En los excesos políticos de las masas, el problema de fondo no son esas cantidades movilizadas, sino la dejadez, la mera contemplación o la complicidad de ciertos militares y policías que entienden mal su relación con el Estado.
Editorial Opinión
Desde hace más o menos seis años, las masas aleccionadas salen a las calles y en uso de su fuerza creen tener derecho a realizar cualquier acto violento. La gente recuerda los cercos que impusieron para que el Parlamento dicte leyes exclusivas y excluyentes. Las manifestaciones de estos grupos se dan en diversos lugares y circunstancias, no sólo para imponer su voluntad, sino también para realizar actos opuestos a los derechos humanos. Las etapas llamadas revolucionarias, no sólo aquí, también en otros lugares, tienen un componente cuantitativo violento, inevitable. Sin embargo, esa convulsión no es permanente, en ámbito de lo político, acaba con la toma del poder.
El primer esclarecimiento que debemos realizar, se refiere a la cantidad que representan esos grupos movilizados. Tal valoración es fundamental porque estos sectores, sobre la base de su cantidad circunstancial, creen que tienen derecho a tomar las calles, a penetrar arbitrariamente en oficinas públicas, a ofender y maltratar a las personas. Considerando la cantidad de habitantes que tiene la República, estos grupos no son la mayoría, en consecuencia, su derecho deriva sólo de su potencia instintiva para practicar el abuso, la persecución y la represión.
En una abierta confrontación entre sectores, que podría darse en la lógica de la provocación ejercida por las corrientes disfuncionales, los que no pertenecen a tal tendencia podrían, fácilmente, ganar la batalla. Esto se ha demostrado en Cochabamba, en Sucre y obviamente en el oriente. La base social de la violencia oficializada es falsa, por lo menos relativa. Y en lo que respecta a lo esencial, la vía más simple y primitiva. El desnivel se da porque los demás sectores todavía no han asumido una posición definida y, de algún modo, actúan con flexibilidad y tolerancia frente a las fuerzas emergentes. Cuando la gente tome conciencia de la realidad, estos enfrentamientos pueden ser muy peligrosos.
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Reconocemos, no sólo el derecho, sino la importancia decisiva para el país de la emergencia de los sectores antes marginados y reprimidos. Bolivia, para superar el atraso y la pobreza necesita crear condiciones materiales y culturales, a fin de lograr que sus habitantes participen en la construcción del país, con lo mejor de su inteligencia y de su trabajo. La verdadera riqueza de los pueblos es su gente. Para lograr el nivel al que nos referimos, la participación popular tiene que ser consciente, disciplinada, constructiva y solidaria.
Lo peor de los abusos en que incurren las masas alborotadas, es la complicidad de las instituciones encargadas de precautelar la vigencia de la ley, felizmente no de todas, sino de las que han caído bajo el dominio de la política sectaria encumbrada. Los excesos que se repiten en la plaza Murillo o en las plazas principales de Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Beni y Pando, se explican por esta extraña conducta de los encargados de mantener el orden legal, la razón y la justicia. Paradójicamente, aquí en Bolivia, en las actuales circunstancias, la cantidad y la fuerza de las masas se acrecienta por el respaldo, la complicidad o la dejadez de ciertos miembros de las entidades creadas para mantener un sistema racional equivalente al nivel de evolución de la humanidad.