Plan: El anteproyecto de ley del Órgano Judicial plantea que las apelaciones no se resuelvan en la Corte Suprema sino en las distritales. Crea los tribunales de Sentencia y juzgados de la Niñez, y elimina el de Sustancias Controladas. Descentraliza el sistema a favor de las departamentales. Delitos contra el Estado se procesarán en La Paz
Órgano del Estado: el edificio de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Sucre
El MAS busca restar poder a la Suprema y descentralizarla
La Prensa. Descentralizar la administración de justicia y que la impugnación de las sentencias concluya en los tribunales departamentales de Justicia y no en la Corte Suprema son los principios base de la reconfiguración del Órgano Judicial en 2010 que propone el Gobierno en el anteproyecto de Ley del Órgano Judicial al que tuvo acceso La Prensa.
En cuanto a la nueva estructura judicial, el Órgano Ejecutivo proyecta la creación de los tribunales de Sentencia y los juzgados de la Niñez y de Adolescencia, y elimina el de Sustancias Controladas. Además, incluye la jurisdicción Agroambiental y la Indígena, Originaria y Campesina.
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El viceministro de Justicia, Nelson Cox, explicó que se busca que en los tribunales departamentales de justicia (hoy cortes superiores de Distrito) se efectúe la sentencia definitiva, es decir que no necesariamente todos los juicios deban terminar en apelación en Sucre.
“Es importante que en los tribunales departamentales se genere un manejo jurisdiccional para que se forme una convicción y se respeten lo fallos”.
Esto, según dijo Cox, permitirá que los conflictos jurisdiccionales se resuelvan en cada distrito, de modo que el acceso a la justicia sea más expedito y se tenga un régimen de apelación inmediata sin obligación de derivar todo a la Corte Suprema de Justicia, lo que genera una acumulación de procesos y retardación de justicia.
De acuerdo con Cox, esta descentralización no será sólo nacional, sino departamental, de modo que los tribunales departamentales se conviertan en centros integrados judiciales que funcionarán en distritos y macrodistritos donde habrá tribunales, jueces y fiscales.
Este anteproyecto de ley comenzó a ser elaborado en abril de este año junto con otros cinco: el del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Deslinde Jurisdiccional (sobre las justicias ordinarias y comunitarias) y del Ministerio Público.
En el documento se establecen los principios de seguridad jurídica, participación ciudadana, armonía social e inteculturalidad de la justicia.
La autoridad gubernamental, consultada por La Prensa, afirmó que estos anteproyectos son socializados desde noviembre con organizaciones sociales de las cuales se recogieron sugerencias que son sistematizadas en los cinco documentos.
Hasta principios de enero se prevé tener un anteproyecto “en limpio” para presentarlo a la Asamblea Legislativa que comenzará su trabajo el 22 de enero. La Constitución Política del Estado indica que el Legislativo debe aprobar en 180 días, después de la instalación de sesiones, cinco leyes, entre ellas la del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
El senador electo y diputado oficialista René Martínez aseguró que, como el MAS tiene más de dos tercios, estos proyectos serán aprobados inmediatamente, aunque dijo que abrirán el documento para el debate con parlamentarios de otras fuerzas.
La desconcentración de la justicia busca terminar con la retardación.
Aumentarán los magistrados
El Gobierno de Evo Morales propone aumentar el número de miembros del Tribunal Supremo de Justicia que
reemplazará a la Corte Suprema una vez que se apruebe la nueva Ley del Órgano Judicial.
De acuerdo con el anteproyecto de ley que elabora el Ministerio de Justicia, la reconfiguración del Poder Judicial será posible con la elección de 30 magistrados: 15 titulares y 15 suplentes, según se lee en el segundo parágrafo del artículo 26 de dicho documento.
Actualmente, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (12) son designados por el Congreso Nacional.
La nueva Constitución establece que los miembros del Tribunal Supremo serán elegidos por voto popular. Se prevé que hasta 2011 se cuente con todas las autoridades judiciales. En la actualidad existen al menos 87 acefalías en los cargos del Poder Judicial.
Evo plantea que delitos contra Estado sean juzgados en La Paz
Anteproyecto: El Gobierno prepara una nueva Ley del Órgano Judicial mediante la cual pretende que los tribunales de La Paz juzguen los delitos contra la seguridad del Estado. El Colegio de Abogados critica la propuesta.
Audiencia: un juzgado de la ciudad de La Paz durante la celebración de un juicio por el caso “octubre negro”
La Prensa. El Gobierno del presidente Evo Morales propone que los delitos contra la seguridad del Estado sean juzgados por los tribunales de justicia del departamento de La Paz. Un experto considera que este principio atenta contra el derecho de las personas de ser juzgadas en sus respectivos distritos.
Ésta es una de las propuestas centrales del anteproyecto de Ley del Órgano Judicial que es elaborado por el Ministerio de Justicia, que será una de las primeras normas que serán enviadas para su aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene el control absoluto.
Por ahora, las cortes de distrito tienen igualdad de jerarquía, es decir que cualquiera de las nueve puede definir en sus salas los juicios derivados de delitos como traición a la patria, terrorismo, genocidio, espionaje, actos hostiles, alzamiento armado, sedición y otros tipificados en el Código Penal.
El artículo 22 (Determinación de la competencia) del anteproyecto señala en su segundo parágrafo que “los Tribunales y Juzgados en materia penal del Departamento de La Paz serán competentes para conocer procesos penales contra las personas sindicadas de cometer los delitos establecidos en los artículos 109 al 141 (Delitos contra la Seguridad del Estado del Código Penal)”.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, afirmó que de plasmarse esta propuesta se “le está dando jurisdicción nacional a los juzgados de La Paz, lo que atenta flagrantemente contra el derecho al juez natural, que es un derecho fundamental de las personas a ser juzgadas en sus distritos y no ser trasladados a otro”.
No obstante, el viceministro de Justicia, Nelson Cox, salió en defensa del proyecto. Según la autoridad, el anteproyecto no señala que los tribunales de La Paz juzgarán los delitos contra el Estado con exclusividad. Además, esa asignación “tiene que ver con el hecho de que el departamento de La Paz es la sede del Órgano Ejecutivo”.
Como adelanto de esta “centralización” del procesamiento de esas causas, en los juzgados paceños ya se ventilan al menos cuatro casos relacionados con atentados contra la seguridad estatal: la desarticulación de la célula terrorista de Eduardo Rózsa y su presunta vinculación con líderes cívicos y opositores de la llamada “media luna”, la masacre de Porvenir en Pando, la voladura de un ducto en El Chaco y la toma de instituciones y aeropuertos en septiembre de 2008.
El anteproyecto de la Ley del Órgano Judicial no describe específicamente cómo los tribunales de La Paz administrarán estos procesos judiciales porque estos detalles serán incluidos en los ajustes que también deberá hacer la Asamblea a la Ley de Organización del Poder Judicial.
Este borrador de norma, según el viceministro Cox, será presentado al Legislativo junto con los proyectos de Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la Fiscalía, del Régimen Electoral y la Magistratura.
Cuatro procesos contra la seguridad estatal ya se ventilan en La Paz
Los cambios planteados
El proyecto de la Ley del Órgano Judicial plantea que los delitos contra el Estado sean juzgados en La Paz.
La Ley de Organización del Poder Judicial, que está en vigencia, instituye igualdad de jerarquía.
Por eso, cada una de las nueve cortes de distrito pueden juzgar los delitos cometidos contra el Estado.
El artículo 60 de la mencionada norma vigente establece el principio de juez natural.
Esto significa que los delitos cometidos en un distrito deben ser juzgados en ese mismo lugar.
No obstante, hasta ahora en La Paz se ventilan cuatro procesos por delitos cometidos en otras regiones.
El Gobierno se justifica y dice que los juicios deben realizase en La Paz por ser sede del Ejecutivo.
OPINIÓN
“Una mayor descentralización al Poder Judicial es buena; la mayoría de los casos debieran ser resueltos en las cortes departamentales de Justicia, pero siempre respetando el derecho fundamental de doble instancia, el derecho a la apelación a ser resuelta por una autoridad independiente e imparcial. Es un derecho fundamental.
La descentralización es positiva siempre y cuando se respete esa estructura de las instancias. Sobre la eliminación de los juzgados de Sustancias Controladas que plantea el Gobierno en el proyecto de Ley del Órgano Judicial, éstos no tenían razón de ser porque los jueces en materia penal están capacitados para conocer todo tipo de juicios penales; los jueces pueden ver todos los casos, incluidos los de narcotráfico y de contrabando.
En lo que se refiere a la competencia de los delitos contra el Estado, se está violando un principio elemental del derecho como es el juez natural, que implica riesgos, pues una presunción de culpa permitirá que incluso los declarantes tengan que venir a La Paz reduciendo sus posibilidades de defensa”.
Iver Pereira / Abogado constitucionalista