Arce Gómez comparecerá esta tarde ante el juez de Ejecución Penal para ser notificado con la sentencia que le impuso la Corte Suprema el 21 de abril de 1993.
Represión: el Ejército desplegó tanques en la plaza San Francisco en julio de 1980, después del golpe
Gobierno dice que Arce Gómez chantajea y no negociará con él
ABOGADO DEL EX REPRESOR REVISARÁ EL EXPEDIENTE PARA HALLAR VICIOS PROCEDIMENTALES
El reo 107 de Chonchocoro recibió ayer la visita de sus familiares y su estado de salud es estable.
El vicepresidente Álvaro García Linera y el vocero presidencial, Iván Canelas, coincidieron en calificar ayer al ex represor Luis Arce Gómez como “chantajista” y que no se negociará con el condenado por la justicia, ante su propuesta de revelar el paradero de desaparecidos de la dictadura a cambio de que su juicio que lo sentencia a 30 años de cárcel sea anulado.
García Linera apuntó que el ex “Ministro de la Cocaína” cumplirá la pena sin derecho a indulto y que para reivindicarse ante la historia y el país, e incluso en un gesto de humanidad, debe dar a conocer el paradero de los restos de los desaparecidos.
E insistió en que en la condena que se aplicará a Arce Gómez no se contará el tiempo que permaneció recluido en EEUU.
En declaraciones a los medios estatales, Canelas dijo que la propuesta del ex Ministro es un “burdo chantaje”. “Está claro que esto no se tranza, hay que cumplir la sentencia. El abogado tendría que saber que una Corte Suprema ha emitido una sentencia que debe ser cumplida, pero además es un chantaje”.
Arce Gómez fue uno de los principales ejecutores del golpe de Estado perpetrado el 17 de julio de 1980, que llevó a Luis García Meza a la Presidencia.
La presión interna y los vínculos del régimen con el “rey de la cocaína” Roberto Suárez Gómez y el narcotráfico determinaron la caída, el 26 de febrero de 1981, de Arce Gómez, y el 4 de agosto de ese mismo año de García Meza.
Tres años más tarde, el Congreso autorizó el enjuiciamiento de las autoridades de ese mandato dictatorial, pero Arce Gómez jamás compareció y fugó.
Fue capturado el 10 de diciembre de 1989 en Santa Cruz y un día después, entregado a autoridades de Estados Unidos, que lo procesó y condenó por tráfico de drogas a 30 años de cárcel. Por su buen comportamiento, la pena se redujo a 25.
Al cumplir dos tercios de su sentencia, quedó en libertad condicional el 24 de noviembre de 2007, cuando el Estado inició el trámite de su extradición. La juez Denise S. Slavin dispuso el lunes 6 de julio su deportación y llegó a La Paz la madrugada del jueves 9, desde cuando está recluido en el penal rural de Chonchocoro.
Mientras estaba encarcelado en EEUU, la justicia nacional lo condenó, el 21 de abril de 1993, a 30 años de presidio sin derecho a indulto al haber sido encontrado culpable de delitos contra la Constitución, alzamiento armado, organización de grupos irregulares, violación de la libertad de prensa y de la autonomía universitaria y asesinato.
El defensor de oficio del ex Ministro, Milko Suaznábar, reiteró ayer que esperará a conocer la sentencia para solicitar el expediente del juicio y así encontrar vicios procedimentales a fin de localizar el más antiguo, para reiniciar la causa, a partir de la presentación de un recurso extraordinario de revisión de la sentencia contra su representado.
El reo 107 de Chonchocoro recibió ayer la visita de sus familiares. Suaznábar explicó que, pese a los problemas de salud que enfrenta y su avanzada edad, Arce Gómez tiene una aceptable condición física en general.
El sábado, el abogado dio a conocer que su defendido propuso revelar los paraderos de desaparecidos de su dictadura, entre ellos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El vocero Canelas comentó que es inadmisible “pretender negociar una sentencia de la Corte Suprema”. Y anotó que con su estrategia, Arce Gómez ha confesado saber dónde están los restos de Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y otros 25 desaparecidos de esa dictadura.
En consecuencia, “por moral, sin chantaje alguno, debería declarar dónde están los restos, y si no fuera por eso, aún por humanidad. La familia de Quiroga, de Carlos Flores y de otros desaparecidos deambula desde hace más de 29 años para saber dónde están esos restos”.
Una fuente cercana al Palacio Quemado dijo ayer a La Prensa que el Gobierno decidió no conceder el menor privilegio a Arce Gómez dentro del penal.
Olga Flores Bedregal, hermana de uno de los asesinados y desaparecidos el 17 de julio de 1980, anunció que no se hará una movilización de protesta en esta oportunidad, pero es probable que familiares de las víctimas de las dictaduras concurran al acto judicial que se desarrollará hoy en Chonchocoro, donde se le comunicará oficialmente a Arce Gómez la sentencia de 30 años en su contra.
José Antonio Quiroga, familiar de Quiroga Santa Cruz, afirmó el sábado que la condena de la justicia boliviana es irrevisable.
Hoy será notificado
Luis Arce Gómez comparecerá esta tarde ante el juez de Ejecución Penal, José Siles Ayaviri, para ser oficialmente notificado con la sentencia que le impuso la Corte Suprema el 21 de abril de 1993.
El acto tendrá lugar en la capilla del penal de máxima seguridad de Chonchocoro y, mientras no haya una disposición contraria de las autoridades del caso, será público.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López Arenas, informó anoche que todavía no se había decidido si la audiencia será reservada o se permitirá el acceso de los medios de comunicación, y que se dará a conocer la determinación durante la mañana de este lunes.
“Callar es su derecho”
La viceministra de Justicia, Cecilia Rocabado, explicó a La Prensa que no será posible revisar el proceso o la sentencia aplicada contra Luis Arce Gómez porque “estamos frente a un proceso penal concluido con sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, en virtud del procedimiento penal vigente en 1972. Fue además un proceso penal público que duró mucho tiempo y fue debidamente notificado por edicto con la sentencia respectiva. Me parece que es una afirmación fuera de lugar desde el punto de vista jurídico que ha hecho el defensor”.
Recordó que “la revisión extraordinaria de sentencia es una figura incluida en el Código de Procedimiento Civil y procede en un proceso ordinario de orden civil, cuando la sentencia ejecutoriada se fundare en documentos falsos comprobados y declarados como tal en otra sentencia, cuando existiera cohecho comprobado, fraude, violencia o cuando el testigo o testigos principales hubieren sido sentenciados por falso testimonio”.
“En materia penal no existe esta figura, además hay que considerar que Luis Arce Gómez fue juzgado en un proceso debido de Juicio de Responsabilidad en virtud de la ley vigente en aquel momento y el Código de Procedimiento Penal aprobado el año 1972, donde se consignaba el llamado juicio de contumacia, que es el proceso penal en rebeldía de quien no se hiciere presente y hubiera sido notificado debidamente”.
Coincidió en que la posición de Arce Gómez es un “chantaje” y dijo que para que declare, “el mecanismo jurídico es un pedido y citación ante las autoridades jurisdiccionales que conocen el caso Marcelo Quiroga o a través de la comisión de fiscales que conoce la investigación de la búsqueda de los restos de Renato Ticona, otro desaparecido; pero en todo caso, Arce Gómez goza del derecho al silencio y no se le puede obligar a declarar bajo ningún mecanismo jurídico”.