Hay presión para que Gobierno llame a referendo por el Silala

El oficialismo trata de explicar que Bolivia no renunció a la deuda histórica. El Canciller se abre a mejoras en el preacuerdo Silala.

image

LA EXPLICACIÓN • El canciller David Choquehuanca defiende el acuerdo al que se llegó con Chile para solucionar el conflicto de las aguas del Silala. Fue ayer, en una conferencia. (La Razón)

La Prensa

La CPE dice que la revisión de convenios con otros países puede ser realizada por iniciativa popular. De la Cruz, Solares y Costa Obregón amenazaron con enjuiciar al Vicecanciller por “traición a la patria”.

Organizaciones sociales, parlamentarios de la oposición, el Comité Cívico de Potosí (Comcipo), historiadores y cívicos demandaron ayer que el preacuerdo sobre el agua del Silala sea sometido por el Gobierno de Evo Morales a un referéndum nacional.

En el documento elaborado por las Cancillerías de Bolivia y Chile se establece que del volumen total de agua del Silala que fluye por la frontera sólo el 50 por ciento corresponde “inicialmente” a Bolivia, mientras que el otro 50 por ciento será sometido a un estudio hidrometeorológico para determinar si corresponde al país o a Chile.

Este punto fue considerado en el país como una cesión importante del Gobierno boliviano porque la fuente de recursos hídricos no es un río internacional de curso sucesivo sino un manantial y para ello existen estudios científicos que respaldan.

En el convenio tampoco se hace mención a la retroactividad del pago por la deuda histórica, pues Chile usa el agua desde 1908 sin ninguna compensación.

Aunque el diputado del MAS César Navarro consideró que los avances alcanzados por el Gobierno boliviano son un “éxito diplomático”, al menos seis sectores coincidieron en que un tema delicado como el Silala debe ser sometido a una consulta popular.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, Jaime Solares, comentó que “no se puede regalar un 50 por ciento de nuestra riqueza y de paso recibir el pago sólo por esa mitad”.

Planteó que el Gobierno convoque a una consulta lo antes posible.

El presidente de la Fejuve de El Alto, Rubén Mendoza, dijo que esa organización está en desacuerdo con los puntos del convenio porque la Constitución dice que los recursos naturales son inalienables y de propiedad del pueblo boliviano, por lo que se requiere una consulta nacional.

Los comités cívicos de Potosí, Santa Cruz y Pando también coincidieron en que la Cancillería está entregando un recurso estratégico del Estado, aunque el Gobierno argumentó que después de un estudio científico se definirá a quién pertenece el otro 50 por ciento del manantial.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, dijo que “es lamentable lo que ha sucedido. El derecho que nosotros tenemos sobre esas aguas no se negocia, esos derechos no es para compartirlo ni que se esté aceptando un 50 por ciento”.

El ingeniero civil y autor de El mito del Silala, Antonio Bazoberry, también rechazó el preacuerdo y planteó que pueda realizarse una consulta más amplia.

El canciller David Choquehuanca, ayer en conferencia de prensa, dijo que “si la población quiere que haya un referéndum para dilucidar un acuerdo bilateral, no tendría ningún problema”, aunque exigió que esta consulta se genere mediante los procedimientos que define la Constitución.

La Carta Magna, en su artículo 259, establece que “cualquier tratado internacional requerirá de la aprobación mediante referendo popular cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón o 35 por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa”.

El Ejecutivo, el lunes en una reunión en Quetena Chico (Potosí), consiguió el aval de las organizaciones sociales del altiplano sur para validar el acuerdo.

Sin embargo, según la Constitución Política, para refrendar un convenio internacional se requiere de la votación de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Ayer, parlamentarios de la oposición, entre ellos Marisol Abán, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, anunciaron que la oposición no validará ningún convenio internacional en la Cámara de Senadores si el Gobierno no somete ese documento a un consulta popular.

El senador Félix Rojas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que el oficialismo no tiene prisa para aprobar ese preacuerdo, por lo que esperará la formación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene previsto poseer la mayoría en el Senado.

En Potosí, el prefecto Mario Virreira consideró que la consulta acerca de la disposición del agua del Silala debiera ser de escala departamental y no nacional. Argumentó que son los potosinos quienes deben dar su punto de vista respecto de ese recurso que se encuentra en su territorio y así viabilizar el beneficio de la propia población.

No faltaron personalidades, como el concejal alteño Roberto De la Cruz, el abogado Alberto Costa Obregón y el dirigente Jaime Solares, que anunciaron un juicio de responsabilidades al vicecanciller Hugo Fernández por el delito de traición a la patria.

De la Cruz, Solares y Costa Obregón acusaron al Vicecanciller de haber pactado un preacuerdo con representantes del Gobierno chileno destinado a entregar el agua del Silala en desmedro de la deuda histórica millonaria en favor de Bolivia.

Costa Obregón anunció que sustentará esta acusación apelando a la Constitución, al mencionar que el Gobierno comete el delito de traición a la patria por ir en contra de la ley, pues el artículo 124 parágrafo I dice que “comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos: (…) 2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales”.

Asimismo, el presidente del Senado, Óscar Ortiz, anunció que convocará al Canciller para que explique el preacuerdo al que arribaron ambas cancillerías.

Canciller dice que Bolivia no renuncia a la deuda

El canciller boliviano, David Choquehuanca, aseguró ayer que Bolivia nunca renunciará a la deuda histórica que tiene Chile con Bolivia por el uso del agua del Silala, factor que no se negocia ni se establece en el acuerdo inicial que se está socializando en el país.

El jefe de la diplomacia boliviana lamentó que algunos medios de información, aunque identificó a La Prensa y La Razón, acusen al Gobierno de omitir esa “deuda histórica” que data de hace más de un siglo por el uso del agua que Chile nunca pagó.

“En el acuerdo, en ningún momento estamos hablando de que vamos a renunciar a la deuda histórica. No podemos renunciar. Por el contario, una vez que se firme el acuerdo inicial se empezará inmediatamente a conformar un grupo de trabajo binacional para que aborde ese tema”.

Choquehuanca se refirió particularmente al titular de un matutino local que asegura que “el gobierno alienta un pacto de propiedad parcial del Silala”.

El Canciller boliviano aseguró que en el acuerdo inicial, que fue entregado a la prensa in extenso, “no había ni una sola palabra que se refiera a la propiedad de las aguas”.

“No hay ninguna palabra de eso. ¿De dónde sacan los medios de comunicación?”, preguntó, y aclaró que el acuerdo establecía que “se otorga autorización de uso y no da derechos”.

Dio lectura a partes del acuerdo sobre el aprovechamiento del sistema hídrico del Silala que señala que Chile compensará por el 50 por ciento de esas aguas mientras se realicen los estudios científicos que permitirán establecer el porcentaje de agua que utiliza cada país.

La autoridad precisó que “el artículo 6 dice que después de realizados los estudios se incrementará la remuneración a favor de Bolivia. Lo que estamos haciendo es avanzar paso a paso. No queremos esperar otros 100 o 200 años más sin que Chile pueda compensar por las aguas que están usando. Mientras más demoremos, Chile se va a seguir llevando nuestras aguas. Lo que nosotros queremos es que Chile pueda pagar por el 100 por ciento de las aguas, que pertenecen a Bolivia”.

Cívicos observan pacto con Chile

Aunque no existe un pronunciamiento oficial del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) respecto del acuerdo preliminar sobre el agua del Silala entre los gobiernos de Chile y Bolivia, el presidente de esa institución, Celestino Condori, exteriorizó sus observaciones.

El dirigente detalló que es de vital importancia la definición de que el 50 por ciento del caudal que atraviesa la frontera corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia y, por ende, se está reconociendo implícitamente que algo pertenece a Chile.

También hace mención al uso del término “Siloli” para designar el afluente, pues en el caso boliviano está claro que se trata del Silala, que nace en la región de Quetena, provincia Sud Lípez del departamento de Potosí.

Otro aspecto observado por Condori es que en ninguna parte del documento se habla de la posibilidad de cobrar la deuda histórica que corresponde a los más de cien años de uso ilegal del agua a través de diferentes figuras, ya sea por la vía de una canalización artificial irregularmente construida en territorio boliviano o a través de una alguna concesión.

Comcipo, a pedido del Comité de Movilización, solicitará que la Cancillería boliviana les presente el documento oficial, pues el análisis que a la fecha se ha efectuado sólo está basado en notas que circulan por la red internet, pero una vez que tengan el texto completo convocarán a los delegados de las instituciones para que definan una posición al respecto.

Esta entidad cívica debía reunirse ayer en la capital potosina, pero no fue posible debido a que algunos sectores afiliados pidieron que se solicite una explicación oficial al Gobierno.

Condori anunció que aún no está descartado el inicio de movilizaciones en contra del Órgano Ejecutivo si las observaciones de la organización no son tomadas en cuenta. El dirigente dijo que también se tramita una audiencia con el presidente Evo Morales para hacerle conocer sus preocupaciones por el Silala.

Hay preocupación en Chile

De hacerse efectivo el preacuerdo por el que Chile pagaría sólo por el 50 por ciento del agua del Silala, las empresas chilenas que usan los recursos hídricos serán afectadas por el encarecimiento del líquido, pues los montos tendrán que salir de los mismos usuarios.

El diario chileno El Mercurio reflejó ayer que la consulta emprendida por el Gobierno con organizaciones sociales es trascendental para las compañías que se benefician del recurso porque a éstas les convendría más un virtual rechazo de Bolivia.

Si se aprobara la propuesta chilena, la nota señala que las empresas chilenas, entre ellas el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), del grupo Luksic, y la división Codelco Norte deberían esperar otros cuatro años para saber cuánto es en definitiva lo que pagarán en el largo plazo por el uso del recurso que actualmente es gratis.

El preacuerdo señala que el 50 por ciento de las agua del Silala que fluye a través de la frontera hacia Chile le corresponde a Bolivia. El otro 50 por ciento sería de libre disposición de los usuarios.

Aunque el canciller boliviano, David Choquehuanca, dijo que en una primera instancia las empresas chilenas deberán desembolsar por el primer porcentaje cerca de 17.000 dólares diarios, según Mercurio, lo cierto es que en Chile la norma establece tarifas libres, por lo que el precio final dependerá del trato alcanzado entre las partes.

El problema es que la proporción boliviana (de 50 por ciento) podría ser aumentada en favor de ese país según el resultado de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en los próximos cuatro años.

Perú no ve peligroso el acuerdo

El Gobierno de Perú no considera peligroso el acuerdo entre Chile y Bolivia sobre el uso del agua fronteriza del Silala, aseguró ayer el canciller de este país, José Antonio García Belaúnde.

“Me alegra que (se) haya logrado un acuerdo sobre el tema. Es un acercamiento, pero no lo interpreto como peligroso”, dijo García Belaúnde en una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP). El jefe de la diplomacia peruana aseveró que no cree “que una buena relación entre dos países vecinos, como Chile y Bolivia, sea en desmedro de un tercer país”.

El Gobierno del presidente boliviano Evo Morales hizo público el lunes un proyecto de acuerdo con Santiago sobre el agua fronteriza del Silala, para que los usuarios chilenos, principalmente empresas, negocien con La Paz el pago por este recurso hídrico.

Para las autoridades de Bolivia, el Silala es un manantial cuyo curso fue desviado artificialmente a principios del siglo XX para ser aprovechado en el norte de Chile, mientras que Santiago defiende que es un río de curso internacional.

El preacuerdo establece que el Estado boliviano es propietaria sólo del 50 por ciento de la fuente hídrica.

Perú y Bolivia se enfrentaron con Chile en la denominada Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX, en la que los dos primeros perdieron territorios y La Paz, su salida al mar.

Para destacar

Bolivia y Chile tienen un preacuerdo por el que el vecino país pagará por el 50% del agua.

Este convenio fue respaldado por las organizaciones sociales del altiplano sur de Potosí.

Ese preacuerdo no incluyó la deuda histórica y puso en duda la propiedad del Silala.

El Gobierno defiende los avances de la negociación y se abre a una consulta popular.

El Canciller se abre a mejoras en el preacuerdo Silala

Los potosinos tienen varias observaciones al documento. Los congresistas de la oposición también lo cuestionan y aseguran que no lo aprobarán en el Legislativo. El Gobierno dice que la consulta es para escuchar las posiciones.

imageEl Canciller David Choquehuanca, en declaraciones a la prensa sobre el acuerdo con Chile sobre el polémico tema de las aguas del Silala.(Foto: Abi)

La Razón

Las observaciones al acuerdo preliminar entre Bolivia y Chile para solucionar el conflicto de las aguas del Silala van en aumento. Varios congresistas adelantaron que no aprobarán ese pacto y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) encontró varios defectos en el documento inicial.

El Gobierno defendió el pacto, aunque anunció su apertura para mejorar el acuerdo si las organizaciones hacen llegar sus observaciones y planteamientos.

El Comité Cívico Potosinista, que aglutina a 54 instituciones, observó tres aspectos. “Son importantes observaciones, como el hecho de que no se contemple el pago retroactivo de la deuda histórica, además que se esté admitiendo que a Bolivia sólo le estaría correspondiendo un porcentaje de las aguas, esto está causando malestar, y que Chile cancele sólo el 50 por ciento de manera inicial (por el uso del recurso)”, señaló el presidente de Comcipo, Celestino Condori.

Los congresistas se sumaron a las críticas. “Estamos pidiendo que se hagan ajustes a este convenio, porque hay reverendas contradicciones”, dijo el diputado Willman Cardozo (Podemos).

El canciller David Choquehuanca, que el lunes presentó el preacuerdo oficial a los pobladores de Quetena, donde están las aguas del Silala, respondió que “si esas organizaciones tienen (críticas) sí se puede mejorar (el preacuerdo)”. Dijo que para ello es la consulta, “porque sino ya hubiésemos firmado”.

El documento fue elaborado por los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, para solucionar un conflicto histórico en el que Bolivia reclama la propiedad plena de las aguas del Silala y Chile la tesis de que se trata de aguas compartidas.

El preacuerdo establece que los chilenos pagarán por el 50% de las aguas que utilizan y que un estudio determinará el resto.

Cardozo aseguró que en realidad ni siquiera se reconoce la propiedad de ese 50% de las aguas en favor de Bolivia, “porque el acuerdo establece (en el artículo 4) que las partes se comprometen a mantener las condiciones actuales de caudal y calidad de agua que fluye a través de la frontera…En realidad, Bolivia no va a poder hacer uso de esa agua, porque no puede afectar el caudal que llega a Chile”, aseveró.

Otra observación que hizo es la fijación del precio. “Tenemos que poner como parámetro el precio de la Región II de Chile”, dijo. Por ello reclamó que antes de firmar ese acuerdo se realice una consulta nacional.

La diputada Marisol Abán (MNR) advirtió que “este preacuerdo no pasa si no es por el Congreso” y anunció que “de seguro nos vamos a desgarrar las vestiduras y vamos a desenmascarar a este Gobierno, que no es otra cosa que un vendepatria”.

Ante esas observaciones, Choquehuanca recordó que el Gobierno se encuentra en un proceso de negociación. “Si nosotros vamos a mantenernos en decir 100 por ciento, Chile no va a pagarnos. ¿Cómo vamos a obligar nosotros? Necesitamos sentarnos, estamos en tiempos de diálogo. Una firma se hace entre dos personas, no es uno solo, no podemos nosotros imponer nuestros caprichos, además necesitamos tener información científica, comprobada”, dijo.

El presidente del Senado, Óscar Ortiz, anunció que solicitará un informe al Canciller.

Denuncian traición a la patria

Líderes opositores señalaron que las autoridades de la Cancillería estarían cometiendo el delito de traición a la patria si firman el pacto al que llegaron con Chile sobre las aguas del Silala.

El diputado Fernando Barrientos (Podemos) advirtió que “puede haber la tipificación, de acuerdo a lo que podemos ver en el contenido de convenios, del delito de traición a la patria e incumplimiento de deberes, porque la Constitución dice que los recursos naturales son de propiedad del Estado boliviano, y para que se los entregue a alguien debe haber una ley hecha en el Congreso. No puede el Canciller, a nombre de este Gobierno, entregar las aguas”, dijo.

Según el diputado Willman Cardozo, si ese pacto no se adecúa a la Constitución “se les puede acusar de traición a la patria”. El concejal de El Alto Roberto de la Cruz anunció el inicio de un juicio contra las autoridades de la Cancillería por este hecho.

El canciller David Choquehuanca respondió que “son traidores a la patria los que permiten que Chile, todos los días, se siga llevando (las aguas)”.

Canciller acusa a los medios

El canciller David Choquehuanca acusó ayer a los medios de comunicación de desinformar sobre el preacuerdo al que se llegó con Chile para solucionar el conflicto de las aguas del Silala.

“Nos preocupan los titulares que publican los medios de comunicación, esto puede confundir a la población. Ayer (lunes) los hermanos en Quetena decían: estos medios de comunicación ya no están jugando el rol de difusión, sino que están jugando un rol de confusión, y tenían razón estos hermanos en Quetena”, señaló.

Choquehuanca cuestionó que los medios de comunicación hubieran difundido la noticia de que la deuda histórica no esté incorporada en el preacuerdo y que en el pacto sólo se reconozca “inicialmente” la propiedad boliviana del 50% de esas aguas.

“En ningún momento en el acuerdo estamos nosotros hablando de que vamos a renunciar a la deuda histórica…no hay una sola palabra que se refiera a la propiedad. ¿De dónde sacan los medios de comunicación?”, dijo.

La reunión

Ortiz • El Canciller dijo que para la presentación y consulta en Quetena Chico se invitó a autoridades nacionales, como el presidente del Senado, Óscar Ortiz, quien no asistió.

Comcipo • Dijo que los líderes cívicos no tenían argumentos para no asistir a esa reunión, porque la Prefectura de Potosí “les facilitó dos vehículos, al igual que a los comunarios”.