Discrepancias internas y contradicciones en las “evidencias” contra los presuntos implicados y disputa jurisdiccional entre Santa Cruz y La Paz.
Boleto. Un pasaje del informe de AeroSur sobre Luis Hurtado. Su difusión tiene en jaque a toda la comisión congresal
Investigación. El fiscal General de la República afirmó que si continúa la disputa jurisdiccional entre Santa Cruz y La Paz, el caso tendrá que ser resuelto por el máximo tribunal. Hay peleas entre investigadores
Marco Chuquimia, El Deber
El fiscal General de la República, Mario Uribe, dijo que la disputa judicial que mantienen los distritos de La Paz y Santa Cruz respecto al caso terrorismo debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, las disputas internas entre sus miembros hacen tambalear a la Comisión del Congreso que investiga el hecho, que puede quedar disuelta en una semana.
Hasta que no haya un pronunciamiento del máximo ente judicial, el Ministerio Público no puede detener su tarea, dijo Uribe. “Mientras, la Fiscalía puede seguir con la investigación respecto a los hechos concretos que están en discusión”, afirmó.
Explicó que la juez que ya conoce el caso –Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez- debe pronunciarse respecto a la decisión de su homólogo cruceño Hernando Tapia, que se declaró competente para conocer el caso de los supuestos hechos de terrorismo y por tanto solicitó los obrados.
Uribe afirmó que la jueza tiene 48 horas para emitir un pronunciamiento oficial, aceptando el fallo de su colega o rechazando. “Si acepta tendrá que remitir a Santa Cruz todos los obrados y si rechaza será la Corte Suprema la que defina el curso del caso”.
Sobre la participación de los fiscales o la eventual suspensión del fiscal Marcelo Soza, la autoridad del Ministerio Público explicó que él, como la máxima instancia, tiene la facultad de conformar equipos especiales de fiscales para investigar un determinado caso y tendría que evaluar si se hacen cargo los fiscales de Santa Cruz o si Soza continúa al frente.
Las últimas detenciones vinculadas al caso se remontan a finales de abril de este año, cuando Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza fueron trasladados desde Santa Cruz por orden precisamente de la jueza Betty Yañíquez. Ellos ayer pidieron que su caso sea ventilado en la capital oriental. Sus abogados, Denver Pedraza, Francisco Echazú y Tomás Contreras, hicieron el pedido de cambio de jurisdicción argumentando que el juzgado natural para estos hechos está en Santa Cruz.
La siguiente semana, la Fiscalía puede quedar como solitaria investigadora porque el presidente de la Comisión especial de la Cámara de Diputados, César Navarro (MAS), adelantó que planteará el cierre de esta instancia porque algunos de sus miembros están desvirtuando las investigaciones.
“Después de la forma displicente y política en la que ha sido utilizada la información, se tiene que analizar con mucha seriedad la validez de la continuidad de las investigaciones, porque si los miembros de la Comisión se van a dedicar a desvalorizar la prueba que disponemos y entregar como maíz tostado las fotocopias de la información a cualquier persona, no tiene ningún sentido seguir”, se lamentó.
Navarro y el diputado opositor Pablo Banegas (Podemos) hicieron circular el miércoles información sobre los presuntos viajes de Rózsa en Bolivia sin el contexto adecuado y por un día obviaron datos complementarios que había enviado la empresa AeroSur. Esto ha provocado que tanto la Prefectura de Santa Cruz como el presidente del Senado, Óscar Ortiz, pidan que la Comisión se aparte de la investigación.
Navarro señaló que tiene toda la documentación recibida por la Comisión para entregarla a la Fiscalía, en caso de que ésta sea disuelta por el pleno de Diputados.
Denuncian al fiscal Marcelo Soza
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz en contra del fiscal Marcelo Soza, que lleva adelante las investigaciones del supuesto caso de terrorismo, por la presunta comisión de los delitos de vejámenes y torturas, cometidos en contra de Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza.
De acuerdo con la denuncia, que fue elaborada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos creada por el Comité pro Santa Cruz, se sindica a Soza de violar los derechos de Gueder y Mendoza y de negarles la posibilidad de que su caso sea procesado ante un Juzgado de Santa Cruz. En el documento, entregado el miércoles, se señalan como evidentes los maltratos físicos que denunciaron a los medios de comunicación y a algunas organizaciones de derechos humanos Gueder y Mendoza. También se cita una serie de artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal, en los cuales se establecen los argumentos que se deben considerar para dirimir la competencia de un Juzgado para controlar un proceso penal.
Además de esta denuncia ante la Fiscalía, Urenda también firmó un apersonamiento judicial sobre el mismo caso para Sonia Soto, delegada regional de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el diputado, se le pide que investigue este caso y colabore en las actuaciones en defensa de los derechos humanos de Gueder y Mendoza.
Soto, que está con baja médica por una operación quirúrgica a la que fue sometida, indicó que aún no conoce el pedido de la Brigada Parlamentaria, aunque precisó que siempre atendieron estas solicitudes. “Si es necesario iniciar acciones por este tema lo haremos”, precisó./CPyL
Gutiérrez se suma a la danza de nombres
El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, volvió a mencionar a los prefectos de oposición sin mostrar pruebas que los incrimine. En una conferencia de prensa convocada ayer, no descartó la ampliación de las investigaciones sobre el caso de supuesto terrorismo a los prefectos de otras regiones porque existe ‘una enorme documentación’ que debe ser resuelta en los siguientes días.
“Estamos en ese estudio, no se descarta la investigación a otras personas en otras regiones”, dijo y añadió que se pudo establecer que al margen de ‘personalidades’ participaron militares del sector pasivo en la estructura conocida como El Faro, que era la instancia de máxima decisión.
El jueves, uno de los diputados opositores que conforman la comisión aseguró que El Faro existía y que era una instancia superior a La torre. A cargo de El Faro, según el opositor, quedó el administrador de La Torre, cuyas iniciales son L.O.J. Sin embargo, el mismo diputado confesó que a él nunca lo dejaron entrar a El Faro.
Gutiérrez aseguró que toda la documentación se encuentra en las computadoras; sin embargo, ésta no es la primera vez que se nombra a los prefectos opositores. Hace semanas se anunció que serían citados a declarar, pero hasta el momento eso no ha sucedido.
Comisión que investiga caso terrorismo se debilita
POR PELEAS INTERNAS
Dember Pedraza (der) abogado de los dos unionistas implicados en el caso terrorismo. – La Prensa | Los Tiempos
Los Tiempos
La Paz | El Deber y Agencias. Las investigaciones que llevan adelante sobre el caso terrorismo tanto la Comisión Especial de Diputados como la Fiscalía de La Paz tambalean por discrepancias internas y contradicciones en las “evidencias” contra los presuntos implicados con el grupo irregular desarticulado el 16 de abril en la capital cruceña.
El fiscal general de la República, Mario Uribe, dijo que la disputa judicial que mantienen los distritos de La Paz y Santa Cruz respecto a la jurisdicción del caso terrorismo, será resuelta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En caso de resolverse el traslado a Santa Cruz, el fiscal Marcelo Sosa que está presidiendo la investigación tal vez tenga que dejar el caso.
Por otra parte, por disputas entre sus miembros, la investigación que sigue la Comisión de Diputados podría quedar disuelta. El presidente de la Comisión, César Navarro (MAS) anunció ayer que planteará el martes la suspensión del trabajo de la Comisión Parlamentaria que investiga el caso Rózsa, esto luego de las declaraciones del diputado opositor Pablo Banegas, quien a juicio de Navarro descalificó las pruebas obtenidas por esta Comisión, por lo que señaló que es pertinente evaluar si se debe continuar con este trabajo.
Banegas le pidió ayer a Navarro que deje de utilizar la información conseguida en las averiguaciones de manera política, citando el caso de los datos que brindó Navarro sobre los pasajes aéreos de los supuestos terroristas, donde “olvidó” decir que existe una larga nómina de homónimos.
“Esta información que les estoy mostrando no me la estoy inventando la tiene el presidente de la Comisión (Navarro), la tengo yo, la diferencia es que se hace un análisis de las cosas para dar una información de una forma responsable y no especulativa”, dijo Banegas.
“Después de la forma displicente y política en la que ha sido utilizada la información, se tiene que analizar con mucha seriedad la validez de la continuidad de las investigaciones, porque si los miembros de la Comisión se van a dedicar a desvalorizar la prueba que disponemos y entregar como maíz tostado las fotocopias de la información a cualquier persona, no tiene ningún sentido seguir”, se lamentó Navarro.
“Yo preferiría que sea el Ministerio Público el que desarrolle sus investigaciones, porque la Comisión dispone de mucha información, pero por la forma que se maneja me parece irresponsable”, dijo Navarro ayer.
De definirse la suspensión del trabajo de esta Comisión, todos los resultados de la investigación conseguidos hasta el momento, entre los que se encuentra un legajo de más de 500 páginas serán remitidos al fiscal a cargo del caso, para que esta información colabore en las averiguaciones que realiza el Ministerio Público.
Fiscalía
De cerrarse la investigación en la Comisión de Diputados, la Fiscalía quedaría como solitaria investigadora, pero su curso depende del pronunciamiento del máximo ente judicial. Mientras no se conozca esa decisión, el Ministerio Público no puede detener su tarea, dijo Uribe. “Mientras, la Fiscalía puede seguir con la investigación respecto a los hechos concretos que están en discusión”, afirmó.
Explicó que la jueza que ya conoce el caso —Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez— debe pronunciarse respecto a la decisión de su homólogo cruceño Hernando Tapia, que se declaró competente para conocer el caso de los supuestos hechos de terrorismo y por tanto solicitó los obrados.
Uribe afirmó que la jueza tiene 48 horas para emitir un pronunciamiento, aceptando el fallo de su colega o rechazando. “Si acepta tendrá que remitir a Santa Cruz todos los obrados y si rechaza será la Corte Suprema la que defina el curso del caso”.
Sobre la participación de los fiscales o la eventual suspensión del fiscal Marcelo Sosa, Uribe explicó que él tiene la facultad de conformar equipos especiales de fiscales para investigar un determinado caso y tendría que evaluar si se hacen cargos los fiscales de Santa Cruz o Sosa continúa al frente.
Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, dos presuntos implicados con el grupo irregular, pidieron a través de su abogado Dember Pedraza, que su caso sea ventilado en la capital oriental.