Las amenazas de los sectores sociales del MAS no cesan

Juristas afirman que el Congreso no puede ser cerrado por simple capricho, el Parlamento debe seguir hasta que se posesione al otro.

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Desmarque. El principal dirigente de la Cidob, Adolfo Chávez, anunció ayer en La Paz que ya no apoyan a los masistas

Negociación. Los sindicatos afines al partido de Gobierno activan su estado de emergencia y exigen al Parlamento aprobar la ley electoral. Residentes en el exterior están a la expectativa

El Deber

Gustavo Ondarza 

Casi descartada la posibilidad de cerrar el Congreso a través de la renuncia colectiva de los parlamentarios del MAS, los movimientos sociales afines al partido en función de Gobierno han reactivado la amenaza de obligar a los congresistas, vía cerco o vigilia, a aprobar el proyecto de ley electoral.

Así lo hicieron conocer los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, de la Confederación de Colonizadores y de la Conalcam, Fidel Surco, y de la Csutcb, Isaac Ávalos.

Éstos hablaron del punto antes de la medianoche en la plaza Murillo, después de sostener una reunión de emergencia con el presidente de la República, Evo Morales.

Ávalos advirtió que si no se aprobaba la ley, “entonces ya no hay ley ni Congreso”, en referencia a la posibilidad de obligar a cerrar las puertas del Parlamento.

Por su parte, Montes declaró la emergencia de la clase obrera en todo el territorio nacional. “Los parlamentarios no quieren cumplir con el sacrificio que costó la Constitución Política del Estado, con la gran marcha y con el voto del pueblo. Por este hecho, desde este momento, la COB se declara en emergencia. Si todavía dan buena lectura hacia el pueblo boliviano, van a tener la moral de seguir siendo legisladores. Si no hay nada de eso, nos obligarían a tomar decisiones, no porque quieren los trabajadores sino porque los legisladores no cumplen con su pueblo”, apuntó.

Los sectores sociales afines al MAS esperarán las definiciones congresales en el Palacio de Gobierno, desde donde emanará una declaración conjunta sobre las medidas que tomarán las próximas horas, dependiendo del desenlace de la sesión del Congreso.

El presidente nato del Congreso y vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, se dijeron optimistas, por separado, en la perspectiva de que oposición y oficialismo alcancen un acuerdo sobre el tema del padrón electoral, ‘nudo gordiano del embrollo’, como lo llamó García Linera, que dirige la sesión congresal.

Por su parte, los dirigentes de la Cidob confirmaron que dejarán de participar de las reuniones de la Conalcam porque consideran que han sido traicionados por el oficialismo al no tomar en cuenta su proyecto para las circunscripciones especiales.

Este punto, junto al tema del empadronamiento electoral, es otro de los que mantiene enfrentados a opositores y oficialistas. Los unos insisten en que los escaños para los indígenas, originarios y campesinos no deben pasar de cuatro, en tanto que los otros aceptaron que su propuesta inicial de que sean 14, baje a ocho, como máximo.

Al respecto, el Arquiri Apu Mallku del Conamaq, Domingo Cuentas, expresó su indignación por lo que calificó como traición de los legisladores del oficialismo y se sumó al pedido del cierre del Congreso Nacional.

“Es un acto de traición en contra de los indígenas; nosotros habíamos pensado que esto había pasado, pero continúa la discriminación de ambos lados”, protestó el representante de una de las organizaciones que más se identifica con el partido en función de Gobierno.

En filas del oficialismo han señalado que buscan consensuar con los de la oposición una normativa que evite perder el respaldo de sectores que apoyan su política de gestión gubernamental.

Voto en el exterior causa expectativa

Los residentes en el exterior están siguiendo de cerca el avance de las negociaciones en el Parlamento para saber si podrán sufragar en las próximas elecciones generales.

Organizaciones de bolivianos en España y Argentina, principalmente, mantienen contacto permanente con representantes en el país a fin de tener en detalle cómo marcha el asunto.

Juan Batallas Santos, vicepresidente de residentes en España, pidió a los parlamentarios la aprobación de la ley electoral en la que se tome en cuenta a los bolivianos para que puedan emitir su voto en las elecciones y referendos que se desarrollen en Bolivia.

“Somos muchos bolivianos que por diferentes motivos tuvimos que salir al exterior y creo que éste es un derecho que tenemos porque no hemos perdido nuestra nacionalidad ni la ciudadanía por lo que esperamos una promulgación rápida”, señaló

Entretanto en Buenos Aires, Simón Choque, uno de los residentes que en octubre pasado realizó una huelga de hambre en la sede de los fabriles de La Paz y en la capital bonaerense para presionar la aprobación del voto en el exterior, indicó que allí perciben que en el Congreso no se los quiere tomar en cuenta por lo que continuará postergada su aspiración de ser ‘sujetos de derecho’, pese a estar lejos del país.

Según medios de comunicación de Chile, Paraguay y Brasil, allí también los bolivianos siguen las noticias sobre su participación activa en los futuros comicios, aunque no con la fuerza de los que viven en Argentina y España.

   Para resaltar  

– Acusación. El parlamentario masista René Martinez acusó a los ‘grupos oligarcas’ de Santa Cruz de ser los que digitan el fracaso de un acuerdo para promulgar la ley electoral.

– Posición. El secretario de Autonomías de la Gobernación de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, apuntó que la única exigencia que hacen los representantes cruceños es tener reglas claras para una elección limpia.

– Espera. Dirigentes medios y afiliados a sectores cocaleros de Chapare y Yungas aguardan la instrucción de los secretarios ejecutivos de sus entidades matrices para saber si marcharán hasta la sede de Gobierno para presionar a los parlamentarios a aprobar la norma electoral.

– Vigilia. Anoche un grupo de personas hizo un intento de instalar una vigilia en la plaza Murillo.

No es fácil dejar vacío los curúles

Jorge Lazarte /Ex vocal de la CNE

Los parlamentarios renuncian ante el Congreso, no ante la CNE, como insinuaron algunos diputados y senadores masistas. Además, las renuncias, de acuerdo con una jurisprundencia que existe en la CNE, de por sí no paralizan la institución a la que están renunciando. Si dimiten los titulares, están los suplentes y si no están los suplentes, están los demás candidatos que figuraban en las listas del MAS. La CNE tiene la obligación de habilitar uno por uno hasta agotar la lista. Si acaso se produjera la renuncia, habría una alteración del orden constitucional, que está consagrado como un atentado al orden democrático de la OEA. El orden en Bolivia quiere decir Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No puede haber orden democrático sin uno de los tres poderes del Estado. Una decisión de esta naturaleza debe ser pasible a las sanciones que establece la Carta Democrática de la OEA. Desde el punto de vista político, podrían crear situaciones muchísimo más conflictivas para el propio Gobierno porque no puede adelantar elecciones, porque sería una violación a la Constitución. Por otro lado, los comicios no son viables con el actual Código Electoral, teniendo en cuenta que hay una nueva CPE.

El Congreso no puede ser cerrado por simple capricho

El Colegio Nacional de Abogados, el ex presidente del Tribunal Constitucional y el decano de Derecho de la UAGRM afirmaron que el Parlamento debe seguir hasta que se posesione al otro.

El Nuevo Día

Ante las permanentes amenazas del cierre del Congreso por parte del Gobierno, parlamentarios oficialistas y movimientos sociales afines al MAS, tres abogados coincidieron ayer que esto no puede darse por el simple capricho y que constituye un delito atentar contra un poder del Estado.

“Estamos ante el último acto del Congreso previsto por la Constitución Política del Estado es decir la aprobación de la Ley Electoral Transitoria”, señaló el Vicepresidente de la República, dando a entender que a partir de ahí, entonces el Parlamento ya no funcionaría.

Sobre el tema, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, dijo que no caben las amenazas de cerrar un poder del Estado que es tan legítimo como el propio Poder Ejecutivo porque ambos emanan de los votos y representan la soberanía popular.

En el Congreso están las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos, es decir al pueblo , “y no puede ser que por un simple capricho, estén anunciando o que van a renunciar a sus curules o que piensan clausurarlo”, dijo.

Rojas señaló que no puede existir un vacío de poderes y el Congreso debe estar vigente, legislando y fiscalizando hasta que posesionen a la nueva Asamblea Plurinacional después de las elecciones de diciembre.

Antes quienes renuncien tienen que ser reemplazados por los suplentes y así sucesivamente de acuerdo a la votación que hayan tenido.

Lo mismo sucede con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y todas las instituciones.

Por su parte el ex presidente del Tribunal Constitucional, Willman Durán, afirmó que cerrar el Congreso es cometer delitos penados por ley.

En ese sentido citó el artículo 122 del Código Penal referido a la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

Y el 293 del mismo cuerpo de leyes que se refiere a las amenazas en contra de instituciones o de personas.

Explicó que al libre albedrío y sin tener conocimiento de las leyes no se puede amenazar alegremente a un Poder del Estado.

Finalmente, el decano de la Facultad de Derecho de la universidad Gabriel René Moreno, Alfonso Coca, explicó que los parlamentarios están sujetos a un período de funciones y no pueden acortarlo, y ésta concluye después de las elecciones de diciembre.

Cerrar el Congreso significaría entonces actuar de facto y por decreto de modo que no corresponde pensar que ese órgano del Estado deba cerrar sus puertas.

‘Nadie debe creer tener la llave de nada’

El vicepresidente de la Confederación de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia (Conniob), Víctor Hugo Velasco dijo que ni el Gobierno, ni la oposición, y peor los movimientos sociales afines y pagados por el MAS deben creerse con derecho de tener la llave para cerrar el Congreso.

Dijo sentirse sorprendido cómo se pretende dar validez a lo que dicen dirigentes apócrifos como Saúl Avalos de la Conamaq o Fidel Surco del Conalcam, el primero que ha sido acusado de recibir 5 millones de dólares para movilizar a los campesinos antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado o al segundo que ya sin ningún descaro pasea en vehículos último modelo y con agentes de seguridad pagados por el Gobierno o por Hugo Chávez.

Velasco dijo que no sabe quién le ha dicho a estos personajes que tienen el derecho de cerrar un poder del Estado con total impunidad, sólo porque les molesta que especialmente el Senado no dé vía libre a todas las arbitrariedades que se pretenden cometer desde el Gobierno de Evo Morales.

Delitos

Concesión de facultades extraordinarias • “Incurrirán en privación de libertad de dos a seis años los miembros del Congreso o los que en reunión popular concedieren al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del Poder Público o supremacías por las que la vida, los bienes y el honor de los bolivianos, queden a merced del Gobierno o de alguna persona”. (art.122 del Código Penal)

Amenazas • “El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días. La pena se agravará si los amenazados son  a autoridades e instituciones públicas o cuando se hace apología pública de un delito, (art.293 del Código Penal).