El Ministro de Gobierno dejó establecido que el decreto «no es confiscatorio», ante la controversia que desató el anuncio de revertir los presupuestos de las prefecturas para la seguridad ciudadana.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, explica los alcances del decreto (JLQ, ABI)
La Paz, 24 jun (ABI).- El Gobierno boliviano aprobó el miércoles un decreto supremo que obliga a las prefecturas de los nueve departamentos a invertir adecuadamente los recursos asignados para la seguridad ciudadana y la prevención del delito, bajo la conminatoria de que los montos no ejecutados en el presupuesto anual serán transferidos al presupuesto de la Policía Boliviana.
«Este decreto tiene únicamente el sentido de garantizar que los recursos presupuestados para seguridad ciudadana, por las prefecturas de cada región, sean invertidos y utilizados efectivamente en seguridad ciudadana en la gestión», argumentó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en rueda de prensa en el presidencial Palacio Quemado.
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El Ministro de Gobierno dejó establecido que el decreto «no es confiscatorio», ante la controversia que desató el anuncio de revertir los presupuestos que tienen las prefecturas para la seguridad ciudadana, si no son apropiadamente utilizados para frenar la ola delictiva.
Por su parte, la directora General de Seguridad Ciudadana, Teresa Rosso, argumentó que el contenido del decreto tiene el objetivo de garantizar que las prefecturas departamentales asignen y ejecuten recursos destinados a la seguridad ciudadana, en el marco de disposiciones legales en vigencia.
«Las prefecturas deberán obligatoriamente coordinar la ejecución de programas y proyecto de seguridad ciudadana con la Policía Boliviana, a través de los comandos departamentales y la ciudadanía mediante los Consejos Departamentales y Provinciales de Seguridad Ciudadana», precisó.
Asimismo, los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana elaboraran programas y proyectos específicos para su ejecución.
El decreto 180 establece que, «para garantizar que los recursos no sean desviados a otros fines, los consejos de Seguridad Ciudadana ejercerán las atribuciones conferidas por la Ley 2494 de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con el objeto efectuar el control social pertinente.
Los recursos asignados a programas y proyectos de Seguridad Ciudadana en los presupuestos de las prefecturas para la presente gestión y que no sean ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2009, serán transferidos por el ministerio de Economía y Finanzas Públicas al presupuesto de la Policía Boliviana en la gestión 2010 por intermedio y a solicitud del Ministerio de Gobierno, agrega la norma.
El decreto aclara que los recursos que sean transferidos a la institución policial, deben ser exclusivamente para la ejecución de programas y proyectos de seguridad ciudadana elaborados por comandos departamentales de la Policía y avalados por las respectivas junta vecinales y/o otros organismos de la sociedad civil, revisado y aprobados por el Comando General y refrendados por el Ministerio de Gobierno.
Los comandantes departamentales de Policía serán responsables de la ejecución de programas y proyectos en sus departamentos financiados con estos recursos, debiendo rendir cuentas sobre su uso, así como de la ejecución efectiva de los mismos al Comando General de la Policía Boliviana, al Ministerio de Gobierno, a la Prefectura Departamental y a la Contraloría General del Estado (CGE), señala el decreto.