El vocero gubernamental Iván Canelas aseguró que no existe un proyecto para normar el trabajo comunicacional, pero destacó que los medios no deben mentir; periodistas responden que la propuesta de ley debe partir de los gremios.
ENCUENTRO INTERNACIONAL • El 27 de mayo del 2009, Morales se reunió con la Sociedad Interamericana de la Prensa, que indagó sobre las denuncias de agresiones a los informadores.
La Razón. La redacción de una norma que legisle el trabajo de los medios de comunicación debe surgir de los periodistas bajo el criterio de autorregulación; determinación que está avalada en la propia Constitución Política del Estado, en sus artículos 106 y 107.
Este criterio incluso fue avalado por el propio vocero de Gobierno y periodista, Iván Canelas, quien declaró ayer, en una conferencia de prensa: “Creemos (el Gobierno) que se debe trabajar en una norma que tenga como base fundamental los artículos 106 y 107 de la CPE aprobada con el voto del pueblo. Si revisan esos dos artículos se van a dar cuenta de que eso hemos buscado los periodistas durante muchísimos años de lucha”.
El parágrafo dos del artículo 107 del texto constitucional apunta: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
El lunes, en conferencia de prensa, el presidente Evo Morales anunció su voluntad de normar a los medios de comunicación para que ya “no mientan (…); es por el bien de ustedes, para la buena imagen de los periodistas, medios de comunicación; ojalá entren a esta tarea de lucha contra el capitalismo”.
Esta declaración provocó la protesta de los representantes de la prensa, quienes argumentaron, en general, que el contenido de una nueva ley deberá partir de los medios de comunicación.
El periodista y abogado Julio César Caballero recordó la importancia del término ‘autorregulación’ para definir los contenidos de cualquier normativa específica.
“Los periodistas debemos trabajar considerando la responsabilidad que tenemos con la sociedad civil y debemos acogernos a la autorregulación, esto es algo importante a tomar en cuenta”, señaló el profesional, quien realizó, recientemente, una investigación sobre la temática.
Caballero insistió en que los gremios deben proponer al Legislativo “la ley que reglamente nuestro accionar” y agregó que esa norma deberá incluir los códigos deontológicos de la Unesco, aprobados en 1983 por 400 mil periodistas de todo el mundo.
Estos códigos detallan cuál es la función de los periodistas, “cuál es la misión del periodista investigador o cuál es el límite que tiene el informador, por ejemplo”.
El comunicador Rafael Archondo advirtió que una ley sobre la comunicación no puede ser elaborado “por cinco personas, más al contrario, tiene que haber una institución grande que monitoree las falencias y, además, la iniciativa debe partir de los propios periodistas”.
En la misma línea, la periodista Amparo Canedo apuntó que el proyecto jurídico “corresponde a las organizaciones de los medios de comunicación y no al área política”, para garantizar que los lineamientos legales no atenten contra la libertad de expresión.
El secretario general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, en una entrevista con la red ATB recordó que el sector está normado.
“El trabajo periodístico, en general, está regulado por una Ley de Imprenta; lo que sucede es que, tal como dice el presidente (Evo Morales), debemos tener temor por esta (nueva) norma que busca educar a los periodistas. Yo me pregunto si los periodistas no están educados, es decir, ¿son ignorantes?”.
El director de la red Erbol, Andrés Gómez, recordó que existen reglamentaciones al trabajo, como el Estatuto Orgánico del Periodista, la citada Ley de Imprenta y otros cuerpos judiciales, aunque consideró que “es buena idea pensar en llenar algunos vacíos jurídicos”.
Debido a estas reacciones y otras similares que circularon ayer en diversos espacios de opinión, el vocero presidencial Canelas explicó las palabras vertidas por el Primer Mandatario, el lunes.
“Si hiciéramos una norma, la vamos a consensuar con las organizaciones. Es más, he hablado ya con los dirigentes y hemos acordado reunirnos y analizar estos elementos que son importantes, pero la base de cualquier norma está en la nueva Constitución Política del Estado”.
El vocero aseguró que el Gobierno no pretende dañar o afectar la libertad de expresión, el derecho a la información y/o a la comunicación. “Lo que queremos es que algunos medios —y ojalá con el apoyo de todos ustedes— ingresen a un espacio de responsabilidad, porque el manejo de la información requiere responsabilidad”.
En todo caso, al principio del encuentro con los informadores comentó: “Los periodistas tienen la función de servir a la sociedad y la sociedad espera de los periodistas que no mientan, que no engañen, que no manipulen”.
“Si hiciéramos una norma (para los medios), la vamos a consensuar con las organizaciones”
Iván Canelas, vocero gubernamental.
Los medios ya tienen controles
En Bolivia, diversas instituciones cuentan con tribunales de ética que regulan el trabajo periodístico, al margen de los códigos deontológicos que fueron aprobados en la Unesco (1983) por más de 400 mil periodistas del mundo.
En primera instancia, está vigente la Ley de Imprenta (1925). Además, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) dispone de un Tribunal de Ética.
El secretario general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, afirmó que en los próximos días se conformará el Consejo Nacional de Ética.
Empero, los códigos deontológicos engloban conceptos como el respeto a la verdad, a la apertura a la investigación de los hechos, la lucha periodística por perseguir la objetividad aunque ésta sea inaccesible, el deber de contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas, diferenciar con claridad entre información y opinión, respeto a la presunción de inocencia y rectificación de información errónea, entre otros.
La libertad de expresión no debería ser cuestionada
Dato • Libertad con cortapisas no es libertad, dice la Asociación de Periodistas de La Paz.
CONFERENCIA DE PRENSA • El lunes, el Jefe de Estado anunció su voluntad de normar a los medios para que ya “no mientan”.
El secretario general de la Asociación de Periodistas de la Prensa (APLP), Antonio Vargas, destacó que es necesario aclarar si se busca “regular el quehacer periodístico o la libertad de expresión, porque una libertad que tiene cortapisas no es libertad”.
El directivo de la Asociación expresó este criterio en un debate difundido por la red ATB, en el que también participó el vocero presidencial, Iván Canelas.
Vargas destacó que los periodistas trabajan en la redacción de una propuesta de ley de autorregulación que se desprenderá del “Código de Ética que está elaborado y consensuado por periodistas de todo el país, en los nueve departamentos”.
La norma incluirá las opiniones de todos los sectores que involucran a los medios de comunicación, desde los trabajadores hasta los propietarios de éstos, añadió.
“La ley verá los contenidos, las características técnicas y el régimen de propiedad” para evitar que la información sea catalogada como mentirosa, en caso de que alguna autoridad no esté de acuerdo con la misma, resumió Vargas.
SECRETO DE FUENTE
Cuestionamiento • El Vocero Presidencial cuestionó que algunos medios no citen a sus fuentes de información, porque eso genera susceptibilidades.
Instrumento • La APLP recordó que la protección a las fuentes informativas permitió, en gestiones pasadas, denunciar ante la opinión pública casos de corrupción en el manejo gubernamental.
Chávez ya ejerce regulación
El presidente venezolano Hugo Chávez ya ejerce la regulación a los medios de su país. No sólo impulsó la aprobación de una Ley de Educación que pone en vigencia la regulación a los contenidos mediáticos, sino que también sacó del aire a televisoras y radiodifusoras con diveros argumentos legales.
Las normas vigentes venezolanas establecen que los medios tienen prohibido “publicar informaciones que produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población”, según el Artículo 50 de la ley que regula los medios en esa nación.
En los últimos días, el Gobierno ordenó el cierre de RCTV Internacional y otras cinco cadenas de televisión por cable, porque éstas no difundieron las dos últimas “cadenas” o mensajes a la nación emitidos por el presidente Chávez, cuya emisión es obligatoria para todas las televisoras nacionales. Con datos de BBC
Control de la programación
El Gobierno argentino propuso una ley para regular a los medios de comunicación, pero ésta aún no logró su aprobación en el Congreso Nacional.
La propuesta para normar a la prensa plantea crear una nueva entidad regulatoria: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación que estará conformada, en su mayoría, por representantes gubernamentales. Esta entidad sería la encargada de otorgar licencias a los medios.
Otro punto polémico de la norma establece que el 60% de los contenidos de la televisión abierta debe ser producido en Argentina. Además, la propuesta busca que las radios emitan un mínimo de 70% de producción nacional y que el 30% de la música difundida sea propia. El artículo más cuestionado es la “cláusula de desinversión”, que obliga a las empresas audiovisuales a desprenderse de los medios que excedan el número de licencias permitidas por la nueva legislación. Con datos de BBC
Contenidos supervisados
El proyecto final de Ley de Comunicación del gobierno ecuatoriano está en manos de la Asamblea Nacional. Los medios de comunicación y organizaciones periodísticas consideran que la norma atentará contra la libertad de expresión.
Con los votos del oficialismo, la Comisión de Comunicación de la Asamblea redactó un proyecto legal que plantea sanciones para los medios; que pueden ser: amonestaciones escritas, multas por hasta 10.000 dólares, suspensión de uno a 30 días, y clausura del medio. Además de las penas, se crea un Consejo Nacional de Comunicación e Información que velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, y que sería integrado por dos representantes del Gobierno.
Como colofón, de ser aprobada, la norma ecuatoriana controlará a “todos los que hacen comunicación” y a “los articulistas”. Con datos de BBC
Las agresiones
La mayoría de las agresiones son protagonizadas por Morales.
2 de septiembre del 2007
El ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana dijo que Estados Unidos pagaba a los periodistas a través de sus programas de cooperación.
25 de nov. del 2007
El Presidente acusó a los propietarios de los medios de presionar a los periodistas para que mientan en la difusión de la información.
27 de nov. del 2007
Grupos afines al MAS atacan edificios de Unitel, PAT y ATB, y el presidente Evo Morales acusó a la prensa de tergiversar la información.
3 de abril del 2008
Pobladores de Pucarani quemaron la radio de la Alcaldía y atacaron al periodista Carlos Quispe, quien murió el 29 de marzo a causa de los latigazos y un traumatismo craneano.
9 de diciembre del 2008
El presidente Evo Morales humilló públicamente a un periodista del matutino La Prensa por una publicación que realizó ese medio de comunicación.
11 de diciembre del 2008
El presidente Evo Morales acusó a los periodistas de radio Panamericana de recibir dinero a cambio de realizar coberturas periodísticas.
12 de diciembre del 2008
El presidente Evo Morales afirmó que sólo el 10 por ciento de los periodistas del país tiene dignidad.
20 de enero del 2009
La ex ministra de Desarrollo Productivo Susana Rivero restringió el ingreso de los periodistas al Palacio de Comunicaciones para evitar que funcionarios hablen con ellos.
27 de mayo del 2009
En reunión con la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente Evo Morales dijo que la prensa de su país se ha constituido en un “movimiento político opositor”.
23 de sept. del 2009
El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, insultó a los periodistas que lo entrevistaban llamándolos “maricas” (homosexuales) tras una ceremonia de celebración por el grito libertario de 1810.
Puntos de vista
“Se necesita organización”
Amparo Canedo.
Periodista.
“(La norma) corresponde a las organizaciones de los medios de comunicación, no al área política. Lo que sí sería conveniente es que las organizaciones se muevan para hacerlo, porque es un tema pendiente. Tienen que organizarse, conversar, reflexionar y consensuar entre las diferentes organizaciones de periodistas. Hay que actualizar (la Ley de Imprenta), pero el problema es que si no lo hacen los periodistas dan lugar a que otros sectores lo hagan porque es algo que queda pendiente”.
“Respaldo a la autorregulación”
Rafael Archondo.
Periodista.
“En este momento, el Tribunal de Ética Periodística, constituido por la ANP y otras instancias del sector, nunca ha funcionado efectivamente y el Tribunal tampoco ha dado resultados. No ha tenido éxito el intento de autorregulación, sólo ensayos pero no llegaron a tener frutos. La autorregulación necesita respaldo y no pueden ser cinco personas que se reúnan en torno a una mesa, es un trabajo técnico que requiere materiales de análisis morfológico de los medios, es un trabajo que debe hacerlo una institución”.
“Regular medios estatales”
ANDRÉS GÓMEZ.
Director Red Erbol.
“El Presidente o el Gobierno del MAS tiene que demostrar que tiene una actitud ética empezando a regular los medios de comunicación del Estado para que no sean del Gobierno. Que no sean aparatos de propaganda, como son en este momento, porque en la propaganda se esconde la mentira. Hay que pensar cómo se va a elegir al director de canal 7, ABI, periódico Cambio, radio Patria Nueva; estos medios funcionan con nuestro dinero, por tanto hay que discutir si elige el Parlamento o el voto popular”.
“Es fundamental para bailarines”
Julio César Caballero.
Periodista y abogado.
“Es necesario el análisis de una futura Ley del Ejercicio Profesional del periodismo, nosotros hacemos uso de un derecho universal, como es la libre expresión y la libre información, los derechos del periodista son transversales a los derechos de la sociedad civil. Los gremios seríamos los únicos que deberíamos pensar en cerrar una discusión de la Ley de Imprenta, la Constitución nos faculta para autorregularnos, no se puede revisar la ley si no hay propuesta de los gremios, que son los más afectados e interesados”.
