El Ejecutivo anuncia un juicio a la presidenta de la Corte Suprema. El caso polarizó más las diferencias con la oposición autonomista de Santa Cruz
El ministro de Defensa Nacional, Walker San Miguel – Abi | Los Tiempos
Por Ap | – Agencia – 17/08/2009
LA PAZ |El gobierno anunció el lunes que iniciará un juicio a la presidenta de la Corte Suprema y otros siete magistrados de ese tribunal que ordenaron el traslado de jurisdicción en un sonado caso de supuesto terrorismo.
«Los magistrados cometieron delito de prevaricato y serán demandados en un juicio», declaró el lunes el ministro de Defensa, Walker San Miguel. Su colega de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce dijo en rueda de prensa que «ante la comisión de un delito lo que corresponde (en contra de los magistrados) es un juicio de responsabilidades».
Los magistrados ordenaron el traslado a la ciudad oriental de Santa Cruz, bastión de la oposición, una investigación judicial sobre un desmantelado grupo de supuestos mercenarios europeos acusado por el gobierno de tramar un magnicidio en contra del presidente Evo Morales y de preparar un plan militar para separar esa región de Bolivia.
Los principales investigados por supuestamente contratar y financiar al grupo desmantelado en junio pasado son líderes opositores y algunos empresarios de Santa Cruz.
El cabecilla del grupo, un boliviano-húngaro veterano de la guerra en Croacia, y otros dos extranjeros murieron en un hotel de esa ciudad durante una violenta incursión de la policía. Otros dos están detenidos en La Paz.
El caso polarizó más las diferencias entre el gobierno de Morales y la oposición autonomista de Santa Cruz.
«Si hay una región donde no funciona la justicia es Santa Cruz», dijo Arce. «La decisión de los jueces es forzada y errónea, el gobierno la rechaza y condena», acotó.
El gobierno traslado el caso a La Paz bajo ese argumento y por tratarse de un «delito contra la patria, destinado a desmembrarla».
Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, dijo que el tribunal «sólo cumplió la ley».
«No se tomó ninguna medida de fondo, lo único que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde», acotó.
Es lo que han venido reclamando líderes de Santa Cruz, que las investigaciones judiciales se lleven adelante en la región donde se han producido los hechos. (Los Tiempos digital)
El Gobierno descalificó a Santa Cruz e insiste por el caso Rosza en La Paz
ANF. El gobierno del presidente Evo Morales quiere que la Fiscalía de Distrito de La Paz recupere las facultades legales para investigar y acusar a los presuntos responsables del llamado «caso Rosza», vinculado con amenazas a la estabilidad democrática, así como la integridad territorial del Estado. El pasado fin de semana el vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que en Santa Cruz está la peor justicia del país.
Por una parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez fue enviado a Sucre con el propósito de realizar un seguimiento al recurso de complementación y enmienda, prestado para revertir un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que este caso quede bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Santa Cruz.
«Se está rompiendo otra vez procedimientos, no se ha visto antes que un caso sea enviado, antes de las 24 horas (…) se corta el derecho de la parte a que le complementen y le digan y le expliquen el fallo», dijo Chávez.
Por su lado, el fiscal asignado a este caso en La Paz, Marcelo Soza, anunció que en las siguientes horas presentará un amparo constitucional para anular la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el conflicto de competencia suscitado entre jueces instructores de La Paz y Santa Cruz.
Mientras se conocían los resultados de las gestiones, el ministro de Defensa Legal Héctor Arce realizó una declaración de prensa en Palacio Quemado, donde amenazó a las autoridades de la Suprema de promover un juicio de responsabilidades porque la decisión no habría guardado las formalidades para enviar los antecedentes a Santa Cruz.
«Esta es una situación que el Gobierno la rechaza (…) Estamos ante la comisión de un delito y por lo tanto procede un juicio de responsabilidades. Hemos tomado conocimiento que sin guardar las formalidades y actos judiciales necesarios de manera forzada se envió estos antecedentes a Santa Cruz», dijo Arce.
Por su parte, desde Sucre, la decana en ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandoval, se mostró segura frente a las amenazas de Palacio Quemado. «Nuestra mejor defensa es que actuamos según lo que dispone la Ley, por lo que no tenemos ningún miedo», puntualizó la autoridad.
Este conflicto jurídico surge a dos semanas de la denominada «cumbre de poderes» que se realizó en La Paz con la participación de las principales autoridades judiciales, parlamentarias y del Gobierno, precisamente para mejorar la coordinación, especialmente en asuntos vinculados con la seguridad ciudadana.
El denominado caso Rosza estalló el 16 de abril pasado cuando un comando anti-terrorista de la Policía allanó el hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra para neutralizar una presunta banda de extranjeros vinculados con una posible célula terrorista y separatista.
En el operativo murieron tres extranjeros, entre ellos el húngaro-boliviano Eduardo Rosza, sindicado como el líder de este grupo que supuestamente pudo mantener nexos con grupos empresariales de Santa Cruz, según el fiscal Soza en La Paz. (El Deber digital)