Comando secuestra los obrados del caso Porvenir con orden de un juez

El juez Williams Dávila demandó el secuestro de los obrados radicados en Porvenir. Un comando policial y dos fiscales los sustrajeron de un juzgado en Cobija. Los documentos fueron llevados sin permiso del juez pandino al cargo del caso. Los efectivos de la FELCC se trasladaron en camionetas de la Policía. Una avioneta los transportó a La Paz.

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Edificio. Siete personeros de la Policía y un fiscal irrumpieron en la Corte Superior de Distrito de Pando ayer por la tarde (El Deber)



La Prensa

Fiscalía secuestra en Cobija los 7 expedientes del caso Porvenir

El juez a cargo de la causa por la masacre en Pando se aprestaba a liberar a los detenidos.

UN JUEZ DISPUSO RETIRAR LOS DOCUMENTOS PARA LLEVARLOS A LA PAZ

El legajo se encontraba en la capital pandina y no en Porvenir, por la vacación judicial en esa región.

Dos fiscales y seis policías intervinieron ayer por la tarde las oficinas del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de Cobija, secuestraron, en una operación comando, los siete cuerpos del expediente por la matanza de Porvenir, Pando, y los llevaron a La Paz.

Entre el 11 y el 15 de septiembre del año pasado, funcionarios prefecturales y cívicos armados sostuvieron un desigual enfrentamiento con campesinos que se aprestaban a realizar un ampliado. El choque dejó el saldo de por lo menos 11 muertos y una cantidad todavía no determinada de heridos.

Ese hecho de sangre formó parte de una escalada de violencia generada por la oposición, que el oficialismo calificó como un intento de golpe de Estado cívico-prefectural.

Ayer, alrededor de las 14.00, una aeronave aterrizó en el aeropuerto Aníbal Arab Fadul, de Cobija. Trasladaba a la fiscal Virginia Crespo, un investigador y personal del laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de La Paz.

Llevaban una orden para secuestrar los siete cuerpos del proceso. El juez paceño Willams Dávila había firmado una orden para obtener esos documentos de Porvenir.

La vacación judicial continúa en ese departamento, por lo que el cuaderno de la investigación se encontraba en la Corte de la capital departamental.

Con esa orden, dirigida para ser ejecutada en otro distrito, Crespo se dirigió al Ministerio Público de Cobija, donde se entrevistó con el fiscal de distrito Fedor Dorado.

Virginia Crespo anotó que “pedimos colaboración y nos prestó un fiscal” para efectuar el operativo en cuestión. El elegido fue Vladimir Lazcano.

Una fuente del Centro de Acción Pandina, que pidió reserva en torno a su identidad, explicó que alrededor de las 15.30, dos funcionarios de la Prefectura ingresaron al Palacio de Justicia y aparentemente dieron el visto bueno.

De inmediato, los dos fiscales y los seis policías, de civil, ingresaron al edificio y pidieron al juez Hugo Michel Lazcano que les muestre los siete cuerpos, cada uno compuesto por 200 hojas, del proceso. El magistrado pidió unos minutos, pues la secretaria, quien los tenía bajo su cuidado, no se encontraba aún en su fuente laboral.

Al llegar, la funcionaria expuso los expedientes. De inmediato, Crespo le presentó la orden firmada por el juez Dávila y le anunció que la voluminosa documentación quedaba secuestrada y sería llevada a La Paz.

Los laboratoristas fotografiaron los expedientes y los precintaron. Se los llevaron consigo en un vehículo con vidrios polarizados que partió hacia el aeropuerto, donde los esperaba la misma avioneta que los había llevado para regresar a La Paz.

El informante del Comité Cívico dio cuenta de que seis personas, que llevaban voluminosas mochilas en las espaldas, cuatro jóvenes y dos de mayor edad, abordaron la aeronave. Todos iban vestidos de civil.

Nueva pugna judicial

Johnny Walber Castelú, abogado de los procesados Edwin Ventura, Wilson da Silva, Roberto Rea, Wilma Benegas, Hernán Justiniano, Hugo Mopi y Marcial Peña, interpuso un amparo constitucional contra la decisión de la juez paceña Betty Yañíquez.

La magistrada dispuso la reposición de obrados, aunque Castelú sostuvo que esta figura legal sólo es aplicable en caso de pérdida o destrucción de los cuerpos de un proceso legal.

Ese proveído pasó a consideración del juez Willams Dávila, quien dispuso el secuestro de los archivadores del caso.

“Extraña mucho que los fiscales, que conocían que la orden estaba destinada a Porvenir, hubieran dado por buena ese mandamiento en Cobija”.

En conferencia de prensa ofrecida anoche, la fiscal Crespo admitió que la orden judicial se refería a Porvenir, pero explicó que se le dio validez porque “el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal permite a los investigadores colectar todos los indicios para esclarecer los hechos indagados”.

Sin embargo, el 24 de abril, la Sala Penal Segunda de Cobija declaró procedente un amparo constitucional que dispuso que el caso sea conocido por un juez de Porvenir, donde se desarrollaron los enfrentamientos, que ocasionaron muertos y heridos.

Los integrantes de esa sala enfrentan, ahora, un proceso penal como consecuencia de aquella decisión, y ayer, para las 16.00, se había previsto la instalación de otra audiencia de amparo constitucional contra el proveído de la juez Betty Yañíquez.

Castelú sostuvo que “el Gobierno no quiere que la causa se radique en Pando, porque llevaremos adelante investigaciones para demostrar quiénes son los verdaderos responsables de la matanza de septiembre”, pues desde las primeras detenciones, los confinamientos y la aprehensión del depuesto prefecto pandino, Leopoldo Fernández, “no se realizó ni un solo acto judicial, no se tomó otras declaraciones, y las únicas acciones fueron realizadas por la defensa”.

La fiscal Crespo informó que hoy solicitará al juez Dávila que ordene el desprecintado de los siete cuerpos, aunque pese a que no se encontraban los expedientes en Cobija, la audiencia de amparo constitucional se instaló ayer, como estaba previsto.

Antes de que se expongan los alegatos, Castelú dijo que “aparecieron unos terceros interesados, que recusaron al juez, por lo que la sesión se cumplirá este sábado a las 09.00”.

Los procesados entablarán una querella por hurto agravado contra quienes se llevaron la memoria de este proceso.

En caso de que ese recurso sea declarado procedente, no sólo los cuerpos legales y los detenidos, entre los que se cuenta a Leopoldo Fernández, deberán ser trasladados a Pando.

Una versión no confirmada refirió que otra aeronave llegó ayer a Cobija con unos 30 militares equipados con la supuesta misión de efectuar allanamientos en diferentes puntos del departamento de Pando.

Los guardias de la Corte pandina no reaccionaron

Mientras el abogado defensor de los procesados por la matanza de Pando, Johnny Walber Castelú, denunció que los fiscales y las personas que ingresaron al despacho del juez pandino Hugo Michel Lazcano no presentaron orden alguna para llevarse los expedientes de la matanza de Porvenir, la fiscal paceña Virginia Crespo dijo que sí lo hizo.

Cuando los enviados desde La Paz se llevaban los legajos, el magistrado y su secretaria solicitaron al personal de seguridad desplegado en el ingreso del edificio que no dejen salir la documentación.

En la puerta, uno de los guardias llamó por su nombre a una de las personas que se llevaba los documentos, pero éste no le prestó atención y subió rápidamente a uno de los vehículos estacionados en la avenida 16 de Julio, donde se halla el Palacio de Justicia de la capital pandina.

Cuando el policía fue interrogado por los procesados, su abogado y algunos dirigentes cívicos, se limitó a admitir que conocía personalmente a ese individuo, pero que no podía revelar detalle alguno, porque ya había dado el parte respectivo al Comando Departamental de la institución del orden y que cualquier otra consulta debería dirigirse a sus superiores, pues estaba obligado a guardar silencio.

La salida de los enviados desde La Paz por el aeropuerto Aníbal Arab Fadul fue rápida. La comitiva no dio lugar a que pobladores reaccionen y emprendieron el retorno a la sede del Gobierno apresuradamente.

Funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea (AASANA) confirmaron que la nave emprendió vuelo hacia La Paz. La avioneta permaneció en esa terminal aérea por espacio de dos horas y media.

Allanamiento

La fiscal Virginia Crespo fue esposa del viceministro de Coordinación, Wilfredo Chávez.

Los enviados a Pando llevaron, según dirigentes cívicos, otras órdenes de allanamiento.

Los opositores sienten temor ante la posibilidad de que haya nuevas detenciones.