tarijeño, Jorge O’Connor, y aseguró que su persona no tiene nada que ver en el hecho.

«Mi persona no tiene nada que ver con el tema, he conocido la noticia por los medios de comunicación y lamento que mis hermanos Fernando y Ernesto estén involucrados pero las acciones son personales, cada quien tiene que responder por sus actos», aseguró el parlamentario.

Esta jornada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) identificó a Fernando y Ernesto, hermanos del diputado Marco Antonio Córdova Santiváñez y sobrinos del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, como los presuntos autores intelectuales del atraco de 450 mil dólares perpetrado el pasado martes en un domicilio de la avenida Tejada Sorzano, donde perdió la vida el empresario Jorge O’Connor D’Arlach.

Según declaraciones de los presuntos delincuentes, los hermanos Córdova habrían sido responsables de planificar el atraco. Asimismo, ambos hermanos, de acuerdo al reporte policial, tienen antecedentes delictivos por trata y tráfico de blancas.

El 10 de julio de 2008, los parlamentarios del MAS, denunciaron que el diputado Córdova, cuenta con tres cédulas de identidad con diferentes nombres y números del documento. Una certificación de la Policía Técnica Judicial establece que Marco Antonio Córdova tiene el CI 43309461 LP y cuenta con antecedentes policiales; un segundo registro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), certifica que Córdova tiene el carnet de identidad 4521756 LP y el tercer registro de identidad, es 4330946 LP.

Por otro lado, el pasado 7 de marzo de 2007, la Bancada Parlamentaria de Podemos en Diputados determinó iniciar un proceso interno al diputado Córdova por haber dañado la imagen de esta agrupación política, al haber sido sorprendido por los medios de prensa en una supuesta visita al ex prefecto Luis Alberto «Chito» Valle en la cárcel de San Pedro, quien está acusado de haber ocasionado un daño económico de más de 20 millones de dólares por la venta ilegal de vehículos, maquinaria, apropiación indebida de bienes y por el sobreprecio en la compra de inmuebles.

Sin embargo, el diputado aseguró que no tiene nada que ver en este tema y anunció que este viernes dará una conferencia de prensa para aclarar su postura al respecto.

 

INFORME EL DEBER

El asesinato de O’Connor complica a Santos Ramírez

Crimen. El presidente de Yacimientos y el diputado de Podemos Marco Córdova serán investigados por la muerte del empresario. Ayer, la Felcc presentó a los supuestos autores del atraco de la Tejada Sorzano

image Aprehendidos. Verónica M.Q.,Rufino R.C., Franz Michel R. y Ernesto C.S. fueron presentados ayer por la Policía

Marco Chuquimia y La Prensa

La viceministra anticorrupción, Nardy Suxo, y una comisión del Senado anunciaron que investigarán  si el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, está implicado en el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, empresario tarijeño que tenía contrato con YPFB para construir una planta de GLP en Santa Cruz, por $us 86,35 millones.

Este caso también ha salpicado al diputado Marco Antonio Córdova Santiváñez, porque los dos principales acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de O’Connor, al que le robaron $us 450.000 que llevaba consigo, son sus hermanos Fernando y Ernesto.

Consultado al respecto, el diputado de Podemos admitió el parentesco, pero dijo desconocer los actos que realizan sus familiares. Añadió que en el edificio donde fue victimado Jorge O’Connor D’Arlach vivía uno de sus hermanos.

Aunque Córdova afirmó que ‘hace mucho tiempo’ que no tiene contacto con sus hermanos, los vecinos del inmueble ubicado en la avenida Tejada Sorzano N° 601 dijeron que el vehículo del diputado, un convertible BMW plateado, ‘casi siempre’ está en la puerta del inmueble.

Córdova señaló que hasta el momento no fue convocado a declarar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que no estuvo en esas oficinas; pero en la Policía informaron, que el miércoles el diputado estuvo en esas dependencias y que, incluso, se comunicó con dos de sus colegas parlamentarios, a los que pidió ayuda.

Ayer, el director de la Felcc coronel Fernando Figueredo afirmó que los hermanos Córdova Santiváñez fueron acusados por los hermanos Rufino R. C. (Papis) y Franz Michael R. C. (Ticoco), además de Verónica M. Q. de ser los autores intelectuales y de planificar el robo de los $us 450.000

Pero en horas de la tarde, cuando los acusados eran conducidos a las celdas policiales, Rufino aseguró que él no acusó a nadie y denunció maltrato policial en el momento de su detención. Verónica, al ser consultada sobre estos supuestos abusos, guardó silencio y salió rápidamente.

Los hermanos Córdova son propietarios de los locales nocturnos más conocidos de la ciudad de La Paz. La Policía arrestó, el miércoles, a Ernesto Córdova junto a tres de sus supuestos cómplices – Santos Omar Z., Avelino Q. Ch. y Juan Marcelo Q.- en un local conocido como El Caballito, que es de propiedad de los hermanos Córdova. En ese operativo se incautó un revólver calibre 22, Bs 3.00 y la computadora personal de O’connor.

El director de la Felcc explicó que se investigó también el movimiento de una persona en Cochabamba, que realizó un depósito de $us 38.000 en la cuenta que tenía en una entidad financiera. Los antecedentes y el movimiento financiero ocasionaron la sospecha y procedieron a la detención de Franz Michael R. Con la captura de esta persona se pudo aprehender, en horas de la noche, a su hermano Rufino R. C., que tenía $us 50.000 y estaba acompañado por Verónica M. Ayer, los tres llegaron a la ciudad de La Paz vía aérea.

Mientras Luis Fernando Córdova Santiváñez era internado en el hospital Arco Iris, en la zona de Villa Fátima, ya que supuestamente lo secuestraron y golpearon para luego abandonarlo en la salida de La Paz, hacia la región de Yungas.

Para la Policía, el caso fue resuelto porque tiene a los autores materiales e intelectuales, salvo Ariel Paniagua, que según las autoridades está prófugo.

Pero al ser consultados sobre las acusaciones contra el presidente de YPFB con los delincuentes y la presunta ‘coima’ que implica a la estatal petrolera, las autoridades policiales decidieron guardar silencio.

Figueredo afirmó que ‘el destino y el origen del dinero’ tendrá que ser establecido en el juicio que se instaurará contra los ocho aprehendidos y que esa investigación será la responsable de establecer la veracidad de la denuncia.

Hay versiones que involucran a Ramírez en un presunto soborno. En la escena del crimen, el martes 27 por la mañana, dos personas dialogaban visiblemente nerviosas con los policías, que media hora después del asesinato de Jorge O’Connor comenzaban las investigaciones del hecho. Se trataba de Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, en cuyo departamento iba a producirse una reunión, y Javier René Navia Doria Medina. Ambos son primos hermanos. El segundo es, además, hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y esposa del presidente interino de YPFB, Santos Ramírez.

El inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano es un edificio de tres pisos. En la planta baja funciona un taller de serigrafía y en la primera se encuentra el departamento de Aramayo, a quien sus vecinos saludan como ‘doctor’.

En ese lugar, los dos familiares políticos del titular de YPFB debieron reunirse con el fallecido y con su hermano menor, Miguel O’Connor D’Arlach, además de Luis Fernando Córdova Santiváñez, empleado del occiso. Cuando la víctima y el dueño de la casa se aprestaban a ingresar en el edificio, cinco antisociales bajaron de una vagoneta Caldina verde y de una motocicleta roja, empujaron a Aramayo contra la pared y lo mantuvieron aprisionado con la misma reja, mientras que O’Connor fue introducido por la fuerza al zaguán.

Llevaba dos maletines, en los que tenía una computadora personal y $us 450.000. Se los arrebataron antes de dispararle en el cuello. El tiro le causaría la muerte minutos después.

Los delincuentes huyeron en cuestión de segundos en los motorizados ya descritos. Se fueron a velocidad normal por la avenida Tejada Sorzano para tomar la calle Teniente coronel Agustín Saavedra hacia la zona de Alto Miraflores.

Aramayo Doria Medina preside la Fundación Kantati, cuyas oficinas funcionan en el local 108, piso 10, del edificio Mariscal Ballivián.

Ayer, sus puertas estaban cerradas. Esta entidad , en la que también trabaja Navia, se dedica a canalizar recursos para construir viviendas de carácter social. En el lugar del crimen, Navia Doria Medina declaró que la reunión tenía la finalidad de ‘cerrar un proyecto’ de la Fundación y Uniservice, de la que la familia O’Connor es propietaria.

  Varios tienen antecedentes   

– Ariel Carlos M.F. Ex interno del penal de San Antonio de Cochabamba por el delito de robo agravado.

– Rufino R.C. Tiene mandamiento de aprehensión preventiva expedida por la jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal de Cochabamba, por el delito de robo agravado.

– Verónica M.Q. Fue arrestada junto con su pareja, Rufino, en posesión de $us 50.000.

– Ernesto C.S. Tiene antecedentes en la Felcc, está relacionado con el funcionamiento de locales nocturnos en la ciudad de La Paz. También estuvo implicado en el delito de trata de personas.

– Luis Fernando C.S. Es hermano de Ernesto. También tiene antecedentes en la Policía. Junto con su hermano, se dedicaba al negocio de funcionamiento de locales nocturnos. A él se lo implicó en el delito de trata de personas.

– Carlos M.F. Se encuentra prófugo.

– Franz Michel R.C.. Tiene antecedentes penales. Depositó $us 38.000 en el fondo financiero privado FIE.

– Santos Omar Z. Está detenido con fines investigativos.

– Juan Marcelo Q.A. Se investiga su grado de participación en el caso.

– Avelino Q.Ch. Está siendo investigado.

   Cronología  

– Martes 27 de enero. A las 10:40, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan y asesinan de un balazo al empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, en las puertas de un edificio ubicado en la avenida Tejada Sorzano, a una cuadra de la plaza Villarroel, en la ciudad de La Paz. Le arrebataron $us 450.000.

– Miércoles 28. Fernando C.S., que durante el atraco guiaba el vehículo en el que se encontraba O’Connor D’Arlach, no se presentó ante el fiscal Luis Mamani para prestar sus declaraciones, previstas para las 8:30. Dijo que había sido secuestrado y torturado por desconocidos. Horas más tarde, la Felcc realiza el allanamiento del local de bebidas alcohólicas El Caballito, donde se encontró un revólver calibre 22, una laptop y Bs 3.000. Fueron detenidos Ernesto C.S., Santos Omar Z., Juan Marcelo Q.A y Avelino Q.Ch.

– Miércoles 28. Por la tarde fue detenido Franz Michel R.C. y en horas de la noche, en un operativo realizado en Cochabamba, fueron aprehendidos Rufino R.C. y Verónica M.Q., que en sus manos tenían $us 50 mil.

– Jueves 29. La Policía presenta a la prensa los detenidos en La Paz y en Cochabamba y acusa a los hermanos Ernesto y Luis Fernando C.S de ser los autores intelectuales del atraco.

– Viernes 30. Los acusados serán presentados ante un juez.

El dinero supuestamente fue retirado a través de tres cheques

Crimen. Los $us 450.000 que le sustrajeron al propietario de Uniservice fueron sacados del Banco Unión y presuntamente provenían de dos desembolsos diez veces mayor que depositó YPFB

image

Decomiso. Documentos de identidad, de depósito bancario y placas falsos.

Los $us 450.000 que llevaba Jorge O’Connor D’Arlach en el momento en que fue asesinado supuestamente los acababa de retirar de la cuenta de Uniservice SRL del Banco Unión. Así lo aseguró una fuente confiable que pidió que su nombre no sea revelado. Esta transacción se habría realizado a través de tres cheques, uno a nombre de O’Connor y dos girados a otras personas (se presume que fueron para sus acompañantes en el momento del atraco). Por el monto que implicaba el pago, se habría realizado en la bóveda del banco por seguridad.

Dos semanas antes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a través de Santos Ramírez, habría depositado $us 4,5 millones a la cuenta de O’Connor, como adelanto para la construcción de una planta de GLP en Río Grande, a 61 Km de Santa Cruz de la Sierra. Este depósito supuestamente se realizó en dos transferencias, desde el fideicomiso de la estatal petrolera. El monto retirado por O’Connor corresponde al 10% de lo depositado y, según versiones de senadores opositores, iba destinado a pagar un soborno a Santos Ramírez, ya que el empresario fue asesinado fuera de la casa que alquilaba el cuñado de éste.

En julio del año pasado, el Presidente de la República fue el encargado de dar por iniciada la obra de la planta y anunció que los $us 86,35 millones que costaba el proyecto iban a salir del Tesoro General de la Nación.

Para ello, la empresa de O’Connor, Uniservice, hizo una sociedad accidental con Catler, una empresa con oficinas en Argentina, EEUU y Centro América, que se encargó de comprar la planta a una empresa estadounidense por $us 61 millones. Para ello fue necesario que YPFB abra una carta de crédito. Como el monto era muy elevado para ser cubierto por un banco nacional, la operación se realizó con uno de Alemania.

Ya se habría desembolsado unos $us 20 millones, poco más de 15 millones fueron a parar a la fabricante de la maquinaria, mientras que los 4,5 millones restantes se entregaron a Uniservice, ya que supuestamente Catler no pudo abrir una cuenta corriente en Bolivia porque no tiene personería jurídica.

El dinero entregado a Bolivia era manejado únicamente por O’Connor. Según el acta de una reunión aclaratoria entre YPFB y los interesados en el proyecto, celebrada el 5 de junio del año pasado, como representantes de Uniservice figuraban Mario Cossío N. y Julio Jorge Salazar N.

  Jorge 0’Connor D’arlach  

Firmó un contrato por $us 86,35 millones

La víctima (37) era de Tarija, hijo del rector de la ‘U’ Privada Domingo Savio de Tarija. Presidía la empresa Catler -Uniservice, contratada por YPFB para instalar una planta de gas licuado en Río Grande, a 61 kilómetros de Santa Cruz. En julio de 2008 firmó contrato con el presidente de YPFB, Santos Ramírez, para instalar dicha planta, por $us 86,35 millones. En días pasados, la petrolera hizo efectivo un pago de $us 4,5 millones. La constructora tiene 340 días para entregar la obra.

Investigan en el Gobierno y el Parlamento

El Viceministerio de Transparencia y el Senado serán las instancias que investigarán las causas del atraco a Jorge O’Connor D’Arlach y las acusaciones que pesan contra Santos Ramírez.

Ayer, la viceministra Nardy Suxo dijo que solicitó información al Ministerio de Hacienda sobre el movimiento económico que se realizó. También pidió a YPFB que mande copias de los contratos; a Fundempresa que brinde información sobre Catler Uniservice y a la Felcc que haga seguimiento, ‘puesto que habría indicios de corrupción’. Mientras, el presidente del Senado, Óscar Ortiz, informó de que se conformó una comisión que coadyuvará el trabajo de los fiscales. Está compuesta por Antonio Peredo y Ricardo Díaz (MAS), Luis Vásquez (Podemos), José Villavicencio (UN) y Fernando Romero (MNR). Para el senador Wálter Guiteras, Ramírez es sospechoso de estar cobrando soborno.

Había una denuncia contra Catler

En la Policía apareció una carta del 5 de enero de este año y como firma lleva la fotocopia de una cédula de identidad. La misiva está dirigida al fiscal Jorge Gutiérrez y describe una supuesta adjudicación irregular de la construcción de una planta de GLP por $us 86 millones. Según la denuncia, Luis Fernando Córdova era el ‘gestor’ de la empresa Catler Uniservice SRL, que logró el contrato de instalación del complejo en julio del año pasado.

El documento también afirma que el gestor del contrato fue el diputado Marco Antonio Córdova, porque facilitó el paso a su hermano con ‘credenciales de funcionario de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y cartas de recomendación de autoridades (diputados, y Senadores, incluso del mismo Santos Ramírez)’.

Prosigue con una supuesta investigación de la empresa y sostiene que tendría sucursales en Argentina, Brasil y Santo Domingo. «Haciendo las averiguaciones y llamadas a estos lugares, no conocen Catler Uniservice SRL ni mucho menos a sus representantes Agustín Milano e Iván Fiorilo. En consecuencia, este portal es falso», asegura la denuncia.

Luego afirma que por esas gestiones, los allegados de Catler debían entregar una ‘fuerte cantidad de dinero’ a Fernando Córdova, pero que fue depositada a nombre de su esposa y que ‘fue empleada en la compra de vehículos de lujo’.

De acuerdo con los sellos del documento, el hecho era conocido por el fiscal Edward Mollinedo; la Cámara de Diputados, la Unidad de Transparencia de YPFB; el diputado Arturo Murillo; la Comisión de Gobierno de Diputados; el senador Luis Vásquez, y cuatro medios de comunicación.