Goni y sus ministros se fueron a EEUU y Perú. El éxodo político incluyó a tres ex prefectos. 58 personas viven como refugiadas en Brasil
La Razón
P.c.s. n La Paz
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140 bolivianos dejaron el país por temor al actual régimen
El 22 de enero del 2006, Evo Morales asumió la presidencia e inició una carrera de transformaciones a la que llamó “proceso de cambio”. Cuatro años después, al menos 140 líderes políticos, cívicos y empresariales dejaron el país huyendo de él.
Casi la totalidad de ellos se encuentran procesados por casos de genocidio, terrorismo, corrupción o enriquecimiento ilícito, iniciados durante la actual administración, por lo que se declaran víctimas de una persecución política. Sin embargo, en lo formal tienen procesos pendientes en la justicia.
El primero en dejar el país fue el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle (1997-1999), acusado de malversación de fondos. Entre 2006 y 2010, los ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Mirtha Quevedo, Carlos Sánchez Berzaín, Javier Torres Goitia, Jorge Torres, Dante Pino, Hugo Carvajal y Guido Áñez salieron del país y se refugiaron en Perú, Estados Unidos y España. Las siete ex autoridades son procesadas por los enfrentamientos de octubre del 2003 y, como el resto, justifican su huida con el argumento de que se de-sató una persecución política.
También dejaron el país los ex prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (2005-2008), y de La Paz, José Luis Paredes (2005-2008), el primero rumbo a Estados Unidos el 2009 y el segundo rumbo a la Argentina en enero del 2010.
Éxodo. Tras la masacre de Porvenir (Pando), el 11 de septiembre del 2008, más de 600 opositores al gobierno de Morales huyeron al Brasil. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualmente 58 ciudadanos bolivianos viven en ese país bajo el estatus de refugiados.
A esta larga lista se suman Luis Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza, Héctor Laguna Paniagua, Lorgio Balcázar Arroyo, Hugo Achá Melgar, Alejandro Melgar Pereira, Juan Carlos Velarde Roca, Ignacio Villa Vargas, el ex dirigente cívico cruceño y empresario aceitero Branko Marinkovic, y el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, todos ellos acusados por supuestos vínculos con la célula terrorista de Eduardo Rózsa, desarticulada en abril del 2009 en Santa Cruz.
Los autoexiliados atribuyen su salida a una persecución política. “En Bolivia no hay posibilidad de un juicio justo”, señaló desde Lima, donde se encuentra refugiada, la ex ministra Quevedo.
Róger Zabala, desde Brasilea (Brasil), dijo que retornar al país será un proceso que demorará mucho tiempo. “Tenemos miedo a las falsas denuncias”, afirmó.
El temor en los opositores crece por las últimas acciones del Gobierno: nombró por decreto a 18 autoridades judiciales y aprueba en la Asamblea Legislativa las leyes anticorrupción y de responsabilidades que aceleran procesos en contra de ex autoridades acusadas por casos como el de las personas que dejaron el país.
Para los analistas Franklin Pareja y Carlos Cordero, las nuevas normas sólo aumentarán la cifra de los autoexiliados políticos.
Desde el Gobierno la óptica es diferente. El portavoz Iván Canelas aseguró que no existe una persecución política, sino procesos judiciales en marcha. “Confiamos en que la justicia vaya a actuar en el marco de la responsabilidad, ecuanimidad e independencia”.
De acuerdo con cifras de ACNUR, 615 personas de origen boliviano tienen el estatus de refugiadas en varias partes del mundo, en tanto que Bolivia acoge a más de 600 extranjeros, dijo Marcos Rasguido, asesor legal de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH).
Millones de refugiados en el mundo
De acuerdo con el informe Tendencias Globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de personas desarraigadas por conflictos y persecución alrededor del mundo alcanzó a finales del 2008 la cifra de 42 millones. De este total, 16 millones son refugiados y 26 millones de personas están en situación de solicitantes de asilo. A nivel mundial, la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU (1951) regula el estatus de refugiado. En Bolivia, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), a través del DS 28329, está a cargo de hacer cumplir el estatuto de 1951.
Goni y sus ministros se fueron a EEUU y Perú
El 2003, 68 personas de la ciudad de El Alto fallecieron y más de 400 resultaron heridas
• AUTOEXILIADOS. Más de 100 bolivianos optaron por dejar el país para evitar su eventual captura.
La Paz * Tras los sangrientos enfrentamientos ocurridos entre el 11 y 17 de octubre del 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país e inició una peregrinación de sus principales colaboradores rumbo a distintos países para evitar su enjuiciamiento por delitos de genocidio.
Él se refugió en Estados Unidos al igual que sus ministros del Interior, Carlos Sánchez Berzaín; de Minería, Jorge Berindoague, y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Guido Áñez Moscoso. Entretanto, encontraron asilo en Perú Mirtha Quevedo (ex ministra Sin Cartera), Javier Torres Goitia (ex ministro de Salud y Deportes)y Jorge Torres Obleas (ex ministro de Hacienda y Desarrollo Económico); Hugo Carvajal (ex ministro de Educación) se fue a España. Dante Pino Archondo (ex ministro de Asuntos Financieros) habría salido de Bolivia con rumbo a Chile.
Quevedo, Goitia y Torres son refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Lima y, en el caso de Sánchez Berzaín, Berindoague y Áñez estarían bajo la condición de asilados. Carvajal vive en Europa en condición de acogido.
El 14 de octubre del 2004, el Congreso Nacional aprobó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores, y el 28 de marzo del 2007, Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague fueron declarados rebeldes y tienen orden de aprehensión.
El 17 de octubre del 2007, la Fiscalía acusó formalmente a Sánchez de Lozada, a sus ex ministros y a ex autoridades del Alto Mando Militar por delitos de genocidio y otros. El juicio contra Sánchez de Lozada comenzó el 18 de mayo del 2009 en la ciudad de Sucre.
El 5 de enero del 2010 el juicio de responsabilidades contra esta administración se reinstaló en la Corte Suprema de Justicia, donde declararon cinco testigos de los sucesos de octubre del 2003.
Gonzalo sánchez de lozada
Político y filósofo. Fue Presidente de la República entre 1993 y 1997. Resultó nuevamente elegido tras las elecciones del 2002, aunque abandonó el cargo en octubre del 2003 tras varias semanas de revueltas populares. Su sucesor fue Carlos Mesa Gisbert.
El éxodo político incluyó a tres ex prefectos
• Reyes Villa en campaña electoral el 2009.
El proceso de cambio en el país no sólo generó la huida de ex ministros y ex líderes cívicos y empresariales, sino que también promovió la salida de ex prefectos como Luis Alberto Chito Valle, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, los tres acusados en diferentes grados por delitos de malversación de fondos públicos.
Valle es acusado por el presunto desfalco de 17 millones de dólares y fue el primero en abandonar el país. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Entre sus antecedentes se sabe que el ex prefecto de La Paz ingresó al penal de San Pedro el 28 de febrero del 2007 y salió pocos días después.
Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba, dejó Bolivia el 14 de diciembre del 2009 rumbo a Estados Unidos, vía Perú. El gobierno del presidente Evo Morales acusó a la ex autoridad de ocasionar daños económicos al Estado por un valor de 16 millones de dólares durante el tiempo que estuvo como prefecto. El Ministerio de Lucha contra la Corrupción estudia otras 11 denuncias y otras causas son procesadas por la Prefectura de Cochabamba.
Paredes, en cambio, abandonó el país el 4 de enero del 2010 rumbo a la Argentina, vía Santa Cruz. La Contraloría del Estado acusó al ex prefecto de La Paz por una supuesta malversación de medio millón de dólares de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
58 personas viven como refugiadas en Brasil
El 11 de septiembre del 2008 la vida de más de un centenar de ciudadanos en Pando cambió radicalmente. Alrededor de 600 ciudadanos decidieron marcharse al Brasil por temor a represalias del Gobierno tras los sucesos de la masacre de Porvenir.
En mayo del 2009, el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) del Brasil concedió refugió a 58 de ellos, que junto a sus familias suman 118 bolivianos que actualmente se encuentran viviendo en territorio brasileño.
Desde esa fecha, por las obligaciones y nuevas responsabilidades adquiridas, desplazaron por completo toda actividad política.
La necesidad de conseguir fuentes de trabajo para obligaciones como la cancelación del pago del alquiler de una, dos o tres habitaciones, pago de luz o agua, protección de la familia y la alimentación de los niños, modificaron los hábitos de vida de los refugiados que en su mayoría tenían actividades políticas en Cobija.
“Nadie tiene trabajo, andamos buscándonos la vida. Algunos trabajan costurando, cocinando, haciendo limpieza o como ayudantes de albañilería. Incluso algunos se fueron a trabajar en la construcción de la hidroeléctrica en Rondonia (en el norte del Brasil)”, contó a este medio Róger Zabala, uno de los bolivianos refugiados en la fronteriza ciudad de Brasilea.
De acuerdo con Zabala, “el costo de vida en Brasil es altísimo con relación a Bolivia”
El caso Porvenir, que originó al menos 13 muertes por enfrentamiento entre cívicos y campesinos, derivó en la aprehensión del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien desde el 18 de septiembre del 2008 guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Análisis político
Franklin Pareja
“Lo ideal son procesos justos, sin injerencias”
“Lamentablemente en Bolivia los procesos en la justicia siempre han estado en entredicho y siempre han tenido una ligera inclinación a los sectores y actores poderosos. En las condiciones actuales implica que existe un temor aparentemente porque quizá podrían salir condenados y en realidad lo que debería primar aquí es que todas las personas puedan tener un proceso imparcial, objetivo, justo y sin injerencias”.
Carlos Cordero
“En Bolivia existe un exilio forzoso”
“Lo que está ocurriendo en Bolivia es un exilio forzoso; básicamente por huir del país se ha producido una especie de migración forzada por el temor a la política, el temor a la represión del Estado. Entonces los ciudadanos, temerosos de la falta de justicia, prefieren irse del país y no enfrentar los tribunales porque lo que se busca no es castigar, sino producir escarmiento en el ciudadano”.