El Ministerio de Defensa Legal del Estado, que el pasado viernes cumplió un año, tiene los días contados, así lo señaló Héctor Arce, actual ministro del área. La Procuraduría General del Estado (PGE) ocupará el lugar de este ministerio y se hará cargo de los temas legales, como el de los arbitrajes, de los económicos (inversiones) y del medio ambiente que tenga como interesado principal a nuestro país.
Pendiente. La situación legal de Entel aún no está definida. El Ejecutivo espera lograr un acuerdo con Euro Telecom
Juan Carlos Salinas Cortez
“Esta Procuraduría General, es nueva en el país. Estará encargada de defender los intereses de Bolivia en el contexto internacional y nacional. Pero no sólo tendrá una actitud pasiva, sino en caso de ser necesario podrá iniciar acciones en los tribunales internacionales cuando sea necesario llegar a esa instancia”, aseveró Arce.
El actual ministro de Defensa Legal sostuvo que otra tarea importante de la PGE será la creación de una universidad de abogados con orientación hacia la defensa del Estado.
“No es posible que en el país no se tenga profesionales capaces de defender los intereses del país. Por eso es importante tener un centro educativo para que los abogados que deseen se especialicen en temas legales para defensa del Estado”, sostuvo la autoridad.
El Colegio de Abogados de Bolivia, indicó que mientras se respete la libertad para ejercer esta profesión el Gobierno puede proponer y hasta crear una especialización siempre y cuando se tenga en cuenta todos los mecanismos legales que están vigentes.
Arce precisó que la PGE tendrá su sede en la ciudad de El Alto y que estará en plena vigencia luego de las elecciones presidenciales.
“La elección de El Alto es acertada, pues esta ciudad siempre se caracterizó por defender los intereses de la Nación y por buscar un beneficio general y no particular”, señaló el ministro.
Sobre la situación legal de la petrolera Chaco y de la comercializadora de jet fuel AirBP, Arce sostuvo que estas empresas están en plena negociación con el Ejecutivo y que prefirieron no acudir al arbitraje.
Mientras que Euro Telecom, que controlaba Entel, antes de su nacionalización, apostó por iniciar un arbitraje internacional.
Por su lado, AirBP, la empresa que tuvo que ceder al Gobierno la comercialización de combustible para aviación (jet fuel), prefirió no opinar del tema y se limitó a indicar que las negociaciones continúan.