Los delincuentes que invaden propiedades privadas ponen en riesgo el Estado de Derecho. Es obligación ineludible de las autoridades el capturarlos y sancionarlos, por el bien de todos.
Los «sin lote» asaltaron e incendiaron el sábado el ingenio San Aurelio (foto El Deber)
*Carlos Alberto Mostajo, La Razón
Ahora le tocó el turno al ingenio azucarero San Aurelio, y los delincuentes sin lote al igual que los autodenominados sin tierra, siguen y siguen intentando apropiarse de lo ajeno a la mala, en verdaderas agrupaciones delincuenciales y bajo la mirada pasiva de las autoridades llamadas por Ley a hacer respetar la propiedad privada.
En efecto, ante estos hechos de barbarie y de absoluto desconocimiento del Estado de Derecho, las autoridades no pueden pretender que las víctimas de estos delincuentes se vean obligadas a averiguar los nombres y datos de cientos o miles de personas para iniciar procesos judiciales que duran años y son completamente ineficaces en estas circunstancias. Lo cierto es que ante estos avasallamientos, las autoridades deben hacer respetar el Estado de Derecho de manera inmediata y eficaz, sin forzar a las víctimas de estos delincuentes a llevar adelante engorrosos procesos judiciales en defensa de sus intereses.
Los delincuentes que invaden propiedades privadas y despojan a sus legítimos propietarios, inclusive cuando las propiedades cumplen una función social, ponen en riesgo además de la propiedad privada, la vida y la integridad física de quienes se encuentran en las propiedades avasalladas, el Estado de Derecho mismo en el país.
Si las autoridades no actúan de una manera inmediata y con todo el rigor que estos casos amerita, utilizando la fuerza pública y hasta al Ejército inclusive si fuera necesario, obviamente los delincuentes sin lote se sentirán más poderosos que el mismo Estado y continuarán burlándose de las autoridades, abusando de los propietarios de inmuebles y poniendo en vilo a unos y a otros en este país. Es más, si las autoridades no actúan de inmediato, serán responsables de los enfrentamientos que van a ocurrir entre quienes legítimamente defiendan sus propiedades de los avasalladores, recurriendo a lo ilegal pero legítimo en defensa de su patrimonio, debido a la incapacidad o inoperancia de las autoridades correspondientes.
Quienes deben enfrentar de inmediato estas situaciones y ponerles un freno, son los integrantes del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de otras entidades estatales. Los bolivianos esperamos que dichas autoridades hagan su trabajo bien y de manera oportuna o que si no tienen la capacidad suficiente para hacerlo dejen el paso libre, de una manera rápida, a quienes sí tengan la capacidad de hacer respetar la propiedad privada de los bolivianos. Caso contrario, mañana también aparecerán los sin oficina, los sin auto, los sin tele, los sin renta y toda clase de delincuentes encubiertos bajo un manto de aparente pobreza.
Así algunos de los dirigentes de estos delincuentes hayan abandonado por esta vez la propiedad avasallada, es obligación ineludible de las autoridades el capturarlos y sancionarlos, por el bien de todos.
*Carlos Alberto Mostajo