La Felcc no quiso recibir la denuncia de Justo Romero que fue torturado por agentes de seguridad. No llega fiscal Soza y vigilan a Castedo. El forense certificó que el ex presidente de Cotas no puede viajar a La Paz.
Justo Romero se presentó a la Felcc para contar cómo fue torturado por agentes de seguridad para obligarlo a hablar sobre el caso terrorismo. Nadie en la Policía quiso recibir la denuncia.
El DIA
Domingo, 18 de Abril, 2010
La Policía ignora una denuncia de tortura
Hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó ayer Justo Romero Limón, de 40 años, empleado de la casa Asbún, con el dolor marcado en su rostro a pedir garantías después de haber sido secuestrado por cinco horas el pasado viernes. Pero en esas dependencias policiales se negaron a escucharlo.
El hombre se apoyaba en el hombro de su esposa Juana Pinto y ambos trataban de darse tranquilidad para soportar lo que estaban viviendo esos momentos.
“No he dormido toda la noche y he tenido que salirme de mi casa porque esos policías me prometieron volver”, dijo.
Relató que trabaja hace tres años en la casa Asbún, situada en el tercer anillo de circunvalación frente al Zoológico Municipal y es padre de tres hijos de 18, 14 y 16 años, la misma que el pasado jueves 6 de abril fue intervenida por el fiscal Marcelo Soza buscando armas de fuego de alto calibre.
Romero arribó a la Felcc a las 11.30 acompañado de sus abogados Luis Andrés Ritter y Mario Asbún llevando un certificado en el que el forense Celso Cuéllar da un primer informe sobre las lesiones recibidas especialmente en el estómago donde le propinaron puñetes y patadas los dos desconocidos que a las 9.20 del viernes se lo llevaron con rumbo desconocido y lo devolvieron después de cinco horas en la zona del Urubó.
Sin embargo, los policías encargados de recibir las denuncias le negaron poner en conocimiento el hecho y le pidieron hablar con el director de esas dependencias policiales, coronel Miguel Gonzales.
Sin embargo, el jefe policial no estaba y un subalterno pidió a los abogados que mejor se dirijan a la Fiscalía de Distrito.
Esa situación provocó el enojo de los juristas quienes denunciaron el estado de impotencia e indefensión en el que se encuentran los ciudadanos bolivianos porque ya no existe el Estado de derecho.
“No puede ser que cualquier rato se lleven a una persona sin mandamiento de apremio, sin citación, lo secuestren y encima lo amenacen y no haya dónde quejarse”, dijo el abogado Ritter.
Señaló que no puede ser que ‘los propios policías se nieguen a recibir una denuncia contra los propios policías, es porque hay encubrimiento”, señaló.
Por su parte el abogado Asbún dijo que es necesario que las autoridades les brinden las garantías constitucionales y condenó que durante el interrogatorio traten de inculpar a gente inocente.
“No veo por qué le tengan que preguntar por Branko Marinkovic o por el caso Rózsa o es que quieren fabricar testigos”, dijo.
El pasado 6 de abril el fiscal Marcelo Soza insiste en que la detención de Alfredo Asbún, acusado de contrabando de armas, está relacionado con el caso de presunto terrorismo y separatismo.
Los delitos cometidos
La demanda • Los abogados Luis Andrés Ritter y Mario Asbún anunciaron que formalizarán una denuncia contra los secuestradores de Justo Romero por varios delitos, a señalar:
Lesiones graves • Existen penas de hasta ocho años contra quienes ocasionan daños en el cuerpo o en la salud de una persona, según el art. 272 del Código Penal, agravada por el intento de asesinato.
Privación de libertad y secuestro • El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: Por un funcionario público, con abuso de su autoridad, según el art. 293 del Código Penal y la pena se agrava a 15 años si es secuestro, según el art. 334.
Robo • Los tres desconocidos supuestamente policías se llevaron 600 bolivianos, un reloj y un chip. Hay penas de 3 a 10 años, según el art. 332.
Entrevista
Justo romero Limón (40)
Empleado de la casa Asbún
‘Me decían que hable de Rózsa y de Branko…’
¿Cómo empezó todo?
Yo había llegado 20 minutos atrasado, a eso de las 9.20 (del viernes) y cuando estaba por abrir la tienda (Casa Asbún) ubicada al frente del Zoológico cuando me aparecieron dos tipos de negro que me mostraron unas credenciales, me pusieron una bolsa negra en la cabeza y me subieron a una vagoneta plateada.
¿Le mostraron orden de aprehensión?
No. Me secuestraron y me llevaron a un cuarto donde comenzaron a darme. Me tuvieron a punta de patas y puñetes, me robaron 600 bolivianos, mi reloj y el chip de un teléfono.
¿Qué le preguntaban?
Me preguntaban por las armas, si yo conocía a Rózsa y me insistían que yo diga que le vendí armas a Branko Marinkovic, pero como yo no sabía nada de lo que me preguntaban, resistí y ellos llamaban por teléfono y luego me seguían golpeando y me volvían a hacer las mismas preguntas.
¿Cómo está ahora?
Aterrado y mi familia también, pido se haga justicia.
No llega Soza y vigilan a Castedo
El forense Óscar Ciro Ortiz certificó que el ex presidente de Cotas no puede viajar a La Paz.
El Día
El ex presidente de Cotas, Ronald Castedo, continuaba hasta anoche vigilado por agentes policiales a la espera de una autorización para prestar su declaración en Santa Cruz luego que el forense Óscar Ciro Ortiz emitiera un informe que prohíbe su traslado a ‘lugares geográficos de elevada altitud”, en la investigación de presunto terrorismo que sigue el Gobierno contra varios dirigentes cruceños.
“Lo más importante es la vida y es deber del Estado preservarla”, dijo su abogado, José Hoffman, al llegar al domicilio de su defendido ubicado en la avenida Beni.
Dijo que su cliente no tiene problemas en declarar en Santa Cruz y no ve por qué tiene que trasladarse a La Paz si la información puede ser la misma. Explicó que Castedo sufre una dolencia cardiaca. “Se le ha partido el corazón en cuatro partes y necesita una medicación especial”, precisó.
Castedo es acusado por el Gobierno de ser el jefe de la logia ‘Caballeros del Oriente’ y uno de los supuestos financiadores del grupo “Rózsa” acusado de terrorismo y separatismo.