La Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) señala taxativamente en su Artículo 3, inciso e, que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. Refuerza esto la Carta de la OEA mediante su Artículo 19: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.
Más claro imposible. La no injerencia en asuntos de terceros es, pues, un principio sustentado con solidez desde hace tiempo. Lamentablemente, el principio de no intervención ha sido y es violado últimamente casi en forma sistemática por el presidente Evo Morales. Este debió disculparse recientemente por expresiones poco afortunadas con respecto a procesos políticos que llevan adelante Chile y Argentina, no sin que antes La Moneda emitiera un contundente comunicado criticando su intervención en temas internos chilenos. Poco tiempo atrás, el jefe del Estado boliviano opinó sobre aspectos propios del Perú, aunque en este caso posteriormente no hubo una disculpa formal; más bien, se desató una crisis diplomática felizmente amenguada luego por ambas cancillerías.
En relación con las presuntas bases militares estadounidenses en Colombia, el presidente Barack Obama afirmó que solamente se trata de una actualización de programas de cooperación ya existentes, destinados a combatir el narcotráfico y el terrorismo. Este tema ha sido objeto de estridencias de toda naturaleza, tanto por parte del mandatario boliviano como de sus principales aliados, los jefes de Estado de Venezuela y Ecuador. El presidente colombiano Álvaro Uribe, ante este acoso y en significativo gesto, realizó una rápida gira explicativa por el continente. Mayoritariamente, los mandatarios de los países que Uribe visitó –en particular Chile y Brasil- con prudencia señalaron que el asunto era de naturaleza interna y le correspondía decidirlo solamente al régimen de Bogotá, más allá de mantener sus propias reservas sobre el tema. Por supuesto, no fue el caso de Evo Morales en Bolivia, siguiendo los pasos de Correa en Quito y de Chávez en Caracas. La estridencia continuó y prosigue, con decibeles cada vez mayores.
Es cierto que podrían suscitarse aspectos preocupantes para la geopolítica regional por la eventual instalación de bases militares extra continentales pero aún así, el principio de no intervención debe mantenerse. Caso contrario, el andamiaje trabajosamente construido a lo largo de décadas por el sistema interamericano corre el riesgo de desmoronarse.
Así como la democracia implica alternabilidad, también expresa pautas de consenso y de disenso. La capacidad de disentir y de expresarlo libremente es condición esencial de la pluralidad, define ‘per se’ a la calidad democrática. Por tanto, el presidente Evo Morales y su gobierno elegido por el pueblo están en su pleno derecho al no apoyar el establecimiento de bases extranjeras en suelo latinoamericano y oponerse a ellas, pero simultáneamente, corresponde abstenerse de emitir juicios sobre decisiones soberanas de otros países.
Si de las supuestas y controvertidas bases a instalarse en Colombia pasamos a cualquier otra cuestión hemisférica, el principio de no intervención prevalece y prevalecerá. Así debemos entenderlo básicamente en Bolivia, pero el razonamiento vale para todas las Américas.
Fuente: Editorial El Deber