Tras la retención del presidente de la Cainco, el fiscal del caso Rózsa mostró citaciones para 4 personas. Los cívicos condenan retención y Núñez denuncia persecución
Requerido. El candidato a la Alcaldía cruceña, Gary Prado, recibió la citación ayer en su domicilio del barrio Urbarí
EL DEBER
Henrry Ugarte A.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Soza reparte citaciones y es centro de críticas
Proceso. Al día siguiente de la retención y toma de declaraciones al presidente de la Cainco, el fiscal del caso Rózsa mostró citaciones para cuatro personas. Cuestionan su procedimiento
El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso de supuesto terrorismo y que estuvo el jueves en Santa Cruz, entregó citaciones a Gary Prado, Zvonko Matkovic Ribera, Carlos Baldivieso y Juan Pablo Paz, quienes deberán presentarse a declarar en la ciudad de La Paz entre el 18 y 23 de marzo. El representante del Ministerio Público también requirió de la dirección de Derechos Reales, que emita un informe sobre los bienes inmuebles de 52 personas que son parte de una lista de investigados.
La noche del miércoles Soza se pasó cinco horas tomando declaración al presidente de la Cainco, Eduardo Paz, y ayer, a bordo de una vagoneta Gran Vitara color negro, realizó un recorrido para entregar las cuatro citaciones referidas.
El mayor de Policía Johnny Aguilera, que trabaja al lado de Soza en el proceso investigativo del caso Rózsa, entregó la citación a Gary Prado, candidato a la Alcaldía cruceña por la alianza MNR-APB, y de inmediato salió en busca de Zvonko Matkovic Ribera. El primero deberá ir a La Paz el 23 y el segundo el 18 de marzo.
Con la citación en su mano Prado advirtió que no irá a La Paz y que si el fiscal quiere su declaración deberá tomársela en Santa Cruz. “Parece que tengo que ser presidente de alguna institución para que me tomen mi declaración en esta ciudad (en alusión a Eduardo Paz). A Soza no le tengo respeto porque él me denigró, pero no iré a La Paz porque tampoco puedo perder tiempo para mi campaña”, dijo el candidato.
El abogado Carlos Subirana, patrocinante de Matkovic Ribera, hijo del ex prefecto adenista Zvonko Matkovic, comentó que su defendido pidió que lo citen con anticipación y que incluso la semana pasada tenía listo los pasajes para viajar a La Paz. “Vamos a ir a La Paz el jueves 18 y declarará con la misma predisposición que tuvo el padre de mi defendido”, señaló el abogado.
EL DEBER no alcanzó a verificar si Soza entregó las citaciones a Carlos Baldivieso y Juan Pablo Paz, pero el fiscal mostró ambas notas antes de comenzar su recorrido. De todas maneras, ambos deberán presentarse en La Paz la próxima semana.
Lo del requerimiento a la dirección de Derechos Reales sobre los bienes inmuebles de 52 personas que están en una lista de investigados no es nuevo. El fiscal Soza lo pidió en septiembre del año pasado, pero no tuvo respuesta de la regional Santa Cruz.
El Ministerio Público ha emitido edictos dos veces consecutivas para citar a varias personas, porque desconoce sus domicilios. Con los datos que detalla en el requerimiento quiere tener certeza a través de los bienes inmuebles para precisar la búsqueda de los investigados.
Hace dos semanas, el jefe del equipo investigador del caso Rózsa libró una orden de aprehensión para cuatro personas para que lo ejecute la Policía de Santa Cruz, pero hasta ahora no recibió ningún informe sobre estos cuatro ciudadanos.
Las órdenes de aprehensión dejadas a Santa Cruz son en contra de Wilson Díaz, ejecutivo del Consejo Federal de Defensa Nacional (Cofedena), Víctor Hugo Viestroff, Javier Maldonado Roca y Jaime Virreira, quienes podrían ser aprehendidos en cualquier momento.
Antes de retornar a la sede de sus funciones el fiscal Soza reiteró que el empresario Eduardo Paz no tiene arraigo y que su declaración será cotejada con otros datos que están dentro del cuadernillo de investigación.
El representante del Ministerio Público también ponderó el trabajo de la Policía y de Migración, que alertaron sobre el viaje de Paz y, aunque no dio nombres, dejó en claro que hay una lista de personas que deben declarar antes de intentar salir del país.
Fiscalía cruceña asume coordinación
En una reunión sostenida ayer entre el fiscal de materia Marcelo Soza, que lleva adelante la investigación sobre el caso de supuesto terrorismo, y la titular del Ministerio Público en Santa Cruz, Arminda Méndez, se acordó establecer un nivel de coordinación que permita agilizar las investigaciones del caso.
La fiscal Méndez aclaró que la responsabilidad del caso Rózsa está en manos de Marcelo Soza, sin embargo puso a su disposición toda la logística y apoyo de los miembros de la entidad regional.
El acercamiento institucional entre la ex diputada del MAS, cabeza de la Fiscalía de Distrito, y el fiscal paceño, se llevó a cabo luego de que la aludida asumiera en reemplazo de Jaime Soliz, quien nunca tuvo participación en las investigaciones del caso Rózsa y tampoco se complicó reclamando el derecho de jurisdicción.
El fiscal Marcelo Soza quiere apurar el proceso de investigación en lo que queda del mes de marzo para presentar su informe final y realizar las imputaciones correspondientes hasta mediados del mes de abril, cuando se cumpla un año de la muerte de los supuestos terroristas liderados por Eduardo Rózsa.
Por el momento, la fiscal Arminda Méndez busca a su antecesor para que responda por los bienes de la institución.
Reacciones
– Oficialista. El senador del MAS, Isaac Ávalos, aclaró ayer que él no es parte denunciante del supuesto caso de terrorismo, pero que como legislador y fiscalizador del Estado Plurinacional está pendiente de todo lo que sucede en torno al tema. “Tienen que aclararse las cosas para que nunca más haya intentos de terrorismo”, dijo Ávalos.
– Opositor. Para el senador de PPB-CN, Germán Antelo, lo que ocurrió con el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, es un abuso por parte de la Fiscalía. El parlamentario y ex presidente cívico pedirá un informe y no descarta proponer la conformación de una comisión de investigación como había en la anterior legislatura.
– Candidato. El ex prefecto y candidato a la Gobernación por la agrupación Vedes, Rubén Costas, cree que la actuación del fiscal Soza es parte de una “borrachera de poder” que raya en un abuso inexplicable.
– Imputación. El fiscal Marcelo Soza recordó ayer, antes de retornar a La Paz, que muchas personas son investigadas por el Ministerio Público y que entre ellos varios tienen imputación formal y orden de aprehensión. Soza mencionó los casos del ex ministro de Gobierno y vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Guido Nayar Parada, y del empresario y ex presidente cívico del departamento, Branko Marinkovic
Para juristas, hubo abuso de poder
Terrorismo. Con la ley en la mano, expertos en Derecho argumentaron porqué la detención del presidente de la Cainco, Eduardo Paz, ocurrida el miércoles, fue considerada ilegal
Personaje. El fiscal Marcelo Soza respaldó a la Policía que alertó sobre la posible fuga del presidente de la Cainco
Roberto Navia
Para varios profesionales expertos en el tema jurídico, lo que pasó con el empresario Eduardo Paz el miércoles pasado, cuando fue detenido en el aeropuerto Viru Viru antes de abordar un avión rumbo al exterior, representa un abuso de poder y violación de las libertades individuales por parte del Ministerio Público, puesto que sobre dicha persona no pesaba ningún arraigo y no existía orden de aprehensión ni citación a declarar ante un juez.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, cualquier prohibición al derecho de locomoción es una detención arbitraria si no hay orden emanada por un juez dentro de un debido proceso. “El oscurantismo ha terminado hace siglos en el mundo. En esa época no se sabía las causas ni las pruebas de las acusaciones. Hemos entrado de nuevo en esa época. Esto también puede compararse con los tiempos de dictadura y de las monarquías, cuando se concentraba el poder en una sola mano”, afirmó el jurista, que dijo que Eduardo Paz puede presentar acciones penales contra los que lo detuvieron, puesto que el Código de Procedimiento Penal lo ampara.
El abogado Darwin Prado, señaló que todo acto de detención sin formalidades legales es abuso de autoridad y violación de los derechos humanos, por tal motivo, dijo, la instancia a la que puede acudir cualquier persona que se sienta violentada es el Ministerio Público, a quien se le debe plantear una querella solicitando que investigue el hecho.
Bernardo Wayar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, considera que no es posible que en un estado de derecho se viole la Constitución. “Lo que debemos hacer es exigir que se cumplan las leyes”, enfatizó.
El fiscal general de la República, Mario Uribe, dijo que no conoce los pormenores de lo acontecido pero que considera que no se ha vulnerado ningún derecho. “Definitivamente no hubo una orden de aprehensión o de detención. Entiendo que a Eduardo Paz se lo ha citado. Es más, a través de los medios la propia persona establecía que voluntariamente se ha presentado”.
Uribe indicó que si alguien cree que se han vulnerado sus derechos tiene la vía expedita de acudir a la Fiscalía General, la que pedirá el informe correspondiente.
Código de procedimiento penal
– Artículo 292. El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años.
La sanción será agravada en un tercio cuando el hecho fuere cometido por un funcionario público, con abuso de autoridad, sobre un cónyuge y si la privación de libertad excediere de las 48 horas.
– Artículo 293. El que con amenazas graves alarme o amedrente a una persona será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de 60 días. Este artículo señala que la pena será de reclusión de tres a ocho meses si la amenaza hubiere sido hecha con arma o por tres o más personas reunidas.
Exigir las garantías
Mario Serrate Ruiz/Especialista en Derecho Público
Lo que ha ocurrido con el señor Eduardo Paz es una detención indebida por dos motivos: no hubo mandamiento de aprehensión y porque el procedimiento penal establece que sólo en el caso infraganti se la puede ejecutar sin la orden de un juez. Lo cierto es que en estos momentos no se están cumpliendo las reglas que deben regir en el país. Tampoco hay estado de derecho ni seguridad jurídica. Además, por lo que se puede percibir, es que existe temor por parte de quien es víctima de detenciones indebidas. Si alguien es violado en sus garantías individuales existen instancias para procesar a la autoridad que haya incurrido en una detención indebida. Lo que se conocía como habeas corpus es un recurso que se puede presentar en primera instancia para que se devuelva la libertad, y después exigir ante una autoridad competente que se respeten las garantías constitucionales, entre las que se encuentra el libre derecho a locomoción y a salir del país.
Los cívicos condenan retención y Núñez denuncia persecución
Terrorismo. El Comité pro Santa Cruz se declaró en ‘alerta’ y defenderá a los líderes cruceños que sean citados. El senador Germán Antelo pide que el Fiscal General dé una explicación a la Cámara Alta
Emergencia. Los líderes cívicos dieron su respaldo a Paz y no descartan convocar una Asamblea de la Cruceñidad
Hilton Heredia García
El Comité pro Santa Cruz condenó ayer las detenciones, que atribuye al Ejecutivo, por considerarlas contrarias a la democracia y motivadas por intereses políticos. Afirman que se busca perseguir, amedrentar y encarcelar a todo aquél que piense diferente a los intereses del centralismo. Se acusó al Gobierno de instaurar un ‘terrorismo de Estado’.
La posición de los cívicos cruceños fue vertida ayer, a las 11:00, después de la retención y posterior liberación del presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz.
El presidente de la entidad cívica, Luis Núñez, expresó su rechazo a este tipo de acciones que son contrarias a las leyes bolivianas. “Manifestamos nuestro respaldo a todos los bolivianos que están siendo injusta e ilegalmente perseguidos por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)", manifestó.
El directivo agregó que continuarán denunciando todas estas ilegalidades y abusos de poder ante la comunidad internacional y que no claudicarán hasta que impere nuevamente la democracia en el país. “Los fiscales y las autoridades judiciales cruceñas miran de palco el abuso, porque el proceso legalmente se encuentra en Santa Cruz. Ellos quieren seguir sometiendo a los líderes cruceños o a los que nos oponemos a este sistema de Gobierno totalitario, centralista, comunista y hegemónico”, aseveró.
Ante esa situación, anunció que la entidad se declaró en alerta y que la próxima semana analizará los casos en el directorio y también en una Asamblea de la Cruceñidad.
Asimismo, Núñez denunció que la Fiscalía General cursó un requerimiento a las entidades financieras para investigar su fortuna, movimientos bancarios o deudas. Acusó al ex ministro Juan Ramón Quintana de estar detrás.
“La imputación que se me presenta en la Fiscalía es supuestamente por estar encubriendo a personas que han cometido delito”, señaló.
Por su lado, el directorio de la Cainco emitió un comunicado en el cual aclaró que Paz se dirigía a participar en la Asamblea de la Federación Mundial de Cámaras y sostener diversas reuniones en la Cámara de Comercio Internacional. Posteriormente, tenía previsto viajar a la reunión anual del BID. “El procedimiento empleado que impidió la salida del país al titular de nuestra institución no observó las disposiciones legales; sin embargo, y con el fin de coadyuvar con la investigación, él aceptó de manera voluntaria prestar declaración informativa, pese a no haber sido citado formalmente en el proceso de investigación”, agrega.
EL DEBER intentó entrevistar a Paz; sin embargo, no fueposible, pues la Dirección de Comunicación informó de que se encontraba en reunión.
La fiscal de Santa Cruz, Arminda Méndez, indicó que el caso terrorismo tiene su jurisdicción en La Paz y es correcto el accionar del fiscal Soza. “Tenemos el derecho de cooperar; sin embargo, en este caso ellos no lo han solicitado”.
Por su parte, el senador Germán Antelo pidió que el Fiscal General sea convocado a la Cámara Alta para que explique las detenciones.
Morales: “es un asunto de la justicia”
En criterio del presidente Evo Morales, la orden de arraigo en contra del titular de la Cainco, Eduardo Paz, es una decisión de la justicia boliviana, que está en la obligación de identificar y castigar a las personas y dirigentes de instituciones que lideraron un movimiento separatista y un intento de golpe de estado cívico prefectural que fue gestado desde la región oriental del país.
"Seguramente la justicia boliviana está investigando a los separatistas. Si algunos buscaban dividir Bolivia y fueron descubiertos, es problema de ellos, no del Gobierno ni de Evo Morales; es un asunto de la justicia", dijo Morales en alusión al presidente de la Cainco, que el miércoles fue impedido de viajar a México debido a una orden de arraigo que pesa en su contra porque fue citado a declarar por la Fiscalía de La Paz, que investiga al supuesto grupo terrorista de- sarticulado en abril de 2009 en Santa Cruz, que era liderado por Eduardo Rózsa.
El año pasado Paz invitó al presidente Morales a la Feria Exposición de Santa Cruz, situación que desató la furia del presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, que calificó al dirigente empresarial de cobarde y traicionero a la causa autonomista cruceña.
A su vez, el vicepresidente Álvaro García Linera ratificó la independencia de poderes y subrayó “el Gobierno no interviene en los procedimientos del Ministerio Público. Son las investigaciones a las que tiene que someterse cualquier ciudadano y en cumplimiento a los procedimientos”. /Leopoldo Vega
Opiniones
Janeth Coffiel
Presidenta de Cadepia
“Nosotros apoyamos la legalidad. Él fue voluntariamente a prestar declaraciones y creo que ha sido correcto. Nosotros no somos afiliados a la Cainco, pero coordinamos algunos proyectos y beneficios para los socios, entre ellos nuestra participación en la Fexpocruz. Me parece excelente la actitud de Eduardo al ir ante el fiscal.
Vladimir Peña
Secretario General de la Prefectura
Hay que mantener la serenidad, porque lo que ayer le ha pasado al presidente de la Cainco le puede pasar mañana a cualquiera de los bolivianos. Creo que se está instaurando un estado de terror y persecución. El Movimiento Al Socialismo ha dejado el discurso del 7 de febrero de buscar la paz y el reencuentro.
Juan Enrique García
Presidente de la Feplp
El sector empresarial realmente deplora la actitud gubernamental y de la Fiscalía, pues este accionar de arremeter contra un líder de la Cainco no es correcto. Considero que primero debió tomarse una declaración informativa y posteriormente actuar en el marco de la ley. Se perjudicó a una institución.
Abel Montaño
Defensor del titular de la Cainco
Mi cliente tiene todo el derecho de salir del país porque no se encuentra arraigado ni tiene restricción. Él declaró el miércoles y no hay nueva citación. El fiscal aclaró que no ha habido arresto ni detención. Mi defendido se presentará las veces que así lo requiera el fiscal. Ahora esperamos una fotocopia de la declaración.