Jefe de Redacción de este medio visitó la Relatoría para la Libertad de Expresión. La Relatoría se comprometió a estudiar el caso para ver si corresponde un reclamo al Estado boliviano.
Amenaza: Miembros del Comité Cívico Popular, que en 2008 agredieron a periodistas
Carlos Morales Peña, La Prensa
Washington DC y Nueva York.- El jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales Peña, presentó la anterior semana, en Washington, una denuncia formal ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) por tres hechos que afectaron el trabajo de los periodistas de este medio en los últimos ocho meses, tras las denuncias de contrabando en Pando publicadas en diciembre de 2008.
Se trata de la afrenta realizada por el presidente Evo Morales contra el editor de la sección Al Filo, Raphael Ramírez, el 9 de diciembre, en el Palacio de Gobierno, tras la información publicada por este periódico por el caso de contrabando en territorio pandino que involucra a altas autoridades del Ejecutivo.
En segundo lugar, por el juicio penal iniciado por el oficialismo contra el periódico, en marzo de este año, por los presuntos delitos de “desacato, calumnias e injurias” que se habrían cometido con la publicación de la información que indica que el mismo Mandatario sostuvo conversaciones y negociaciones con las personas señaladas por la Aduana Nacional de haber cometido contrabando.
El caso pasó a instancias de un Tribunal de Imprenta en el marco de la Ley de Imprenta, tal como lo exige la Constitución Política del Estado, instancia que debe definir si hubo o no responsabilidades por parte del medio. La Prensa publicó la información con base en documentación oficial elaborada por la Aduana Nacional y declaraciones de los actores involucrados en dicho escándalo de corrupción.
Luego, en abril, por las amenazas de muerte recibidas por el jefe de Redacción, Carlos Morales, y su familia, las que también afectaron al editor Raphael Ramírez en las mismas fechas, en relación con el trabajo que realiza La Prensa con el denominado “caso contrabando”.
Los ataques contra este medio de comunicación también se encuentran en el contexto de una creciente amenaza contra la libertad de expresión y de prensa en el país, desatada contra más de 250 periodistas entre 2008 y 2009 por sectores afines al Gobierno de Morales y autoridades regionales, y que llevaron a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) a declarar a 2008 como el “peor año” de la libertad de expresión en Bolivia, situación que fue denunciada ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros organismos internacionales.
La relatora de la OEA, Catalina Botero Marino, recibió la denuncia y se comprometió a estudiar el caso para ver si corresponde un reclamo al Estado que permita garantizar el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas en el país.
Señaló que, en casos extremos y de continuar las amenazas, los periodistas afectados pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar un recurso de amparo, el que es de cumplimiento obligatorio para los Estados.
Desde el 13 de abril, los familiares de Morales Peña vienen recibiendo llamadas anónimas que advierten al directivo de represalias si continúan las investigaciones por el caso de contrabando en Pando y por otros hechos de corrupción denunciados en la administración del presidente Evo Morales.
“Dejen de investigar, los estamos siguiendo y sabemos dónde viven. Si siguen publicando los vamos a matar”, manifiestan las amenazas recibidas por los allegados de Morales Peña, las que también llegaron a familiares de Ramírez.
Tras una evaluación realizada con personeros de la Sociedad Interamericana de Prensa, en La Paz, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) alertó que la libertad de expresión en Bolivia estaba siendo restringida por las diversas agresiones sufridas por los comunicadores en los últimos meses.
Durante el contacto con La Prensa en la sede de la institución en Washington, Botero Marino destacó que el derecho a la libertad de expresión y de prensa es vital para el desarrollo de la democracia y que la OEA ofrece un mecanismo efectivo para defenderla a través de la Relatoría Especial sobre la materia.
El instrumento está sustentado en la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001 por los 34 países del hemisferio, que define a la libertad de expresión como uno de los “componentes fundamentales de la democracia”.
La Relatoría destaca que la libertad de expresión continúa siendo vulnerada de diversas maneras en la región. En los últimos años muchos periodistas han sido amenazados, enjuiciados, atacados e incluso asesinados por su trabajo. Los países que componen la OEA reconocieron la necesidad de establecer mecanismos de protección de la libertad de expresión y de prensa y en 1997, la CIDH estableció la Relatoría Especial para tratar este tipo de casos.
La Relatoría destaca que, según el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (disponible en www.cidh.oas/relatoria), aprobada por los países de la región, “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Por su parte, el coordinador regional del Comité para Protección de Periodistas, Carlos Lauría, reclamó al Gobierno de Morales medidas para garantizar la libertad de expresión y de prensa en Bolivia y manifestó su preocupación por la polarización en el país, lo que perjudica a los periodistas.
Detalles
La OEA recibió un informe de tres agresiones sufridas por reporteros de este diario.
La Prensa denunció la agresión del presidente Evo Morales al editor Raphael Ramírez.
También el juicio que el Gobierno inició a este periódico y las amenazas a sus periodistas.