Es absurdo que el Gobierno de las mayorías no respete el sentimiento religioso de la mayoría del pueblo boliviano, que se autodefine creyente y católica. Las actitudes de intolerancia religiosa, sin duda, fortalecerán a las comunidades cristianas en torno al Redentor.
Editorial La Razón
La puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado, aprobada mayoritariamente en el referéndum del 25 de enero, es, sin duda, una tarea desafiante que requiere de un gobierno con la voluntad política y una visión nacional e inclusiva para lograr la adhesión de todas las instituciones del país, con el objetivo último de que la ciudadanía boliviana no sólo tenga que acatar la Carta Magna, sino que esté comprometida con ella, por convicción y no por imposición.
Sin embargo, es evidente que el Poder Ejecutivo ha elegido un camino tortuoso y sinuoso. Y como el Gobierno sabe que tiene mayores habilidades y olfato político en situaciones de conflicto, ha decidido generar tensión en la celebración más importante de la Iglesia Católica, con el argumento de que está aplicando la CPE.
Y lo hace con señales contradictorias. La primera fue retirar la cruz y la biblia del Palacio de Gobierno, pero mantuvo el cirio. Esta semana, el Ministro de Defensa dispuso que las Fuerzas Armadas no participen de ningún acto religioso, pero la banda de la Policía será parte de la procesión del Santo Sepulcro. Por otro lado, la Prefectura de La Paz no emitirá el auto de buen gobierno, aunque en Potosí, el departamento con mayor caudal masista, se dispuso restricciones en el marco de la Semana Santa.
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El artículo 4 de la CPE señala: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”. En otras palabras, la nueva Constitución ha modernizado la relación entre Iglesia y Estado.
La independencia significa que la Iglesia no tendrá más privilegios ni la obligación de incorporar liturgias a los actos oficiales del Estado; es decir, ninguna dependencia de la doctrina católica a las políticas de la Nación. En eso gana la Iglesia. Sin embargo, la independencia no significa contraposición ni hostilidad, sino colaboración para resolver los problemas de la gente desde diferentes orillas, la de la fuerza de la ley y la de la fuerza moral.
Como se ha visto en estos días, el Gobierno está decidido a hacer cumplir dicha independencia, pero se arriesga a afectar las tradiciones de la gran mayoría de la población, pues en Bolivia la fe no es un acto íntimo o individual, como lo reitera el viceministro Sacha Llorenti. Dichas actitudes, que recuerdan a los tiempos de la intolerancia, sin duda, fortalecerán a las comunidades cristianas en torno al Redentor de la humanidad.
Ahora, los cambios previstos en la CPE pueden ser encaminados sin traumas. Los Estados laicos europeos, por ejemplo, respetan los feriados religiosos y los reglamentan en coordinación con la Iglesia; sus autoridades participan, por voluntad propia, en ceremonias de relevancia, y permiten servicios religiosos de diferentes confesiones en los cuarteles, respetando la libertad de culto y coadyuvando a fortalecer los valores morales y humanos de la tropa.
Es absurdo que el Gobierno de las mayorías no respete el sentimiento religioso de la mayoría del pueblo boliviano que se autodefine creyente y católico. La libertad de religión no puede ser un simple enunciado: el Estado debe garantizarla facilitando la participación de los fieles en sus cultos; feriados religiosos, clases de religión a pedido de los padres de familias y otros actos.