Siendo como somos el país de una abrumadora legislación, los negocios públicos sufren retrasos, entreveros y confusiones por dicha causa, desalentando las inversiones o postergándolas desesperantemente.
Editorial El Diario
Este problema tiene una nueva edición sobre la ejecución de trabajos de exploración de hidrocarburos en nuevos frentes en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y La Paz, por no haberse cumplido con ciertas formalidades, las que con frecuencia se convierten en trabas y obstáculos por apreciaciones caprichosas, malintencionadas o infundadas a través de las distintas etapas burocráticas que intervienen.
Últimamente el Órgano Ejecutivo ha reclamado al Senado por su falta de aprobación del contrato referido a dicha exploración, a emprenderse por el consorcio Gas to Liquid Internacional S.A. En respuesta el presidente del Senado cursó una carta pública al presidente Evo Morales Aima, haciéndole conocer que esa instancia no pudo pronunciarse en vista de que dicho contrato sólo fue firmado por el presidente de YPFB el 2008 y que no había sido considerado por el Directorio de esa entidad, como dispone la Ley 3058 y los Decretos Supremos 29130 y 29787. Manifiesta también que en repetidas oportunidades se pidió al Ministerio de Hidrocarburos que fije su posición institucional al respecto y que sólo recibió respuestas ambiguas.
Se puede decir que sin considerar la importancia y prioridad que deben tener los intereses nacionales, el Senado cae en un formalismo extremo. Se trata de 857 millones de dólares que, según el presidente de YPFB, asumirá la GTLI en este emprendimiento beneficiando a cinco departamentos. Se debe ver el bien mayor y no tanto las formalidades, tanto más si se trata del visto bueno de un organismo que se encontraba en receso, requisito que bien podía ser obviado por la instancia superior, esto es, por el Senado, de acuerdo además con este principio jurídico: “quien puede lo mas, puede lo menos”. No obstante, se espera que se puedan salvar a la brevedad los pasos omitidos, tal como en las presentes circunstancias económicas lo requieren las inversiones.
La inclusión del departamento de La Paz en un proyecto de esta naturaleza resulta por lo menos novedosa, por la permanente exclusión de la que es objeto en el rubro de los hidrocarburos así como en otros de desarrollo. De ahí que la inquietud que despierta es mayor, en especial en las abandonadas provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde. En tales circunstancias surge también la susceptibilidad de que involucrado este departamento, las indicadas objeciones parlamentarias encubran desviaciones o alteraciones excluyentes en el contrato original.
Se incrementan dichos temores al recordar que las exploraciones petrolíferas en dichas provincias a cargo de PDVESA en alianza con YPFB, parecen haber desaparecido del horizonte apenas concluyó la ruidosa propaganda oficial que las anunciaba y terminaban las promesas presidenciales acerca del tema, inclusive con plazos fijos y amenazas de renuncia si no se cumplían. El silencio de YPFB -llamado a informar al respecto- revela que las enormes expectativas que despertaron tales anuncios se tornan en una nueva frustración. Tendrá que verse, y nosotros seremos los primeros, si el proyecto GRLI termina beneficiando tanto a La Paz como al resto de los departamentos concernidos.