La Ministra de la Corte Suprema de Justicia es investigada por presunto hecho de prevaricato.
Correo del Sur y La Prensa.- La ministra de la Corte Suprema Rosario Canedo ratificó ayer en Estados Unidos su denuncia en contra del Gobierno del presidente Evo Morales, quien, según dijo, viola sistemática y reiteradamente sus derechos y garantías fundamentales.
En una entrevista con la cadena internacional CNN, la autoridad judicial denunció al mundo que la actuación del Poder Ejecutivo boliviano, con persecuciones y procesos que rayan en la “barbarie”, conlleva la “destrucción del Estado de Derecho”.
Durante un contacto telefónico desde Washington, anoche informó a Correo del Sur que se hizo presente en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la capital de Estados Unidos, para verificar el estado de su denuncia en contra del Estado boliviano por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
Anoche, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo que, tras conocer las declaraciones de Canedo, un miembro del Órgano Ejecutivo refutaría esa versión por el mismo canal, pero esto no sucedió.
Según recordó, su denuncia contra autoridades de Gobierno la presentó en febrero de 2008 y fue ampliada en dos ocasiones, los meses de febrero y junio de este año.
“Vine a verificar el estado de mi denuncia y me entrevisté con autoridades de jerarquía, para pedirles que preserven los derechos humanos, ante la gran preocupación que tengo por lo que pasa conmigo, con mis colegas ministros de la Corte Suprema de Justicia y con el propio presidente Eddy Fernández”.
Canedo enfrenta una investigación por presunto prevaricato abierta en el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, que hace algunos meses expidió una orden de aprehensión en su contra, aunque luego esa misma instancia legislativa volvió sobre sus pasos para reconocer sus excesos.
Recordando una polémica frase de una autoridad de Gobierno, anoche, Canedo dijo que no puede ser “que uno diga ‘si voy a violar las leyes, le meto nomás’. Eso no es democracia, todas las autoridades tienen la obligación de ajustar sus actos a lo que manda la nueva Constitución Política del Estado. No podemos apuntar al poder absoluto, eso es anarquía y dictadura y todo eso conlleva responsabilidad penal, civil y administrativa”.