El presidente dice no basta ser Gobierno, quiere ser Estado, no que el Gobierno sea la cabeza del Estado, sino el Estado soy yo. Es una especie de competencia de quien quiebra más instituciones.
Programa: DIALOGO
Radio: PANAMERICANA
Participan: Wilfredo Chávez (viceministro Coord. Gubernamental)
Jimena Costa (analista política)
Bernardo Wayar (abogado constitucionalista)
EL DECRETO DE CONFISCACION DE BIENES
Wayar: “Encontramos una serie de acuerdos internacionales, declaraciones, un contexto mundial que se asocia para luchar en contra del terrorismo. Esto se da esencialmente a partir del ataque a las Torres Gemelas el año 2001 en septiembre.
(Varios tratados y acuerdos) vinculan al Estado, en este caso al Estado boliviano, a emitir disposiciones para prevenir y reprimir actos de terrorismo, así como abstenerse a proporcionar cualquier tipo de actividades a personas que participen en la comisión de actos terroristas.
La misma Constitución previene y califica el delito de traición a la patria, entre otros acápites contra quienes atenten contra la unidad del país.
Además del marco normativo que se aplica, ya existen las medidas de incautación y confiscación, no es una novedad que se incorpore en el país. El Código Penal desde hace varios años atrás reconoce la posibilidad que la comisión del delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con los que se hubiera ejecutado, y los efectos que de él provienen serán decomisados.
Encontramos una serie de disposiciones, legislativas en este caso, y una disposición internacional que permite un desarrollo a través no necesariamente de una ley, sino un Decreto Supremo para dar armonía y poder dar cumplimiento al acuerdo internacional. Ratificamos, estos no están generando derechos ni se están suprimiendo derechos, esa es la base general por la que se emite del Decreto que tiene como única finalidad que el Estado como tal tenga un desarrollo de prevención en cuanto hace a la cautela de bienes y patrimonio que se dedica o es destinado a financiar estos delitos: traición a la patria, terrorismo, alzamiento armado que atenta contra la seguridad del Estado. Desarrolla instituciones que ya estaban establecidas mucho antes.
“EL ESTADO SOY YO”
Costas: Le he escuchado atentamente al ministro y casi le creo, pero casi. Hay que analizar el decreto no en base de revisar los tratados internacionales o toda la legislación, sino de ver una decisión política en el contexto del proceso político nacional de los últimos años. Está clarísimo que el decreto, primero, es parte del proceso de crisis institucional, que también es intencional, por parte del Gobierno central, no solo por el Gobierno pero lo es desde el Gobierno.
Hay una crisis institucional y hay un proceso de destrucción intencional de instituciones en los últimos tres años, además hay un proceso político a través del cual, lo ha dicho honestas y sinceramente tanto el presidente como el vicepresidente, se busca el control total del poder. En la semana que ha pasado, el presidente dijo que quería tener el control no solo del Gobierno, sino también del Poder Legislativo y Judicial.
Hemos llegado a un extremo en el que se sustituye o se confunde el interés del Estado con el interés del Gobierno, se tomas ciertas medidas a nombre del Estado o de la seguridad y de la unidad nacional, decisiones que más bien están enfocadas a garantizar los intereses del Gobierno.
El presidente dice no basta ser Gobierno, quiere ser Estado, no que el Gobierno sea la cabeza del Estado, sino el Estado soy yo. No es la primera vez que escuchamos esto ni en la historia nacional, menos en la latinoamericana.
Para emitir el decreto se requería una ley, pero también se requería una Asamblea para modificar la Constitución de Oruro. Ya ocurrió cuando era imposible ir a un revocatorio cuando no existía la figura en el ordenamiento ni legislativo ni constitucional. Es una especie de competencia de quien quiebra más instituciones, como la nueva Constitución, que ya ha sido violada en varias oportunidades, incluyendo la reestructuración del Órgano Ejecutivo.
Este decreto tiene un objetivo particular, la única oposición que ha sido al final irrebatible, puede ser contradictoria, que puede ser desarticulada, hasta confusa, pero tal cual está la oposición regional es la más fuerte, el movimiento autonomista nacional que ha sido siempre liderado por Santa Cruz
Aún con un Leopoldo Fernández preso, aún con una Savina Cuellar sentada en Sucre y que aún con el cerco a Santa Cruz o las acusaciones de corrupción contra Ernesto Suárez y a Mario Cossio no se ha podido vencer.
Van 4 o 5 hechos electorales en los que el presidente Evo Morales es ratificado, o su propuesta es ratificada, pero también hay 4 o 5 hechos electorales en los que esa oposición crece, que más del 60% de la población de esos departamentos apoya a esos prefectos y a esos comités cívicos y a esa propuesta autonómica, y el Gobierno no ha podido vencerlos, no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer primero con el no a la autonomía, luego diciendo que los referéndums eran encuestas costosas, y al final tuvo que incorporar en la Constitución la autonomía departamental, además el presidente tuvo que volverse autonomista.
Queda muy claro que el valor que más le importa a la sociedad boliviana es la unidad nacional. Con una buena lectura del contexto político el Gobierno vuelve a asociar la autonomía con el separatismo, aquí no se trata de que se haya probado que los señores de Santa Cruz eran terroristas, mientras no se pruebe lo contrario son inocentes, entonces todavía son inocentes y se les tendrá que probar que son terroristas.
Por tanto, tendrá que culminarse un proceso de investigación por demás confuso, contradictorio y hasta cómico, hasta me asustaba en ponerles las capas a mis perros porque también eran camufladas.
El decreto cae como anillo al dedo para amedrentar a esa oposición, la más fuerte, la vanguardia de la oposición, la cruceña.
EL DECRETO ES INCONSTITUCIONAL
Wayar: “Toda norma tiene un objeto y una finalidad, Jimena ha expresado de forma muy clara a dónde está dirigido este decreto. Jurídicamente llegaré al mismo resultado al que ha llegado ella.
Este Decreto Supremo es inconstitucional, La Constitución de todo Estado separar las funciones en forma absolutamente clara para que no se invada una zona por otro poder del Estado. El Poder Ejecutivo es un poder administrador de la cosa pública, y ejercita el poder de Policía, ejercita el poder de seguridad interna, las relaciones internacionales, la economía y se basa en normas que le señala la Constitución.
El hecho que sea Poder Ejecutivo no significa que tenga facultades reglamentarias absolutas, solo puede reglamentar lo que la Constitución le permite reglamentar y aquello que está en la naturaleza administrativa que cumple, fuera de ello el Ejecutivo no lo puede hacer porque la norma se torna arbitraria, inconstitucional.
El artículo 109 de la Constitución los derechos y garantías solo pueden divulgados por él, es decir ley formal, es una ley que debe ser emitida por el Poder Legislativo u Órgano Legislativo o lo que se le quiera llamar. De esta manera el Poder Ejecutivo no puede regular procedimientos y medidas cautelares que afecten a la libertad, que afecten el derecho a la propiedad de las personas, es incompatible.
El Ejecutivo al haber dictado este Decreto ha invadido la zona de reserva legal del Poder Legislativo, que por mandato de la Constitución es el único que puede dictar leyes.